La Casa Rosada confía en que a partir de mañana empiece a destrabarse la construcción de las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, las obras civiles más caras de la Argentina y que fueron una herencia del kirchnerismo.
Temprano, en el coqueto y remozado salón Azul del Senado, arrancará la audiencia pública que exigió la Corte Supremapara habilitar la construcción de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.
Ambas tendrán un costo de 4.730 millones de dólares y están en manos de la argentina Electroingeniería y la china Gezhouba. El 85% del financiamiento de la obra es chino.
Aunque aún no arrancó en su fase principal, la obra ya demandó desembolsos por 100 millones de dólares ente salarios del personal de la UTE, los gastos “improductivos” que reconoció el Ministerio de Energía al consorcio, y las obras secundarias que se iniciaron.
La obra fue trabada por la Corte en diciembre de 2016 hasta tanto se realizase un informe del impacto ambiental de las hidroeléctricas y se cumpliese con el requisito legal de una audiencia pública.
La audiencia se desarrollará a partir de mañana a las 8. Anotados hay 116 expositores. Los primeros serán los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
Después se esperan las exposiciones del gobierno de Santa Cruz, legisladores, representantes de ONGs ambientalistas y particulares.
De lo que se escuche, cuatro comisiones del Senado y de Diputados harán sus reportes. Pero esos informes no son vinculantes.
De cualquier manera, en el Gobierno aseguran que no son “necios” y que si surgiera de la audiencia algo que no fue previsto será corregido en el plan de obra.
Después de cumplido este paso, la intención de la Casa Rosada es presentarse ante la Justicia y pedir que se levante la cautelar para poder retomar las obras.
Funcionarios del Gobierno reconocen el elevado interés que muestran regularmente las autoridades chinas en el inicio de la construcción.
Ambas hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megavatios, es decir alrededor del 4% del total nacional.
El inicio de la obra fue en febrero de 2015, en el último año de mandato de Cristina Kirchner.
Bajo el argumento del “principio de continuidad jurídica”, la actual administración decidió avanzar con la construcción, aunque con cambios: se disminuyó el tamaño del embalse, tiene una cota menor y también se bajó el número de turbinas de 11 a 8.
Un importante funcionario del Gobierno aseguró que de los estudios surge “la certeza que la obra no tendrá impacto en el lago Perito Moreno. Tenemos suficiente confianza en este proyecto, en el anterior no la teníamos”.
Fuente: Clarin.
