MONITOREO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN EL MUNDO Y SU IMPLICANCIA EN LA PATAGONIA

Producción de basura: cuál es la realidad en Argentina y qué se podría hacer

En la Argentina se genera una tonelada de basura cada dos segundos. Pero se recicla una pequeña proporción de esa cantidad. Qué es lo que tiran los argentinos, cuáles son las políticas públicas presentes y qué modelos se pueden copiar.

Hay normativas e iniciativas estatales y privadas que apoyan la recuperación de residuos. Cooperativas de recicladores urbanos, contenedores y puntos verdes. Pero aun así, el problema de la basura sigue siendo un desafío colectivo, tras décadas de batallas, algunas perdidas y otras ganadas. ¿Qué pasa que la Argentina recicla poco?

Los especialistas lo atribuyen a la falta de un régimen unificado que disponga reglas claras para la industria, la discontinuidad en las medidas, los permanentes recambios de las autoridades gubernamentales, la escasa educación ambiental y los pocos controles y penalidades.

A ello se le suma la exigua, por no decir casi nula, información que existe sobre el tema y la dificultad para acceder a ella.

Cada dos segundos, el país produce una tonelada de basura. Una fracción grande de ella termina en rellenos sanitarios que están al borde del colapso. ¿Cómo reciclarla? Esta una pregunta cuya respuesta encierra uno de los problemas más serios que enfrentan los grandes aglomerados urbanos. Y las ciudades de la Argentina no son la excepción. La clave: profundizar el cambio cultural para dejar de pensar al residuo como un desecho y entenderlo como un recurso.

Los residuos que el mundo y la Argentina generan

En la actualidad, el mundo produce alrededor de 1500 millones de toneladas anuales de residuos, lo que alcanzaría para cubrir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta la altura equivalente a un edificio de siete pisos, tal como indica el último Informe del Estado del Ambiente, elaborado en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) de la Nación.

Este volumen aporta casi el 5 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), que producen el cambio climático. El Banco Mundial prevé que la cantidad incremente un 50 por ciento para 2025, lo que plantea una problemática aún más compleja. En este contexto, los países en desarrollo enfrentarán los mayores retos, ya que sus recursos para atender dificultades ambientales son limitados. El panorama se agrava si se considera que alrededor de la mitad de la población global carece de una adecuada disposición final para sus desechos, el último paso en su gestión, que comprende las operaciones destinadas a lograr su depósito permanente.

Es que la composición de los desechos generados por el hombre impide su asimilación, a diferencia de los de las demás especies, que son reciclados por la naturaleza. En las décadas más recientes, los procesos industriales dieron lugar a una infinidad de materiales sintéticos que, al no degradarse de forma natural, se acumulan en el ambiente. La explosión demográfica, el avance de la urbanización y la expansión del consumo bajo la modalidad de usar y descartar provocaron un crecimiento exponencial de los residuos. Esta acumulación de materiales no degradables, o de muy lenta descomposición, produce graves efectos sobre el entorno, traducidos en contaminación y degradación.

Según la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos (DNGIR), dependiente del MAyDS, la Argentina se ubica entre los países de rango medio en generación per cápita diaria de residuos sólidos urbanos (RSU), basura proveniente del ámbito residencial, comercial, sanitario o industrial. El promedio diario de desechos por habitante es de 1,03 kilos, equivalente a casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población (una tonelada cada dos segundos) y alrededor de 16,5 millones cada año. O lo que puede compararse con una pirámide de 85 metros de base y la altura del Aconcagua, de 6.960 metros, como afirma el citado Informe del Estado del Ambiente.

No obstante, las cifras varían de acuerdo a cada jurisdicción. No existe a nivel nacional una política que regule la recolección de residuos. Se trata de una responsabilidad municipal, por lo que cada distrito decide cómo abordar la cuestión, en base a sus capacidades y recursos económicos.

La composición de los desechos

Se estima que los RSU son la mayoría de los desechos. Entre ellos, la basura doméstica encarna la problemática más significativa: aproximadamente la tercera parte está formada por papel y derivados, mientras que el resto se compone por plásticos, vidrio, metales y pilas. Desafortunadamente, la Argentina no cuenta con un estudio global sobre la composición de los RSU. Un documento realizado en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) sostiene que, en el período 2005-2010, los orgánicos, el papel y el vidrio redujeron su participación, mientras que la proporción de plástico aumentó, en concordancia con la tendencia mundial.

