“En el caso de las áreas marinas protegidas tuvimos un trabajo muy fructífero con Wild Wildlife Conservation Society, con Oceana en Caleta Tortel, en Isla de Pascua con Pew, con National Geographic en Cabo de Hornos, y con National Geographic y Oceana trabajando juntos por Juan Fernández. Así que cada una fue muy determinante, como también lo fue Tompkins Conservation para poder hacer la Red de Parques de la Patagonia”, dice el ex ministro.

Sin embargo, Mena señala que pese a la alianza que se genera, obviamente hay ONG que reconocen los avances mientras que existen otras que son más críticas. De todas, una de las más influyentes ha sido Chile Sustentable, que dirige Sara Larraín, así como Terram a cargo de Flavia Liberona, junto con las que participaron en el diseño de las áreas marinas.

El diagnóstico del ministro sobre la directora de Chile Sustentable coincide con la evaluación que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2017. Tras analizar la participación de la sociedad civil en el Congreso, una de las personas que más asistió a comisiones legislativas entre 2013 y 2014 fue Sara Larraín, con 27 veces, cifra que la colocó en el quinto lugar de las personas que más participan en comisiones del Congreso; de hecho, Larraín adelanta que su foco estará puesto en apurar cuatro proyectos que están estancados: Biodiversidad, Código de Aguas, glaciares y eficiencia energética.

Presión legislativa en el Congreso

Sara Larraín, Chile Sustentable

“Dentro de la agenda legislativa que seguimos con interés está la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, dice la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín. Dice que el proyecto es relevante porque es uno de los temas pendientes de la reforma ambiental que se inició en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que además contemplaba un ministerio, una superintendencia y un Servicio de Evaluación Ambiental.

En el Congreso también vigilarán el avance de proyectos de seguridad hídrica como la reforma al Código de Aguas, donde se prioriza el uso del recurso, y la ley de protección de glaciares que define a los glaciares como bienes nacionales de uso público. “Son los embalses de hielo que nos entregó la naturaleza”, dice Larraín.

También velarán por el avance de la ley de eficiencia energética en los sectores de consumo más relevantes, que son 100 empresas que consumen el 40% de la energía del país.

Regulación de la industria salmonera

Liesbeth van der Meer, Oceana

“Tras años pidiendo transparentar cifras sobre uso de antibióticos en la industria salmonera, logramos los datos a través de la justicia (…) seguiremos trabajando para reducir su uso y frenar la expansión de la salmonicultura hacia áreas prístinas de la Patagonia”, dice Liesbeth van der Meer, directora de Oceana en Chile.

Agrega que es urgente una política sobre cuáles zonas pueden industrializarse y cuáles protegerse, por ello seguirán trabajando por proteger La Higuera (Coquimbo). “El 42% de la zona económica exclusiva está protegida, pero lo elevado de esa cifra responde a la protección de las islas oceánicas. No ocurre lo mismo en el Chile continental, donde menos del 0,5% tiene protección”, advierte.

Los próximos años también priorizarán el combate a la pesca ilegal y realizarán expediciones científicas. “Identificaremos áreas de importancia biológica para la reproducción de especies como la merluza común, la anchoveta, la sardina y el jurel”.

Expandir la conservación en Magallanes

Alex Muñoz, National Geographic Pristine Seas

Para la organización, una de las prioridades en los próximos años será proteger la zona del Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes.

Alex Muñoz, director para América Latina de la ONG, dice que dicha área no se protegió con el nuevo parque marino de Islas Diego Ramírez debido a la presión de la industria pesquera, que asegura ha colapsado especies como el bacalao y la merluza. “Sería muy importante una ampliación de ese parque marino para ayudar a recuperar estas pesquerías y proteger un ecosistema único en el mundo”, dice Muñoz, quien agrega que otra de sus preocupaciones será frenar la expansión de la salmonicultura en la misma región.

