La Pampa.-El concepto de Ecocidio trata sobre la destrucción extensa o la pérdida del ecosistema de un territorio

concreto, normalmente deliberada y masiva, por medios humanos u otras causas. Como consecuencia, la existencia de los habitantes de ese territorio se ve severamente amenazada. El Ecocidio estuvo a punto de ser incluido como el quinto Crimen Contra la Paz dentro del Estatuto de Roma y si bien fue examinado dentro de la ONU durante décadas, terminó siendo excluido en 1996 a pesar de la objeción de muchos países.
Finalmente, el pasado 18 de abril la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró a Monsanto (que tiene representantes en varios puntos del país) culpable del crimen de Ecocidio, aunque esa figura aún no exista, comprobando que “los productos de esa empresa dañaron la salud de millones de personas”.
En cuanto a esta problemática, que se hace cada vez más evidente gracias a un paquete tecnológico traído a escena por la multinacional antes mencionada y de otras varias, el abogado ambientalista Juan Ignacio Pereyra, miembro de la red de abogados de pueblos fumigados, además de ser integrante del foro ambiental de Rojas y que trabaja con los damnificados de los pueblos fumigados (pulverizados) que no reciben tutela por parte de los gobiernos, reflejó la falta de mecanismos y de interés en el Estado para cortar o intentar frenar “la grave afectación que las sustancias derivadas de las pulverizaciones producen en el cuerpo y en el ambiente”. Ante esto, aseguró que hay que “trabajar generando conciencia porque hoy no vivimos en una democracia, vivimos en una corpocracia”.

Mercenarios.
“Vos querés defenderte y no hay mecanismos que los funcionarios vayan a poner en marcha”, expuso Pereyra, quien fue entrevistado por Radio Noticias y agregó que, “las sustancias derivadas de las pulverizaciones producen una afección muy grave en nuestro cuerpo y en el ambiente, que se manifiestan a largo plazo. Igual ya estamos sintiendo esos efectos, como por ejemplo los aumentos en malformaciones, en hipotiroidismo, en cáncer, en fertilidad -como pérdidas de embarazos-, todo está vinculado con la exposición a los agroquímicos”.
Pero parece que esta ausencia de interés no es sólo en nuestro país. Los Estados no reaccionan “a nivel mundial” y se debe a que -según lo entiende Pereyra- “los organismos del Estado están cooptados por funcionarios que funcionan como mercenarios de las corporaciones que van a desplegar una actividad para que este modelo continúe, porque termina siendo rentable para las corporaciones extranjeras que nos impusieron a través de publicidad engañosa, a través de coimas”.
“No hay figuras penales que tutelen los bienes colectivos, o es difícil encontrar dentro del sistema judicial mecanismo para revertir esta situación de ambición desmedida”, expresó el abogado y agregó que “lo único que generan es poner en riesgo a las generaciones futuras” por medio de publicidades engañosas “que le llenan la cabeza al productor, que utilizando los agroquímicos van a hacer que el rinde aumente y en realidad lo que aumenta es el bolsillo de las corporaciones. De esas corporaciones que generan presiones tremendas sobre los sistemas judiciales en todo el mundo. Son depredadores que se manejan por la adicción al poder, al dinero, y así destruyen el mundo”.

Soja transgénica.
La implementación de semillas genéticamente modificadas, aprobada en el año 1996, constó de un trámite que tenía 138 hojas, de las cuales 108 estaban en inglés y eran de la empresa Monsanto. Ante esto Pereyra denunció que “no hubo ningún tipo de análisis de lo que podía suceder frente a la incorporación de semillas modificadas transgénicamente, mientras que las consecuencias están a la vista”. Las inundaciones, la deforestación, la concentración de tierras cada vez en menos manos, el encarecimiento de alimentos, entre otros, “salieron de ese ‘paquete tecnológico’ que se impuso como una solución -una falsa solución- comprendido entre la siembra directa, el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas que sirvieron sólo para enriquecer a las grandes corporaciones” y agregó que “se enriquecieron tremendamente, se beneficiaron sólo ellos”.

La función del campo.
El campo tiene una función vital. Una función social, extremadamente importante, que es la de producir alimentos pero, lamentablemente, no lo está casi haciendo. Los productos se encarecen y se deteriora la calidad de los alimentos. “La soja no llega a ser alimento. Sí es una materia prima, pero no es alimento”, dijo Pereyra y, para concluir dejó en claro que “estamos perdiendo nuestra soberanía sobre nuestros recursos, y como ciudadanos parece que comenzamos a molestar y la Justicia no resuelve nada. Están siendo cómplices de los avasallamientos constantes que sufren los derechos de la población completa y no solamente en las cuestiones ambientales”.

Buenas noticias
Existen formas de producción agropecuaria que no necesitan pesticidas, como es la agroecología y que además es más rentable. “Pero las corporaciones quieren imponer su modelo, argumentando que no hay posibilidad de generar una producción rentable de manera natural y sin la implementación de agroquímicos. Pero no es así. Afortunadamente cada vez hay más hectáreas en las que se implementa la agroecología, la cual logra cosechas con rindes excelentes. Un claro ejemplo es el uso de corredores biológicos en inmediaciones a los campos cultivados que sirven de contención a las plagas”.

Fuente: Diario La Arena