La Corte Suprema de Justicia emitió hace horas una nueva resolución en la que fijó un nuevo plazo de 90 días para que ambas provincias lleguen a un acuerdo por el caudal hídrico apto del Atuel, que debe escurrir en el noroeste pampeano para recuperar el ecosistema perjudicado por el corte del río, aguas arriba.
Sobre esto, el diputado Lezcano manifestó que “la Corte no puede dejar de mirar el medio ambiente que fue el espíritu de la resolución del 1º de diciembre pasado” cuando ordenó a los gobiernos de La Pampa y Mendoza acordar un caudal hídrico y un plan de obras en conjunto para restituir el río -en condiciones- para los pampeanos.
Un poco de “ruido”.
Además, recordó que el máximo tribunal ya indicó que “es prioritaria la crisis ambiental y el derecho humano y en la resolución de ayer hay una interpretación que genera ruido porque pareciera que aunque no es una resolución definitiva se vuelve a dar un plazo, pero ya menciona obras y considera el plan que presentó Mendoza”.
“Llama la atención la resolución de la Corte Suprema, pero esperemos que este nuevo plazo nos permita llegar a una solución”, agregó Lezcano, advirtiendo que La Pampa “a donde vaya va a seguir reclamando agua del Atuel” para una solución del conflicto, como señaló en varias oportunidades el gobernador Carlos Verna.
Por otro lado, aseguró que “La Pampa va a seguir reforzando institucionalmente la CIAI”, la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), y reiteró: “El ruido que me genera la resolución es que habla sobre obras, cuando recomponer el ecosistema debería ser inmediato”.
“Patean para adelante”.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) cuestionó la decisión de la Corte Suprema al afirmar que “no quiere arriesgarse a fijar un caudal mínimo para La Pampa y que después Mendoza incumpla esa decisión, porque si eso sucediera”, el tribunal “perdería autoridad”.
Por eso, siguió, “demora las definiciones, esperando señales políticas claras” y “ahora vuelve a patear la pelota para adelante porque hace tiempo que se venció el plazo de 30 días que había fijado para que las provincias se pongan de acuerdo”, en diciembre pasado.
“Al no haber acuerdo de partes, lo que hubiera correspondido a esta altura es que la Corte, en base a las pruebas acercadas por ambas provincias, ya hubiese establecido el caudal mínimo apto para empezar a recomponer el ecosistema”, dijo, agregando que la Corte “avanza con desprolijidad”.
Presentaron una ley “antifracking”
Un diputado del bloque Frepam presentó un proyecto de ley para pedir que se prohíba en La Pampa el método no convencional de fractura hidráulica o fracturación hidráulica, más conocido como “fracking”, como técnica para tareas de investigación, prospección y extracción de hidrocarburos.
Como adelantó LA ARENA, el radical Martín Berhongaray propuso una ley “anti fracking” y recordó que en la Legislatura se está tratando un proyecto -del Poder Ejecutivo Provincial que ingresó el 23 de abril pasado- para declarar de interés estratégico al área “CNQ 23 Puelén”, que “reviste la condición de ‘espejo’ de la mendocina donde se avanza empleando la técnica del fracking”.
Dijo que “aunque no exista certeza científica de un efecto negativo sobre el medio ambiente, el solo peligro de que se pueda causar un daño grave o irreversible constituye justificativo suficiente para que se adopten medidas que impliquen la aplicación de restricciones o prohibiciones a las actividades presumiblemente riesgosas”.
“De peor calidad y más difícil aprovechamiento, la atención parece centrarse en las últimas fronteras del extractivismo para utilizar así los últimos recursos disponibles, cuyo aprovechamiento resulta más costoso, demanda enormes cantidades de energía y agua, al tiempo que depara riesgos considerables en materia de contaminación ambiental y de afectación de la salud humana”, agregó.