Por su parte, el Estudio de Calidad de los RSU del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), elaborado por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba), concluye que la CABA recicla el 46 por ciento de las 6000 toneladas diarias de residuos que genera, pero que el número podría ser superior, ya que el 40 por ciento del material que llega a los rellenos es potencialmente reciclable. Según el informe, de ese 40 por ciento, un 17 por ciento corresponde a papel y a cartón; un 19 por ciento, a plástico; un 3 por ciento, a vidrio; y un 1 por ciento, a metales. El 60 por ciento restante está representado por un 41 por ciento de alimentos, un 5 por ciento de textiles, un 4 por ciento de pañales y apósitos descartables, más un 10 por ciento de materiales catalogados como “otros”, debido a que cada categoría no supera el 1 por ciento.

Déficit de información

Aunque abundan datos relativos a la generación y la gestión de residuos, la ausencia de información sobre reciclado en la Argentina es un impedimento para el desarrollo del sector. Así como cada jurisdicción tiene potestad sobre el manejo de sus desechos, lo mismo sucede con el reciclado. No hay normativas que englobe a los distritos, por lo que queda a criterio de cada uno, ni soluciones que puedan aplicarse para todos los contextos indistintamente; estas deben adaptarse a su realidad particular.

Por eso, no existe una estimación de cuánto recupera el país ni tampoco un registro único. De ahí, uno de los motivos por los que se hallan pocas estadísticas y contradicciones en los datos.

“No hay mediciones, lo que poseemos es escaso y efímero. La Argentina no se llevaba bien con las cifras y los programas a largo plazo”, afirma Elisa Gill, titular de la ONG Doná Tu Basura, y añade: “Lamentablemente, no hay un conteo por municipio y menos, por provincia. Depende mucho de la región. La cantidad de residuos por persona (que va desde 1 a 1,5 kilos, aproximadamente) varía según la densidad de población, el nivel socioeconómico y la existencia de grandes generadores”.

“En el país, hay poca información de muchos temas. Faltan investigación y decisiones basadas en datos concretos”, dice Alejandro Roca, director Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (Iarse), con sede en Córdoba.

Poco reciclado

Los residuos son percibidos como uno de los principales problemas ambientales que tiene el país y, de su mano, la puesta en práctica de acciones tendientes a su reducción y reciclado encarna otro de los grandes retos. “Durante años, la Argentina le dio la espalda al medioambiente. Cabe recordar que, hasta hace dos años, el Ministerio de Ambiente nacional tenía rango de secretaría. Recién están comenzando a ponerse en marcha proyectos. Hay que recuperar el tiempo perdido. El atraso es significativo en ciertas temáticas, en las que otros países se encuentran avanzados”, considera el director del Iarse. Gill coincide: “La Argentina es un gigante basural a cielo abierto. Como el basurero, como se le dice en el interior, no se ve, pensamos que no nos afecta. Eso es un engaño”.

Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina sigue sin encontrar una solución definitiva. La palabra con la que varios de los entrevistados evalúan a las logísticas de recolección y los tratamientos de residuos actuales es “deficiente”.

¿Por qué es tan difícil sostener una política perdurable en el tiempo? Para Roca, tiene que ver con la idiosincrasia local, propia de la ciudadanía nacional, que se caracteriza por una falta de compromiso con la cuestión. En línea con su colega, la representante de Doná Tu Basura opina que se trata de un problema cultural. “Usamos y tiramos sin saber. Carecemos de educación ambiental y hay poca conciencia del daño que significa para nosotros y el planeta vivir contaminados”, asegura.

En la mayoría de los municipios, ni siquiera hay políticas que involucren a los ciudadanos ni plantas de tratamiento. “Se concentraran en grandes ciudades y se ausentan en las pequeñas, algo contraproducente para el sistema”, explica Roca.

A partir de las cifras que se desprenden del estudio Mapas Críticos de Gestión de Residuos, realizado en 2016 por DNGIR, se observa que son pocos los departamentos provinciales que cuentan con algún sistema de separación, siendo el promedio un 37 por ciento. Se destacan las provincias de la región Centro, que son también las que más RSU generan, con altos índices de tratamiento y por encima de la media nacional, exceptuando a Córdoba (15 por ciento). De acuerdo al Diagnóstico de la Gestión Integral de RSU en la Argentina, del Banco Mundial, Buenos Aires (19.665 Tn/día), la CABA (5792 Tn/día), Córdoba (3780 Tn/día) y Santa Fe (3525 Tn/día) son los distritos que más basura producen.

