Tierra del Fuego comenzó a debatir la Ley de Aguas

Comenzó a discutirse en el ámbito de la Comisión N° 3 el proyecto de ley que pretende generar el Código de Aguas de nuestra provincia. La legisladora Angelina Carrasco explicó que esta iniciativa es una deuda pendiente en Tierra del Fuego AIAS, ya que es la única provincia que no cuenta con una norma que regule el uso de este recurso esencial. También es el primer paso, para que la provincia busque los medios para preservar el agua dulce, a fin de garantizar el agua potable a toda la población, ya que consideramos es un derecho humano esencial.

Según explicó la parlamentaria todas las provincias de Argentina cuentan con una norma que regula y planifica el uso del agua. ¿Por qué? porque el agua es un recurso finito, vulnerable y esencial para sostener la vida y el ambiente. Es por ello, que partiendo de tales consideraciones, a nivel internacional, se adoptaron una serie de principios rectores que luego fueron plasmados en el Acuerdo Federal del Agua suscripto entre los organismos hídricos Provinciales y la Nación que le confieren al agua valor económico, social, ecológico, y estratégico, exigiendo por ello una regulación normativa que organice y planifique su uso racional y sostenible.

“Tenemos la obligación de darle al Poder Ejecutivo la herramienta que le permita diseñar una gestión hídrica integral y planificada, a fin de posibilitar, por un lado, el aprovechamiento del agua conforme a los múltiples usos que tiene en innumerables procesos productivos,  pero garantizando, a su vez, su preservación como elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana”, subrayó.

Carrasco entiende que “este proyecto es clave para el desarrollo sostenible de Tierra del Fuego AIAS, pero es sólo el primer paso, para encarar una discusión, postergada por años, que tiene que ver con reconocer que el acceso al agua potable, es un derecho humano esencial”.

Por último expresó que Tierra del Fuego AIAS, debe poder diagramar una gestión integrada de sus recursos hídricos en articulación con una gestión ambiental que garantice el derecho de la población al acceso de agua potable y para eso es imprescindible avanzar en la discusión sobre la ley de aguas.