La cuestión de las competencias y quién será la autoridad de aplicación de la Ley de Plaguicidas que se sancione en la Legislatura provincial fueron algunas de las cuestiones que plantearon ayer los intendentes en el Plenario de Comisiones.
Saltó con claridad que existen temores en algunos sectores de la población, y un jefe comunal fue explícito al expresar que preocupa la fiscalización de la fumigación aérea, porque resulta difícil de ser registrada, y la «gente les tiene mucho miedo, más que a las terrestres».

El camino es el control.
El diputado Oscar Zanoli (Frejupa) abrió lugar para las preguntas, y mientras los visitantes iban diciendo lo suyo se pudo advertir que muchos consideran que «por el camino del control es por donde pasa el tema», y que se lo debe transitar «con leyes que no sean estancas y se vayan modificando con el paso del tiempo».
Esa respuesta ensayó -ante una consulta de Francisco Torroba (UCR)- Víctor Martín, asesor fitosanitario de Ceballos y Bernardo Larroudé. El especialista recordó que tuvieron «muchos inconvenientes de tipo legal; hubo muchos años de falta de control.
Por otra parte al hacer mención a las competencias alertó que se les dificultarán los controles a los municipios, porque a la mayoría les resulta «impensado armar un equipo interdisciplinario», detalló.

Prohibir no.
Sobre las prohibiciones no se mostró de acuerdo, y en cambio se expresó a favor «del control. Es por donde pasa el tema».
En este punto el diputado Martín Balsa (Frejupa) señaló que «no es el espíritu de la ley» prohibir, pero sí fiscalizar.
Fue Alicia Mayoral (Frejupa) quien agregó que «los controles deben pasar por los intendentes, pero no todos pueden tener la logística, así que vamos a tratar de regularlo y tener un equilibrio».

Temor a fumigación aérea.
El diputado Ariel Rojas (Frejupa) preguntó si están de acuerdo en que la ley les otorgue facultades de control de las fumigaciones, y Melina Medus, directora de Ambiente de General Pico, respondió: «Sabemos que es difícil incorporar a un equipo técnico. Logramos tener a un ingeniero agrónomo y otros profesionales para tratar este tema. Convivimos con el conflicto en la zona fronteriza, donde la gente cada vez vive más, y de repente se da cuenta que convive con el campo, por lo cual nos convertimos en un intermediario entre el vecino y el productor. La normativa de Pico es un ejemplo, pero igual costó que se instalara entre los que producen».
Sobre las fumigaciones áreas señaló que la gente «les tiene mucho miedo. Ahí es donde más denuncias tenemos, pero es difícil registrar estos vuelos, porque tampoco tienen la obligación de presentarnos algo a nosotros. Esta es nuestra mayor preocupación más que lo terrestre», completó.

Dudas por las competencias.
Luis Bertero, intendente de Maisonnave, habló de la trazabilidad. «Los productores estamos bombardeados por los ambientalistas que dicen que todo es malo y por los que venden agroquímicos que dicen que todo es bueno. Tenemos que buscar un equilibrio».
Federico Ortiz, de Riglos, recordó que han vivido «situaciones complejas, pero lo hemos tomado como una oportunidad que terminó con la sanción de una ordenanza, y otra con la creación de la Dirección de Ambiente. Surgió una normativa y no hemos vuelto a tener problemas. Sobre la ley no me queda claro el tema de las competencias. Se habló que los municipios van a tener que hacer los controles», dijo a la vez que aclaró que les resultaría complicado a las localidades armar equipos interdisciplinarios.

¿Quién cuida a peones rurales?
El mismo Federico Ortiz habló de los peones rurales: «No tengo la capacidad de cuestionar el tema de los 500 metros, pero sí me planteo quién cuida a los peones rurales, o las familias que viven de los campos, porque tendrían que tener ese cuidado».
Patricia Lavín, que había hablado antes con la prensa, aportó que los municipios no pueden estar ajenos: «Estamos entre la demanda de la ciudadanía, y los sectores vinculados a la producción. Celebramos esta normativa, porque a nosotros nos genera tensión lidiar entre las dos partes».

Producción orgánica.
Ariel Boggino, de Embajador Martini, expresó: «En Embajador tenemos una ordenanza, que es muy parecida a la de Riglos. Lo que me preocupa son los metros, porque de acuerdo a la distancia podrían perder «un 40% de producción».
Rubén Muller, de Alpachiri, pidió que la ley contemple, para aquellos que hagan producción orgánica, algún «beneficio, porque sino vamos a fumigar de nuevo ya que es mayor negocio», concluyó.

«Hay otras formas de producir»
«Hay algunos puntos del proyecto que nos involucran directamente a los municipios, porque habla de firmar convenios y que esté en nosotros el control, el monitoreo, la fiscalización y puesta en marcha de la ley», expresó Patricia Lavín, hoy intendenta de Ingeniero Luiggi.
Antes de ingresar al Plenario donde se debatiría la Ley de Plaguicidas, la ex diputada provincial destacó que consideraba «bueno poner en debate este tema, que nos atraviesa a todos las y los pampeanos, y creo que realmente es el momento de generarlo».
Elogió a los diputados por invitar a los intendentes «que somos los que estamos en territorio y quienes escuchamos los distintos planteos, desde los productores y de los vecinos que nos reclaman que cuidemos su salud».
Lavín indicó que el tema que se iba a debatir fue abordado con los demás intendentes de la Microrregión 1, a la que pertenece Ingeniero Luiggi.
Sobre si los municipios se deben encargar de controlar, Lavín opinó que entendía que «no hay margen para que los municipios no lo hagamos, más allá que genera una discusión entre los colegas sobre si tenemos o no la estructura. Son las nuevas competencias y las nuevas funciones que a lo largo de los años nos han dado a los municipios y debemos hacernos cargo de esta situación», expresó.
No obstante se mostró comprensiva de que hay localidades más chicas que no están en condiciones de armar una estructura, «y ahí es donde tenemos que actuar en la región, buscar acuerdos y pensar en una estructura compartida y una gestión asociada entre las distintas localidades», opinó.

«Necesitamos la ley».
Por su parte el intendente de Uriburu, Pascual Fernández, manifestó que sobre el tema fumigaciones nunca vio buena predisposición, «porque siempre se piensa más en la producción».
Así ejemplificó con que «un productor envenenó 100 árboles, otra productora taló 30 árboles… Tenemos una responsabilidad que tiene que estar por encima de todos, y debemos sacarnos el chip de que no hay otro modo de producción», porque sí «hay otras formas de producir», sostuvo.
Fernández también dijo que resulta «fundamental hacer hincapié en las distancias. Si se habla de los problemas que causa la fumigación en una ciudad, imaginen qué pasa en los pueblos que son lindantes a los campos», alertó. «Uriburu lo sufre y en especial medida. Tenemos un centro turístico como la laguna de Ojo de Agua, que lo ofrecemos, lo mantenemos limpio, que está rodeado de campos, pero necesitamos de esa ley para que todos estén protegidos», pidió.