El resto de las regiones son dispares. A veces, alcanzan porcentajes superiores al 50 por ciento y otras, inferiores al 20 por ciento. San Juan (58 por ciento) y Chaco (52 por ciento) sobresalen en Cuyo y el NEA. En cambio, de 17 departamentos de Tucumán, solo uno se encarga del tema (6 por ciento), mientras que en Jujuy, de 16, solo dos lo hacen (13 por ciento). Hay provincias donde el número es aún más bajo. Formosa es la única que no tiene ni un solo sistema de separación y Corrientes es la que le sigue, con el 4 por ciento (de 25, solo uno cuenta con técnicas de este tipo).

“No hay una estrategia macro porque no hay una bajada de línea desde el Estado. Falta una logística de recolección aceitada a nivel nacional y una política pública que determine, por ejemplo, que todas las concesiones deben obligatoriamente ofrecer una recolección diferenciada y especificar dicha condición en los pliegos de licitación. Así es como los municipios terminan negociando con cada empresa”, dice el experto del Iarse, e ilustra la situación: “En la ciudad de Córdoba, hay servicios de recolección diferenciada en el norte, mientras que en la zona sur no hay nada. Hay intención de extender las prestaciones a toda la ciudad. Si esto se da en el segundo conglomerado del país, imaginate cómo es la realidad en otros sitios”. “No existe una ley nacional que impulsen la práctica de separar en origen, y mucho menos en tres partes: basura (no reciclables, residuos sanitarios, pañales y pilas), reciclables (papel, cartón, vidrio, latas y envases plásticos) y orgánicos (restos de comida, hojas y ramas)”, aclara Gill.

Que un envase sea eco-friendly no significa necesariamente que vaya a ser reciclado. Para que esto suceda, se debe separar en origen. “Es la práctica en la que se clasifican los materiales que pueden ser recuperados y los que son basura, la forma más fácil y económica de reciclar, y la más extendida en todo el mundo. Discriminar una vez que los residuos están mezclados es poco práctico y costoso”, confirman desde el MAyDS.

¿Qué falta para consolidar la cultura del reciclado?

La recomposición del daño producido por los basurales y la mejora de la logística, sobre todo en el interior del país, donde no existen sistemas formales de recuperación, son las urgencias que hay que atender inmediatamente, de acuerdo a fuentes del MAyDS. “Una vez resueltos estos dos temas, se podrá pensar en una optimización del reciclado. Para cualquier municipio, la basura significa un gasto alto. Y cualquier cambio en su gestión involucra un proceso administrativo que requiere la aprobación de los concejales. El sistema de revalorización es costoso y no termina de recuperarse la inversión”, expresan desde la cartera ambiental.

Otras de las razones que explican esta problemática son los permanentes recambios de los funcionarios a cargo de las áreas en cuestión y la falta de compromiso político y ciudadano, tal como enumeran los otros expertos consultados.

“Cualquier rotación seguida de funcionarios atenta contra una política de continuidad. Falta posicionar el tema y medir su impacto”, señala la autoridad del Iarse. “Al igual que como ocurre con otros asuntos apremiantes, los políticos deben tomar decisiones rápidas y eficaces, aunque muchos primero tienen que informarse, porque desconocen la problemática, para darse cuenta de que algunas medidas no sirven. Es crucial el rol de los concejales, quienes tienen la responsabilidad de representarnos impulsando nuevas prácticas para reemplazar las que son obsoletas y muchas veces, corruptas. La concreción de políticas públicas que excedan sus mandatos y no tengan la foto de adjudicación cuando los mismos finalicen es un ítem que debe figurar entre sus prioridades”, asevera Gill. Los entrevistados se refieren, por ejemplo, a la Dirección General de Reciclado (DGREC), área hoy a cargo de Yamil Minakowski, que vio pasar a tres directores Generales desde que asumió Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno hace más de dos años.

