El planteo surgió en respuesta a un intento de empresas para tipificar penalmente los reclamos que se den dentro de los yacimientos petroleros para que la actividad hidrocarburífera no se vea afectada.

Desde la fiscalía neuquina rechazaron que se busque criminalizar las protestas sociales y advirtieron que el accionar de la justicia “está inserto en la comunidad. El Ministerio Público Fiscal, con el nuevo Código Procesal Penal, es un órgano no solo encargado de la persecución legal del delito sino que también esta encargado de gestionar la conflictividad social a través de todas las herramientas que se disponen, como la mediación penal”.

La representante legal de la Confederación Mapuche, Micaela Gomiz, indicó que “nos parece preocupante que el Ministerio Público Fiscal solicite un blindaje, porque muestra que hay una agudización del proceso de criminalización a los sectores de trabajadores que están en lucha y a las comunidades mapuches que en esta región están alertando sobre esta situación de entrega, saqueo y contaminación con este modelo que impone el gobierno nacional y la provincia respecto de la explotación de Vaca Muerta”.

En ese contexto Gomiz remarcó que “los conflictos los tiene que resolver la política pública que tiene que llevar la provincia y la nación. Uno esperaría que el poder político, sea a través del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, se este cumpliendo las necesidades de los sectores que están hoy reclamando. La justicia penal siempre tiene que se la última ratio y no debe ser la manera de abordar los conflictos sociales”.

Por último cuestionó que “no veo la misma energía puesto en que se cumpla el relevamiento mapuche que se prorrogó el año pasado y que hoy en día está absolutamente parado, ni garantizar que se cumpla la registraron de las comunidades que exigen ser reconocidas”.