MONITOREO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN EL MUNDO Y SU IMPLICANCIA EN LA PATAGONIA

Acción judicial para detener obra ilegal en acantilado de la costa

El Gobierno de Río Negro, por intermedio del Fiscal de Estado, promovió una acción de amparo ambiental por ante el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, a los fines que éste ordene el cese de las acciones generadoras del daño ambiental provocadas por la ejecución de una obra sobre el acantilado de la costa rionegrina, consistente en una bajada a la playa.

La presentación, realizada con el patrocinio letrado de los abogados Gustavo Bronzetti y Valeria Coronel, da cuenta que esta obra ejecutada por un particular carece de autorización administrativa alguna para ello, habiendo sido rechazada desde áreas técnicas provinciales por el impacto ambiental que la intervención del hombre puede provocar en perjuicio de la colonia de lobos marinos, aves que anidan en el lugar, en la flora autóctona existente y en la estabilidad misma del acantilado.

Por ello, gracias al rápido accionar de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se pudo constatar que la ilegal obra está siendo ejecutada en un predio rural ubicado entre la Ruta Provincial N° 1 y el acantilado costero denominado “Cantera García”, a unos a escasos 4,5 km del Centro de Interpretación del Área Natural Protegida “Punta Bermeja”.

Conforme ha sido constatado, utilizando maquinaria vial de gran tamaño, se ha desmontado una importante sección del predio, ejecutando importantes movimientos de suelo (25.000 m3 aprox.), se movieron médanos, llegando incluso a derribar parte del acantilado. Todo ello constituye un daño ambiental concreto y muy grave, haciendo necesaria la intervención del Poder Judicial quien de inmediato ha ordenado medida cautelar a los fines de impedir el agravamiento del daño perpetrado. Esto sin perjuicio de la eventual demanda por remediación y/o daños y perjuicios, y las sanciones que pudieren corresponder por infracciones a distintas normas.

La acción judicial de la Fiscalía de Estado ha sido consensuada con el Municipio de Viedma en reuniones de trabajo efectuadas conjuntamente con las autoridades provinciales para abordar esta situación.