“Falta responsabilidad individual, de parte de los ciudadanos y de los funcionarios, más información, políticas públicas que crezcan con el tiempo y dejen en claro cuál es la obligatoriedad, y penas para quienes las incumplan. Si cada uno hace su trabajo, podremos decir que la Argentina será un país comprometido con la lucha contra el cambio climático. Mientras tanto, hay ONGs y fundaciones que, con dedicación y sin recursos, buscan poner el tema en agenda, alcanzando, de a poco, determinados logros”, opina la titular de Doná Tu Basura.

“Los datos que manejamos evidencian que los vecinos que separan en origen no superan el 20 por ciento. Muchas de las ciudades no están preparadas para que sus habitantes realicen la clasificación, ya que hay una baja cantidad de contenedores. Hay comodidad en los ciudadanos. También existe una parte de la población que desconoce y no entiende qué es cada residuo”, apunta el profesional del Iarse. Desde el MAyDS, por su parte, comentan que hay “buena voluntad”, pero que es necesario intensificar la responsabilidad individual.

Según una encuesta reciente de prácticas verdes realizada por el Consejo Económico y Social de la CABA, el 65 por ciento de los porteños separa los residuos y el 70 por ciento cree que los demás no lo hacen. Asimismo, la investigación da cuenta que, en lo que respecta a las principales cuestiones ambientales a remediar, hay un predominio de la preocupación ciudadana sobre la basura. El 28 por ciento de los entrevistados la identifican como su principal inquietud. A su vez, el Sistema Único de Atención Ciudadana de la CABA (el número telefónico 147) recibió, en 2016, 42.439 reclamos vinculados a la higiene urbana.

Sin embargo, un sondeo realizado en 2016 por el Centro de Estudios Nuevo Milenio en la CABA concluye que solo el 23 por ciento de los encuestados separa la basura domiciliaria. Las razones que argumenta la gente sobre por qué no lo hace demuestran su poco compromiso: el 63 por ciento dice que “no tiene la costumbre” y el 27 por ciento confiesa que no separa por “falta de ganas o tiempo”. En tanto, un 10 por ciento admite que no lo hace por desconocimiento. “El trabajo comprueba que, pese a estar informados, todavía somos reticentes”, analizan desde la entidad.

Otro elemento a tener en cuenta es el valor de mercado. En muchos casos, las materias primas vírgenes tienen costos competitivos frente a las recuperadas y se convierten en la opción preferida. Por ello, el precio que obtiene el recuperador, eslabón inicial de la valorización de reciclables, no suele representar un incentivo económico. De esta manera, las tareas de separación y venta son abandonadas frente a otras actividades de mayor rentabilidad. “Cuando baja el precio del petróleo y, en consecuencia, del plástico, deja de ser negocio recuperarlo”, confirmaron fuentes en off.

La escasa infraestructura para hacerle frente al reciclado, las pocas campañas de educación en la materia y la ausencia de incentivos que premien adoptar nuevas conductas son otros factores que se agregan. “Además de que el ciudadano se compromete poco, no hay una política fuerte de contenerización ni campañas agresivas que alienten esto. Hay que multiplicar las tareas comunicacionales, que no pueden ser esporádicas, sino constantes”, especifica Roca, al tiempo que menciona que la infraestructura dedicada a reciclar lo que se separa es insuficiente: “Hay que sumar más plantas, maquinarias y personas que realicen ese trabajo, haciendo hincapié en el interior del país donde los esfuerzos son aislados. Para eso, es necesario tomar la decisión política de invertir en la basura y darle la trascendencia que tiene en otros países. Al ser la CABA y la provincia de Buenos Aires los conglomerados con mayor población, deberían tener más lugares abocados a esta misión”.

“Obviamente, los sectores de mayor consumo generan más cantidad de basura, y de mejor calidad”, acota Gill, al tiempo que fuentes cercanas a la temática que prefirieron no revelar su identidad se limitan a decir: “A mayor nivel socioeconómico, más cantidad de basura se genera”. Y la CABA es el conglomerado de mayores ingresos per cápita de la Argentina.

El cierre de la cadena es un aspecto en el que es importante reparar.  “Aunque no se cubra todo el proceso, la basura reintroducida en la industria bajo distintas modalidades tiene que ser comercialmente beneficiosa y dar como resultado una renta que soporte la estructura”. Gill agrega: “Debemos asegurarnos que los productos tengan posibilidades de reinsertarse en nuevas líneas de producción”.

