En las primeras horas de ayer un policía llegó hacia el sector en el que se encontraban los integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo. Tras el saludo formal, les informó que la situación había cambiado en las horas últimas y que la orden de “desalojo forzoso”, que había dictado el juez de garantías Sergio Pichetto, había quedado firme.

También se les informó que hasta tanto se ejecute esa orden judicial, desde la fiscalía se había dispuesto que quedaba prohibido el ingreso de toda persona que no se encuentre en el predio. Tampoco se autorizaba el ingreso de personas a pernoctar, pasar el día o visitar a los ocupantes.

La comunicación de desalojo lleva la firma del fiscal Inti Isla y del fiscal adjunto Gerardo Miranda. “El fiscal (Isla) se toma atribuciones que no le corresponden. Nosotros estamos esperando la orden del Tribunal de Impugnación”, sostuvo Ramiro Buenuleo, integrante de la comunidad mapuche.

Por otra parte, Buenuleo dijo que cuando le informaron que no podían entrar más comida para los ocupantes, les replicó que esa misma orden debería ser para los policías que custodian el predio. Al final, permitieron el ingreso de alimentos para las personas que desde hace más de un mes viven en ese lote, en una improvisada estructura, de chapas y nailon. Las mujeres que están en la ocupación expresaron su indignación con la orden de no dejar entrar comida. “Les dijimos que hay chicos acá”, sostuvieron.

Lozada es fiscal jefe y acompañó la formulación de cargos contra 8 mapuches (hombres y mujeres) la mayoría miembros de la comunidad Buenuleo por el delito de usurpación. El conflicto es por un lote de 92 hectáreas, ubicado en el barrio Pilar II, en el faldeo del cerro Ventana, a unos 12 kilómetros del centro de Bariloche, usurpado por los mapuches.