Islas Malvinas: Proponen crear una secretaría exclusiva en un juzgado de Tierra del Fuego
Ushuaia.-Diputados nacionales y organizaciones sociales de Tierra del Fuego impulsan un proyecto de ley para crear una secretaría especial en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, que se avoque exclusivamente a causas vinculadas con las Islas Malvinas.
La iniciativa obedece a que por razones de jurisdicción el juzgado recibe todas las denuncias relacionadas con el archipiélago usurpado por el Reino Unido a la Argentina, desde casos derivados de la guerra de 1982, hasta la explotación de recursos hidrocarburíferos por petroleras extranjeras, confirmaron a Télam fuentes oficiales.
El cúmulo de causas sobre Malvinas se incrementó desde que “el Estado Nacional ha decidido avocarse seriamente y dentro del campo diplomático, no solo a la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre la islas, sino a combatir el saqueo de recursos naturales que ejerce Gran Bretaña”, fundamenta el proyecto de ley.
La idea de crear un organismo judicial específico para las causas sobre Malvinas corresponde a la Federación Popular del Transporte (Fepotra), un ente que promueve la conexión marítima entre la isla de Tierra del Fuego y el continente por aguas jurisdiccionales argentinas, para evitar el paso obligado por Chile que deben realizar actualmente quienes viajan por vía terrestre desde territorio fueguino a la provincia de Santa Cruz.
La Fepotra sostiene que el cruce por aguas argentinas sobre el Estrecho de Magallanes constituirá un “paso clave” para el control del tráfico marítimo en la zona, incluyendo a embarcaciones militares y comerciales que navegan con rumbo a las Islas Malvinas.
El diputado nacional Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) fue quien tomó la iniciativa de la Fepotra y la presentó en el Congreso Nacional, aunque el proyecto recibió el aval de otros diputados, como el del fueguino Martín Pérez (Frente para la Victoria) y de organizaciones como el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande.
La nueva secretaría judicial que propone el proyecto de ley se ocuparía “de manera exclusiva, tanto de las causas vinculadas con la guerra que se desarrolló desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, como de todas aquellas relacionadas con la usurpación territorial, marítima y aeroespacial en torno al archipiélago malvinero, y a la militarización y al saqueo que desde allí se expande por el Atlántico Sur y el sector antártico nacional a través de la explotación hidrocarburífera, pesquera y turística, de Gran Bretaña y de sus socios”, se asevera en los fundamentos.
También mencionan que el Juzgado Federal de Río Grande investiga una serie de delitos complejos, como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, que le impiden dotar de una mayor celeridad y profundidad a las investigaciones relacionadas con Malvinas.
La creación la secretaría permitiría “aprovechar mejor el recurso humano disponible, favorecer la defensa de los intereses nacionales y priorizar las causas que por su complejidad y trascendencia pública generan repercusiones tanto en el país como a nivel internacional”, esgrimen los autores de la iniciativa.
Los impulsores de la ley recordaron que en el juzgado riogradense, a cargo de la jueza federal Lilian Herráez, se tramitó la causa Nº12.052 de 2007, caratulada “Taranto Jorge Eduardo”, en la que un grupo de ex combatientes denunciaron a ese ex subteniente del Ejército y a otros oficiales argentinos por presuntos vejámenes y torturas contra soldados durante la guerra.
El expediente es el mismo que motivó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a un fallo de la Suprema Corte que ordenó el archivo de las actuaciones.
La jueza Herráez también tiene en su poder la causa iniciada el 21 de abril de este año por funcionarios del Gobierno nacional contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar recursos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización nacional.
El caso motivó un requerimiento de instrucción presentado por tres fiscales, entre ellos el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Carlos Gonela, y una resolución de la jueza ordenando embargos millonarios y el secuestro de barcos usados por las compañías imputadas.
Fuente: Radio Nacional
