Tanto la fiscalía –ejercida por Pablo Vignaroli- como la defensa de los integrantes de la comunidad Futa Tayen, sostuvieron sus argumentos a favor y en contra del allanamiento de un tinglado que terminó con el secuestro de armas, drogas, bombas molotov y bidones con combustible.

En la audiencia de este viernes se analizó el pedido de impugnación que presentó el Fiscal General José Gerez a lo resuelto por un Tribunal de Impugnación, que anuló el procedimiento policial porque se concretó sin orden de un Juez de Garantías.

La controversia –única- radica en que para la fiscalía el sitio allanado no puede ser considerado “morada”, ya que consistió en una precaria construcción de palos y nailon levantada en territorio que no le es propio.

Lo contrario argumenta la defensa de los mapuches. Mariano Mansilla, en coactuación con Emmanuel Guagliardo, Julián Vergez y Pedro Telleriarte, argumentó a favor de la comunidad Futa Tayen.

“La Justicia no se puede dividir; no puede existir una para pobres y otra para ricos, la ley debe ser justa para todos”, dijo Mansilla, quien agregó que “si no tenían una orden para allanar se actuó en un marco ilegal y tampoco se podía haber llevado a cabo un desalojo porque existe una ley nacional que lo impide (en alusión a la polémica 26.160 recién prorrogada). No fueron con una orden porque sabían que ningún juez se la iba a otorgar”.

Presidieron la audiencia los vocales del TSJ, Oscar Massei y Soledad Gennari, quienes tendrán como plazo límite el 8 de febrero del año próximo para dar a conocer el fallo.

El allanamiento lo realizó personal de la Policía provincial en los campos de Tratayen, en disputa entre la comunidad mapuche y particulares. El desalojo concretado no fue objetado desde la Justicia, por lo que se mantuvo en firme, y la propiedad está en manos de sus dueños legales.

Fuente: Diariamente Neuquen