Comuneros mapuches golpean a fiscal en Chile por cierre de investigación
Collipulli/Chile.-Cmuneros mapuches golpearon a un fiscal y a gendarmes y causaron destrozos en el Juzgado de
Garantía de la localidad de Collipulli, en el sur de Chile, en rechazo al cierre de la investigación de una denuncia de secuestro de un jefe de su comunidad, informaron hoy fuentes judiciales.
En la audiencia, en la tarde de este miércoles, el fiscal Enrique Vásquez informó que había resuelto cerrar una investigación respecto de una denuncia por el secuestro de Víctor Queipul, «lonko» (jefe) de la Comunidad Autónoma Temucuicui, escenario de frecuentes conflictos.
El 14 de junio de 2016 la comunidad, situada a unos 580 kilómetros de Santiago, fue allanada por la Policía de manera violenta, según los comuneros, que al siguiente denunciaron la desaparición del lonko Queipul, quien fue retenido y torturado por desconocidos que posteriormente lo abandonaron en un camino distante de su comunidad, situada en la región de La Araucanía.
El fiscal en la audiencia que cerraba la investigación por falta de antecedentes y sin haber encontrado responsables del hecho, señalando que el propio Queipul nunca quiso testificar y ni siquiera asistió a las citaciones que se le enviaron.
Los comuneros reaccionaron con ira ante la decisión y destrozaron los muebles y objetos del tribunal, incluidos ordenadores y pantallas, que lanzaron contra el fiscal, que resultó lesionado en una mano.
También sufrieron lesiones menores los gendarmes que trataron de contener a los mapuches, entre los que había varias mujeres.
El fiscal regional de la Araucanía, Cristián Paredes apuntó a «otros responsables» del incidente, mencionando específicamente a Amnistía Internacional, que había presentado un recurso a favor del lonko.
El jefe del Ministerio Público acusó a la organización de realizar una campaña contra la Fiscalía en las redes sociales, convocando a manifestarse contra la institución.
A través de un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que «esta decisión (el cierre de la investigación) sienta un nefasto precedente y da rienda suelta a quienes pretenden silenciar a las comunidades de pueblos originarios en Chile».
«Denunciar violaciones contra los derechos humanos no es un crimen. En vez que castigar a quienes dedican su vida a luchar por la justicia, las autoridades chilenas deben proteger su trabajo y enjuiciar a quienes los agreden», sostuvo.
En el sur de Chile existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.
El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios.
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