Grupos terroristas mapuches”: la acusación oficial que tapa la realidad del fuego, el abandono estatal y el heroísmo de los bomberos voluntarios

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Cuando el Gobierno señala enemigos, las provincias apagan el incendio solas

Chubut, 12 de enero de 2026. Mientras el Gobierno nacional insiste en responsabilizar a supuestos “grupos terroristas mapuches” por los incendios forestales en Chubut y la Patagonia, la realidad en el territorio expone otra historia: bomberos voluntarios provinciales exhaustos, mal pagos y con recursos limitados enfrentan el fuego casi en soledad, mientras desde Buenos Aires se prioriza el discurso político por encima de la prevención, la inversión sostenida y el apoyo real a quienes combaten las llamas cuerpo a cuerpo. La acusación rimbombante busca impacto mediático inmediato, pero no apaga incendios, no devuelve casas quemadas ni reforesta bosques nativos que tardarán décadas en recuperarse.

En este escenario, la pregunta que atraviesa a las comunidades afectadas es simple y brutal: ¿a quién beneficia desviar el foco hacia un enemigo interno mientras el sistema de manejo del fuego sigue siendo precario?

Bomberos voluntarios: los verdaderos protagonistas ignorados

En cada frente activo, en cada cortafuego improvisado y en cada noche sin dormir, los bomberos voluntarios de Chubut, Río Negro y Neuquén sostienen la primera línea de defensa. Lo hacen con vocación, con equipos muchas veces obsoletos y con una entrega que contrasta con la retórica oficial. Son ellos quienes conocen el terreno, los vientos cambiantes, los accesos rurales y los riesgos reales. Sin embargo, no reciben reconocimiento proporcional, ni financiamiento estable, ni planificación a largo plazo.

Mientras el Gobierno nacional anuncia cifras y operativos en conferencias de prensa, las provincias y municipios dependen del esfuerzo local, donaciones y voluntariado. La falta de inversión preventiva —limpieza de montes, cortafuegos permanentes, capacitación continua y flotas aéreas propias— vuelve a quedar en evidencia cuando el fuego ya está desatado. El resultado es siempre el mismo: reacción tardía, daños irreversibles y promesas que se diluyen cuando llegan las lluvias.

Incendios forestales en Chubut: causas estructurales que el Gobierno evita discutir

Reducir los incendios a una supuesta conspiración de “grupos terroristas mapuches” simplifica un problema complejo y evita debatir las causas estructurales. La Patagonia atraviesa sequías prolongadas, olas de calor extremas y cambios en los regímenes de viento, todo agravado por el cambio climático. A esto se suma la falta de políticas públicas sostenidas de prevención, la desarticulación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la precarización laboral de brigadistas.

La intencionalidad de algunos focos puede investigarse —y debe hacerse con pruebas, no con slogans—, pero culpar sin evidencias sólidas no reemplaza la obligación del Estado de anticiparse. La prevención no da titulares; la acusación, sí. Y ahí aparece el sesgo: es más fácil señalar culpables que asumir responsabilidades.

El discurso del enemigo interno y la criminalización selectiva

La utilización del término “grupos terroristas mapuches” no es inocente. Funciona como un marco discursivo que criminaliza a comunidades enteras, erosiona la convivencia social y desplaza el debate. En lugar de discutir inversión, planificación y control, se instala el miedo. En lugar de políticas públicas, se ofrece mano dura discursiva. Y mientras tanto, los incendios siguen ocurriendo año tras año.

Las comunidades mapuches, por su parte, rechazan estas acusaciones y denuncian una estigmatización histórica que se reactiva cada vez que hay conflictos territoriales o ambientales. Sin investigación judicial transparente y pruebas concluyentes, el señalamiento se convierte en una herramienta política más que en una búsqueda genuina de verdad.

Después del fuego: despojo de tierras y negocios inmobiliarios

Uno de los aspectos más incómodos —y menos discutidos— aparece después de los incendios. Cuando el humo se disipa y la atención mediática se va, las tierras quemadas cambian de valor, de uso y, muchas veces, de manos. En distintas zonas de la Patagonia, vecinos y organizaciones ambientales advierten sobre procesos de despojo silencioso, donde áreas afectadas por incendios terminan habilitadas para emprendimientos inmobiliarios, turísticos o extractivos.

El patrón se repite: primero el fuego, luego la flexibilización de normativas, más tarde los negocios. La falta de controles estrictos y de una ley efectiva que prohíba el cambio de uso del suelo tras incendios alimenta sospechas legítimas. En este contexto, culpar a terceros funciona como cortina de humo para no explicar por qué el Estado no garantiza la protección del territorio ni de las comunidades que lo habitan.

Brigadistas y bomberos: precarización y abandono

Más allá del relato oficial, los testimonios de brigadistas y bomberos voluntarios coinciden en un punto: salarios bajos, contratos inestables, equipamiento insuficiente y falta de reconocimiento. Muchos arriesgan su vida sin seguros adecuados ni respaldo psicológico tras enfrentar situaciones extremas. La épica del “héroe” sirve para el aplauso, pero no reemplaza derechos laborales ni inversión real.

El contraste es evidente: mucho discurso desde el poder central y poco apoyo estructural. La consecuencia es una respuesta fragmentada, donde las provincias hacen lo que pueden y el Estado nacional aparece más como comentarista que como planificador.

La intención de búsqueda que el Gobierno no responde

Quien busca información sobre los incendios en Chubut quiere saber qué pasó, por qué pasó y cómo se evita que vuelva a pasar. La narrativa oficial responde solo parcialmente, enfocándose en el “quién” sin explicar el “cómo” ni el “para qué”. La sociedad necesita datos, transparencia, políticas de largo plazo y un compromiso real con la prevención.

Qué falta: prevención, inversión y respeto por el territorio

La discusión de fondo no es ideológica, es práctica. Hace falta inversión sostenida, profesionalización del sistema de manejo del fuego, fortalecimiento de los bomberos voluntarios provinciales, flotas aéreas propias, monitoreo satelital permanente y una política ambiental que no se active solo cuando todo arde. También hace falta proteger las tierras incendiadas de la especulación y garantizar que el fuego no sea la antesala de negocios privados.

Conclusión: menos acusaciones, más acción

Los incendios en la Patagonia no se combaten con enemigos inventados ni con títulos grandilocuentes. Se combaten con prevención, inversión y respeto por quienes arriesgan su vida. Mientras el Gobierno nacional insiste en hablar de “grupos terroristas mapuches”, los bomberos voluntarios de las provincias siguen siendo el verdadero sostén frente al desastre. Y mientras no se discuta seriamente el despojo de tierras y los intereses inmobiliarios post-incendio, el fuego seguirá siendo una tragedia recurrente… y conveniente para algunos.