Manos a la obra: qué hacer

Desarrollar un sistema integrado de gestión de residuos a nivel nacional no es una utopía. Las fuentes consultadas concuerdan en su viabilidad, pero recalcan su dificultad. “Es posible e indispensable hacerlo, pero no veo activo al Estado en este tema”, expresa poco optimista Roca, mientras que Gill afirma que sostener un programa transversal es arduo si no se lo acompaña con leyes municipales. “Es complicado porque, en última instancia, quedará sujeto a cada jurisdicción”, argumentan desde el MAyDS. En este sentido, según le adelantó dicha cartera a este medio, el gobierno Nacional trabaja en un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión de residuos.

“Esperamos que se apruebe en el primer semestre de este año”, dicen desde esta órbita gubernamental.

Al respecto, Gill hace mención de otra legislación que sería importante que el Congreso sancionase: “Está en Diputados la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (ERP) o Ley de Envases, tratándose en comisión. Lograr esta ley sería una manera de convertir un sistema lineal en circular, obligando a quien produce un envase a ser responsable después de su consumo y esto se sostiene con un sistema integrado de gestión a nivel país. Europa lo hace con éxito y, en América latina, Chile hace muy poco tiene la ley, pero todavía están empezando a diseñar el SIG y que sea sostenible”.

Paralelamente, fuentes oficiales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) de la CABA consideran que “es fundamental consensuar un mensaje de concientización y cambio cultural”. En relación a ello, dicen: “En un modelo ideal, se sugiere la intervención de un Estado que lidere el movimiento hacia una visión conjunta, considerando a la educación y la comunicación como agentes de cambio”,

Qué pasa en el núcleo del país

A lo largo del tiempo, en la CABA se implementaron distintas estrategias a fin de dar solución a la cuestión de los residuos. Según una investigación del Consejo Económico y Social de la Ciudad, la primera medida de impacto fueron los incineradores. Luego, le siguió la recolección domiciliaria, que cada vez se hizo más compleja debido al aumento en la generación de basura. A su vez, y como la problemática es compartida con el AMBA, se buscó en la Ceamse una salida. Surgieron así los rellenos sanitarios, donde se entierran en el suelo de la provincia de Buenos Aires los residuos de la CABA y los partidos del conurbano que la rodean.

Pero ese modelo se agotó. La misma Ceamse alerta que en cinco años el sistema colapsará y se deberá recurrir a nuevos espacios o tecnologías. Con estos pronósticos, el gobierno local prohibió la posibilidad de abrir nuevos rellenos y obligó a los porteños a separar los residuos. La Ley 1854 de Gestión Integral de RSU, más conocida como Ley de Basura Cero, promulgada en 2007, tiene como fin la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios y la reducción de la generación de residuos. En el marco de esta norma, se encuentra en funcionamiento desde 2012 la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Basura Cero, que tiene como principal función monitorear el cumplimiento de sus objetivos.

Tomando como parámetro la cifra de 1.497.656 toneladas de residuos generados en 2004, su reglamentación determinó que en 2010 se debían reducir en un 30 por ciento los residuos enviados a los rellenos; en 2012, un 50 por ciento; y en 2017, un 75 por ciento. Finalmente, en 2020 “se prohibirá el entierro total de materiales aprovechables”.

Ante el interrogante de si dichas metas se cumplieron, la respuesta del MAyEP por e-mail fue: “Desde la implementación de la ley, la Ciudad disminuyó considerablemente los residuos que entierra. Gracias a las medidas implementadas, se recuperó en los últimos siete años un 50 por ciento de los desechos enviados a rellenos. Desde hace 10 años, se observa claramente cómo la Ciudad incrementó la capacidad para promover la separación y el tratamiento, así como mejorar la limpieza. En 2017, se procesaron 38.000 toneladas adicionales de residuos respecto de 2016. Aumentó la recuperación de la planta de tratamiento mecánico biológico; los recuperadores urbanos pasaron de reciclar 334 a 420 toneladas diarias. El 100 por ciento de los desechos que genera la construcción se procesan en el centro de reciclaje, lo mismo ocurre con el 100 por ciento de los restos de poda”.

