Red de Parques de la Patagonia sufre atraso en entrada en vigencia y faltan recursos

Douglas Tompkins golpeó las puertas de La Moneda, en julio de 2015, para dejar ahí su proyecto: ese que él denominaba «ruta de los parques». Entonces, la Presidenta Michelle Bachelet decidió evaluar la idea e instaló una mesa técnica intersectorial a cargo del Ministerio del Medio Ambiente.

Tras la muerte del empresario, en un accidente en kayak el 8 de diciembre de ese mismo año, tomó el timón del proyecto su mujer Kris McDivitt Tompkins, quien fue estrechando lazos con la Mandataria y la convirtió en su «aliada» para avanzar en el objetivo de crear parques y proteger la biodiversidad en el extremo austral.

Mañana será un día clave para las fundaciones ligadas a Tompkins que negociaron su iniciativa con el Gobierno. La misma que terminó en un protocolo de acuerdo para crear la Red de Parques de la Patagonia, aprobado en abril de 2017 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y que ahora se acerca a su legalización vía decretos y resoluciones.

Bienes Nacionales y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) recibirán una donación modal de 407.625 hectáreas -solo con fines de conservación de la naturaleza-, lo que incluye a los parques privados Pumalín y Patagonia, bajo la condición de que el Estado incorpore a ese fin otras 949.368 hectáreas, y reclasifique 2,6 millones de hectáreas ya protegidas como reservas forestales a parques nacionales, con un estándar que prohíbe cualquier tipo de explotación o actividad productiva.

Ese es el logro que celebran hoy las fundaciones de Tompkins: consiguieron que Chile dejara 4,5 millones de hectáreas en alto estándar de conservación y cuidado de la biodiversidad, aportando ellos el 9% de la superficie (ver gráfico).

También lo celebra como parte de su «legado» la Presidenta Bachelet, quien llegará mañana al predio de Tompkins Conservation, en la ex Estancia Chacabuco en Cochrane (Región de Aysén) para rubricar una serie de decretos pendientes que crean, amplían y recategorizan reservas, y conforman así la red de parques de la Patagonia.

Aunque entre las metas del Gobierno estaba dejar constituida y vigente la red de ocho parques a más tardar en el segundo semestre de 2017, ello se trasladó al mes de enero y febrero. Y lo más probable es que cuando la Presidenta termine su mandato, estos últimos textos legales no hayan sido publicados en el Diario Oficial.

El 2 de octubre de 2017, la Presidenta había recategorizado la Reserva Forestal Cerro Castillo como Parque Nacional (PN) y ampliado el PN Isla Magdalena, que solo incluían terrenos fiscales. Estos decretos (N {+o} 88 y N {+o} 101) los ingresó Bienes Nacionales a toma de razón en Contraloría recién el 27 de noviembre y están aún en trámite, según información que se obtuvo por Ley de Transparencia.

En el Ministerio de Bienes Nacionales, que está a cargo del proceso de legalizar las donaciones y de la creación de los parques, se negaron a entregar información sobre el estado de avance y explicar el atraso.

También por Ley de Transparencia, la Contraloría informó de la toma de razón de un par de resoluciones sobre donaciones en la Región de Magallanes y en Aysén, con fecha 14 de diciembre, sin embargo ninguna de ellas corresponde a las mayores extensiones, que son Patagonia y Pumalín.

Hermetismo y falta de participación

Este lunes, cuando quedarán casi 40 días para el fin del gobierno, la Mandataria firmaría en Aysén el inicio del Parque Patagonia y además decretos pendientes como la ampliación de los PN Hornopirén y Corcovado (ambos de la Región de Los Lagos) y la creación del PN Melimoyu. El parque Kawésqar lo firmaría en Punta Arenas.

Todo el diseño de la red de parques se ha manejado con un hermetismo en los ministerios de Bienes Nacionales, Medio Ambiente y en Agricultura (Conaf) -las carteras directamente involucradas-, lo que atribuyen a instrucciones de La Moneda.

La situación ha causado un grado de malestar entre alcaldes de las comunas de la Región de Aysén -donde se emplazan los parques-, quienes han hecho públicas quejas de los vecinos por el desconocimiento y la falta de participación.

Cuando se firmó el decreto que eleva a parque la reserva Cerro Castillo, el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana, planteó el tema a la intendencia e incluso a la Presidenta Bachelet. «Más allá de si es algo positivo para el turismo, queríamos que se incorporara a agentes locales, a la comunidad en el proceso del parque. Ni siquiera los prestadores de servicios turísticos fueron convocados», dice.

Por ese mismo asunto, ahora están preocupados los alcaldes de las comunas de Cochrane y Chile Chico (ver recuadro).

La «transición» de las fundaciones: hasta abril de 2019

Otra arista es que la red de parques debutará con un escenario de recursos esquivos. El gobierno saliente diseñó un plan de inversiones, con un cronograma que si se aplicara tal cual, equipar con infraestructura todas las áreas (con excepción de Pumalín y Patagonia) se demoraría hasta el año 2027. Esto, porque según datos oficiales informados al Congreso, en promedio se estima un gasto anual de $1.326 millones a contar de 2020 que sube hasta $1.795 millones en 2027. Y en la partida no se considera en el presupuesto de 2018 más que $50 millones extras y en 2019, $63 millones.

La inversión en mantención que Conaf proyecta resulta conservadora frente a la exigente demanda de las áreas donadas. De hecho, los parques Pumalín y Patagonia, que reciben 15 mil y 1.200 personas al año, respectivamente, cuentan con cabañas, camping, lodges, senderos, restaurante y gastan en mantención en conjunto $1.086 millones anuales.

Por esa complejidad, el gobierno acordó con las fundaciones donantes una «transición» o «concesión transitoria». Según explica Carolina Morgado, de Tompkins Conservation, «Pumalín y Patagonia se entregan con todo lo que tienen construido, toda la infraestructura de acceso público. Donamos los parques en enero y febrero de este año, pero nos quedamos a cargo hasta abril de 2019». En este lapso, esperan que Conaf busque un concesionario para administrar la infraestructura de acceso público en estas unidades donde se han invertido unos US$ 90 millones.

Además, Tompkins Conservation pretende crear una organización que apoye con recursos el cuidado de los parques de la Patagonia.

Demoras en inversión y áreas no visitables

La red de parques de la Patagonia se ha difundido a nivel internacional como un destino turístico para 2018. Sin embargo, no en todos hay áreas visitables: es el caso del Parque Nacional Corcovado, creado en el gobierno de Ricardo Lagos en 2005 con donaciones de Tompkins, que se ampliará ahora de 293.986 a 402.555 hectáreas. Tampoco hay nada instalado en Melimoyu, que estaría habilitado en 2027.

La directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea que es muy positivo crear esta red de parques para conservar la biodiversidad, pero advierte que el desafío es la mantención. Ello requiere que el Estado opte por financiar en 100% el personal del SNASPE, y que todo lo que ingresa por operación se destine a mejorar y mantener las áreas.

Fuente: Economía y Negocios
El Mercurio