También esta ONG internacional plantea que Chile y Argentina deberían liderar la protección del mar alrededor de la Península Antártica, lo que debe pasar por la decisión de los 25 países miembros de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Acuerdo para proteger las aguas antárticas

Matías Asun, Greenpeace

Crear la mayor área marina protegida del mundo en la Antártica, en el Mar de Wedell, es una de las metas que perseguirá Greenpeace. “Chile tiene una posición favorable en la península”, dice Matías Asun, director de esta organización en el país, por lo que Chile debería jugar un rol para avanzar en este proyecto en el que se debe convencer a otros países.

La segunda prioridad es proteger el mar de la Patagonia, por ello, al igual que otras ONG no quieren proyectos salmoneros en la Región de Magallanes. En tercer lugar seguirán en su campaña para que la prohibición del uso de bolsas plásticas se extienda a todo el país.

“Cuarta prioridad son planes de respuesta y adaptación frente al cambio climático. Hay que dejar de subsidiar al carbón y preparar a Chile para los eventos extremos y la menor disponibilidad de agua”, señala Asun, quien agrega que en este contexto la protección de los glaciares también será otro de los focos de preocupación de la ONG.

Elevar compromisos climáticos

Flavia Liberona, Terram

Para la directora de Terram, ONG fundada en 1997, Chile tiene que avanzar en acciones de adaptación al cambio climático y de reducción de riesgos. “Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en mitigación cuando este no es el problema central del país. Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático (…) Este año comienza el proceso para que los países establezcan un segundo periodo de compromisos ante la Convención de Cambio Climático, por tanto Chile debería hacer un proceso participativo para elevar nuestros compromisos a nivel internacional”, dice.

Liberona también enumera otras prioridades: garantizar el acceso al agua, reactivar los procesos participativos en el ordenamiento territorial del borde costero y la creación de un Servicio Nacional Forestal. “En el estado actual de las cosas Conaf no puede asumir nuevas tareas y en algunos casos tampoco mejorar lo que ya realiza”, advierte.

Implementar planes de gestión en áreas protegidas

Maximiliano Bello, The Pew Charitable Trusts

“Ya nos reunimos con el Presidente Piñera y somos optimistas de que su conocimiento de los temas marinos abre una puerta para instalar debates que faciliten la recuperación de especies y ecosistemas en los océanos”, dice Maximiliano Bello, de la Unidad Internacional de Conservación de The Pew Charitable Trusts.

Plantea que en lo inmediato, uno de los mayores desafíos que enfrenta el nuevo gobierno es implementar planes de manejo de las áreas marinas protegidas creadas recientemente, como lo que ocurrirá en Isla de Pascua y la comunidad Rapa Nui. “Aquí, aspectos como vigilancia y monitoreo, educación ambiental y gestión comunitaria son banderas de trabajo que permitirán consolidar la imagen de Chile en la materia. Pero además, por su liderazgo político y know how, el país puede impulsar crear una red de grandes áreas en Latinoamérica y el Caribe”, agrega.

En materia de pesca ilegal, pide hacer un esfuerzo para implementar un sistema de vigilancia y monitoreo.

Avanzar en descarbonizar la economía

Ricardo Bosshard, WWF

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas en inglés) plantea profundizar el avance de las energías renovables y descarbonizar la economía; comprometer una contribución mayor de Chile en el Acuerdo Climático de París, ya que según indicadores internacionales esta es insuficiente, así como promover la restauración ecológica de bosque nativo.

Para el director de la ONG en Chile, Ricardo Bosshard, además se necesita con urgencia un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas moderno para la conservación efectiva de la diversidad biológica. Dice que hitos como la Red de Parques de la Patagonia requieren la generación de un mecanismo público-privado que permita su sustentabilidad en el tiempo.

“Lo otro es resolver cómo proteger la riqueza natural que está fuera de las áreas protegidas, cómo compatibilizamos mejor proteger la naturaleza con el desarrollo de proyectos, que requiere una reforma del Servicio de Evaluación Ambiental, incorporando discusión temprana, más participación ciudadana, elementos de ordenamiento territorial y cambio climático”.