Pese a la disminución del enterramiento y el balance positivo que el ministerio hace sobre la recuperación ante el nuevo volumen, la CABA todavía se encuentra lejos de cumplir la ley. Al menos, eso es lo que demuestran las estadísticas oficiales y fuentes expertas que El Cronista consultó y prefirieron hablar en off al respecto.

Tras 10 años de vigencia de la normativa, en 2017, los porteños generaron y enviaron más basura al relleno sanitario Norte III, en el partido bonaerense de San Martín, luego de cinco años de caída. Según los últimos datos de la Ceamse, se generaron 44.000 toneladas extra de residuos, de las cuales 6000 no pudieron recuperarse y fueron al vertedero, lo que significa alrededor de un 0,6 por ciento más que en 2016: pasaron de enterrarse 1.094.708 a 1.101.202 toneladas. Es decir, que de la reducción propuesta del 75 por ciento para 2017 se alcanzó solo un 26,47 por ciento (1.101.202 toneladas el año pasado vs. 1.497.656 en 2004).

Asimismo, las cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, perteneciente al Ministerio de Hacienda de la CABA, evidencian que en los últimos 20 años se produjo casi la misma cantidad de basura de per cápita: en 1995, el promedio diario por habitante fue de 1,37 kilos, mientras que en 2016 (último dato disponible) fue de 1,35.

El diputado nacional por Cambiemos Juan Carlos Villalonga manifestó en su blog la preocupación por el tema: “Un dato preocupante surge de las estadísticas de la Ceamse. La política, la sociedad civil, las empresas y las cooperativas deben renovar su compromiso. Es necesario fortalecer la ‘economía circular’”.

“A nivel nacional, la CABA es la ciudad que más recicla, pero las metas planteadas en la ley son ambiciosas e inalcanzables”, opinan fuentes que pidieron la reserva de su identidad.

En la Ciudad, funcionan más de 3200 campanas y 113 puntos verdes, espacios de recepción de reciclables limpios y secos distribuidos en las zonas de mayor tránsito, como plazas, edificios públicos, supermercados y vía pública. “Tenemos también cuatro puntos verdes móviles que recorren las 15 comunas recibiendo aparatos electrónicos en desuso y aceite vegetal. A fin de año, habrá 3700 campanas, 300 puntos verdes y dos nuevas plantas de separación y enfardado de reciclables, con una capacidad de 10 toneladas por hora”, puntualizan desde la cartera liderada por Eduardo Macchiavelli. Además, se calcula que 4500 recuperadores urbanos agrupados en 12 cooperativas recorren las calles cada día, mientras que se habla extraoficialmente de 10.000 en total, incluyendo a los no cooperativistas. Y, como resultado del programa Escuelas verdes, más de 2500 colegios cuentan con equipamiento para implementar la separación en origen.

En 2017, la inversión en la recolección de residuos implicó un gasto de $ 11.175.854.771, que incluyó la renovación de contenedores en gran parte de la Ciudad, tal como le informó el MAyEP a El Cronista. “Actualmente, toda la Ciudad cuenta con contenedores”, detallaron desde el mismo organismo. Pero, según el informe Percepciones sobre el Barrio, de la Defensoría del Pueblo, el 56,3 por ciento de los entrevistados declara que no hay contenedores para reciclables en la manzana en la que vive y el 49,3 por ciento dice estar poco o nada satisfecho con la cantidad de espacios verdes en su zona.

Paralelamente, es la única ciudad del país que dispone de un complejo de reciclado, integrado por cinco plantas de tratamiento para distintos tipos de residuos, en las que se tratan 2400 toneladas diarias de materiales áridos, que se recuperan en un 95 por ciento; 80 toneladas diarias de residuos forestales, de las cuales un porcentaje se utiliza para compostar y el resto de reusa en el espacio público; 10 toneladas diarias de orgánicos, de las que la mitad se compostan; y 14 toneladas diarias de polietileno tereftalato (PET), que se procesa para uso industrial.

“Desde 2014, aumentó la capacidad de tratamiento de 700 a 1050 toneladas diarias, lo que representa una suba en el recupero de un 38,04 por ciento en 2014 a un 60,9 por ciento en 2017”, concluyeron desde el ministerio porteño.

Fuente: https://www.cronista.com/responsabilidad/Produccion-de-basura-cual-es-la-realidad-en-Argentina-y-que-se-podria-hacer-20180302-0075.html