Tierra del Fuego.-Marcelo Rapoport se refirió al embargo impuesto a las petroleras que operan en Malvinas. “Es un pleno acto de la soberanía argentina”, dijo.
El Fiscal Federal Marcelo Rapoport, en Radio Fueguina, se refirió al reciente fallo de la Jueza Lilian Herráez con relación a la causa por los embargos impuestos contra las petroleras que operan en Malvinas.
Aseguró que esto “es un pleno acto de la soberanía argentina, en este caso realizado por el Poder Judicial de la Nación y el Ministerios Público de la Nación”.
Sabiendo que las Malvinas pertenecen a Tierra del Fuego, “la explotación del litoral marítimo de las islas deben regirse bajo las normas argentinas y, estas empresas, que están operando en Malvinas, no lo han hecho a pesar de haber sido notificadas, por lo que se han pedido medidas precautorias al inicio del expediente que se relacionan a buques, plataformas y cuentas bancarias”, detalló.
Al hablar de la manera en que esto se materializará, dijo que se hará “bajo exhortos diplomáticos a los distintos países porque estos buques van recalando en los distintos puertos de esos países y se realizarán comunicados a las distintas bolsas de acciones a nivel internacional donde tienen relación estas empresas”.
Los montos que se manejan “son precautorios de sumas que se van considerando del perjuicio que puede existir porque no hay un trámite aduanero”, finalizó.
La causa
Cabe recordar que estos embargos fueron dispuestos por la jueza federal Lilian Herráez al admitir un pedido, precisamente del fiscal Marcelo Rapoport, además de Adrián García Lois y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Estos funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkland Oil and Gas Limited (Fogl), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades de las Islas Malvinas”, dado que no cuentan “con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
Herráez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156.432.000 millones de dólares. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y cuentas bancarias de empresas británicas y estadounidenses.
Además, la magistrada ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, medida que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.
La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país en los que se encuentren radicados los activos identificados. Asimismo, la jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a poner en conocimiento de lo decidido a los organismos internacionales para hacer efectivas las penalizaciones. Al momento de presentar la denuncia, Gonella mencionaba que “cualquier persona física o jurídica, cualquier Estado que desee realizar actividades de esta naturaleza en nuestro territorio, tiene que contar con la autorización de las autoridades estatales”.
Fuente: Radiofueguina
