“Los mapuches molestan en Vaca Muerta“, dijo hace unos días Jorge Nahuel, el principal vocero de la organización política que pretende representar a todas las comunidades mapuches al diario ‘La Mañana de Neuquén’.

Remarcaba entonces que al no hacerse el relevamiento territorial que comenzara con el kirchnerismo (y que lo tuviera a él como un protagonista principal a nivel nacional), y que ahora volvería pero reformado en sus modalidades iniciales a requerimiento, principalmente, del gobierno neuquino de Omar Gutiérrez, no se podrá arreglar el desquicio que supuestamente sucede en la superficie de esa formación geológica que representa miles de millones de dólares por largos años.

Según publica el sitio ‘EconoJournal’, el gobernador Omar Gutiérrez ya envió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la propuesta de convenio de co-ejecución para completar el relevamiento territorial para terminar de cumplir con la Ley 21.160. Si el organismo lo aprueba, el operativo se extenderá por los próximos 12 meses.

Mas ambiciosas, las comunidades mapuche de Neuquén buscan no sólo el reconocimiento de la jurisdicción mapuche para resolver conflictos internos sino también la oficialización del mapuzugun (el idioma mapuche) en la provincia. Pero el gobierno neuquino apenas se está poniendo al día con la finalización del relevamiento territorial para las comunidades reconocidas.

Así y todo, con su primer paso ya abrió la polémica. El 31 de mayo envió la propuesta de convenio de co-ejecución al INAI y lo anunció en los días previos al precoloquio de IDEA que reunió en la capital neuquina al grueso empresarial de la industria petrolera. Fue una señal para calmar reclamos de las operadoras cuyos representantes venían arrimando el tema para buscar una definición política que clarifique los tantos.

Si el INAI lo aprueba, se pondrá en marcha un operativo que se extenderá por 12 meses, pero que podrá prorrogarse con acuerdo de las partes.

Ocurre que en la zona hay todavía disputas territoriales que chocan con los objetivos millonarios de las petroleras. Se trata de tensiones que están en el centro de la agenda de estas empresas. 

Según publica el sitio mencionado, desde que se sancionó en 2006 la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, Neuquén relevó 15 comunidades. En el país, el número alcanzó las 650 y, según armó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe al Senado, el objetivo para el 2019 es incorporar 185 más.

Pero ahora, es el gobernador el que quiere que se vea su aporte.  El convenio enviado a las autoridades del INAI lo firmó el secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Lara, un funcionario de segunda línea en el gobierno, pero el único que conoce al dedillo las comunidades de la provincia y negocia y acuerda y se embarra en la conflictividad con sus dirigentes. Fue uno de los testigos en el juicio que se realizó hace dos meses contra integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, acusados por la usurpación en noviembre de 2014 de un terreno sobre la ruta 17, en la zona rural de Añelo.

“Siempre tuve la temática indígena bajo mi responsabilidad“, aseguró el funcionario en la audiencia donde declaró que no existe prueba documental que acredite la posesión ancestral de la comunidad en esa zona.

Los Campo Maripe son uno de los actores más polémicos en el mapa territorial de las comunidades mapuche y su interrelación con la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. Son, también, los excluidos de la propuesta de relevamiento que presentó la provincia para terminar de cumplir con la ley.

En el listado que Neuquén envió al INAI figuran 34 comunidades, cuatro de ellas en la zona Confluencia donde reside la mayor conflictividad: la Newen Mapu, Paynemil, Purrán y Kaxipayiñ.

Según el gobierno, a los Campo Maripe los dejaron de lado porque no tenían personería jurídica al momento de sancionarse la ley. El exgobernador Jorge Sapag se las entregó recién en 2014 para frenar una serie de cortes en los accesos a Loma Campana, el yacimiento que opera YPF en sociedad con Chevron.

Esa exclusión no es la única que generará ruido. También quedaron afuera el lof Wircaleo y el Puel Pvjv, todas en la zona más disputada de Vaca Muerta. 

Según el mencionado medio, las 3 comunidades preparan una demanda patrocinada por la defensa federal para solicitar al INAI que las incorpore al listado realizado por la provincia, según confirmó al sitio el defensor Pablo Matkovic. Si no se resuelve en una instancia administrativa, se concretará una denuncia judicial contra la provincia y Nación por dejarlas afuera del relevamiento.

“Si sostienen que son comunidades ‘inventadas’ entonces lo mejor para demostrarlo es hacer el relevamiento, no negarlo”, evaluó el abogado de la Confederación Mapuche, Emmanuel Guagliardo.

Entre las comunidades que sí integran el listado está la Kaxipayiñ, en la zona de Loma La Lata, donde mantienen paralizado un emprendimiento turístico inmobiliario promovido por el gobierno provincial en el istmo del lago Mari Menuco. El bloqueo obligó a relocalizar a los compradores de los 3.600 lotes a la orilla del Ramos Mexía, en Villa El Chocón, a casi 150 kilómetros de distancia.

Fuente: Urgente24