Más de 45 mil hectáreas fueron desmontadas en el Norte de la Argentina durante el último semestre, según un informe con imágenes satelitales realizado por la organización Greenpeace, que además reveló que 4 de cada 10 de esas áreas se encuentran protegidas por la Ley de Bosques.
De esos desmontes, el 80% se produjeron en sólo cuatro provincias: Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE BOSQUES SON ÉL AVANCE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA (SOJA TRANSGÉNICA Y GANADERÍAINTENSIVA) Y LOS INCENDIOS.
Según el rélevamiertto de Greenpeace, la superficie desmontada entre enero y junio de 2017 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 45.470 hectáreas,, mientras que el 42% ocurrió de manera ilegal, es decir en lugares donde estaba prohibido.
En este ranking de destrucción forestal, en 2017 el primer lugar se lo llevó Chaco, con 17 mil hectáreas, 10 mil de ellas ilegales; segundo quedó Santiago del Estero con 13.707 hectáreas desmontadas, 8.083 de bosques protegidos.
Más atrás aparecen Formosa con 7.754 hectáreas de bosques nativos y sólo 136 hectáreas destruidas ¡legalmente; y Salta, donde se deforestaron 7.009 hectáreas, de las cuales 678 estaban protegidas.
“Se aplican multas a los infractores de la Ley de Bosques pero no son suficientes para desalentar el delito; en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa legal”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.Y gráfico: “Estamos pidiendo una ley penal que sancione a los responsables de destruir los bosques nativos con penas de 2 a 10 años de prisión.Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes”.
Desde la ONG destacaron que datos oficiales confirman que, a partir de la sanción de la Ley de Bosques (2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos.En tanto, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015. En total se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil al año.
En conclusión Greenpeace reclama que se trate una ley de Delitos Forestales que “establezca como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo); constituya como delito penal al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas; permita que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan como querellantes; y obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ¡legalmente desmontados o incendiados”.
