Recordemos que, a la fecha, la titular de la comisión de Ambiente es la autora del único proyecto vigente de Presupuestos Mínimos en Senado; mientras que en Diputados ya hay presentadas seis iniciativas.

Para dar comienzo a la reunión, Gladys González expresó la “enorme preocupación” que representan los incendios y que se deben evitar en un futuro.

Para la primera jornada de debate, Roberto Bo, miembro de la Fundación de Humedales, se refirió a los principios básicos que debe contemplar una ley de humedales para que sea un proyecto superador:

Definición clara de la conservación de los humedales, integridad ecológica (entendida como el normal funcionamiento hidrológico) y sustentabilidad no económica, sociocultural y ecológica de los humedales.

Definición del Cofema
ü Autoridad de aplicación: máximo referente a nivel nacional, pese a que cada provincia conservará su autonomía.
ü Que la autoridad suprema esté acompañada por un gabinete interministerial e interprovincial, así como también por un consejo consultivo que articule con la academia y representantes sociales.
ü Que los criterios de uso se adaptan a los humedales (y no los humedales a los usos).
ü Monitoreo y control (evaluación del progreso de las medidas).
ü Sanciones y moratoria.

A continuación, Ana di Pangracio, adjunta de la Fundación Ambiente, resaltó la importancia de herramientas eficaces para gestionar los humedales que incluyan una ley de presupuestos mínimos. También se refirió a iniciativas pasadas que “lamentablemente por el lobby agropecuario no pudieron progresar”.

En cuanto a la nueva ley, propuso que sea progresista y ecocéntrica, que incluya los principios legales in dubio pro natura, in dubio pro aqcua, principios precautorios y de prevención. “Necesitamos una ley que tenga una definición clara y operativa de los humedales; que inste a la conformación de un inventario nacional en cuatro niveles (regionales, sistema de paisajes, unidades de paisajes y de humedales), que cuente con herramientas de evaluación de impacto (ambiental, estratégica y de impactos acumulativos), que dé lugar a la participación ciudadana, y que constituya un fondo económico.

Por su parte, Cesar Massi, referente de la Asociación Ecologistas de Santa Fe, habló del desastre ecológico (“ecocidio”) que se está llevando a cabo desde enero y que ya arrasó con 100 mil hectáreas.

“Estamos pampeanizando el río, quieren pasar de un humedal biodiverso a una pampa donde solo hay vacas”, argumentó y agregó que la ley no debe ser prohibitiva pero que las prácticas sustentables deben ser premiadas en contraposición de las que no lo son.

Fernando Miñarro, Director de Fundación Vida Silvestre, dijo que no se trata únicamente de la protección, sino también de la restauración de los humedales. “En la restauración tienen que estar involucrados los sectores que afectan a estos ecosistemas para poder cambiar las formas de uso”, explicó y agregó que la ganadería bajo buenas prácticas puede contribuir al reacondicionamiento de la zona.

También habló de la “capacidad de carga de los ambientes” ya que el soporte y la asimilación a las acciones humanas, por ejemplo, de las productivas, depende de cada tipo de humedal, de casa paisaje particular.

En línea con los expositores precedentes, también habló de la necesidad de inventario, un fondo, sanciones y reconocimientos. Por último, se refirió a la actividad legislativa en particular y dijo que es necesario que ambas cámaras se pongan de acuerdo y que la actuación en paralelo no paralice el accionar de ninguna de ellas.

Luego fue el turno de los referentes de la Defensoría del Pueblo. Lucila Taboada, Jefa de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, habló de los incendios como “la punta del iceberg de un problema que es mucho más profundo que dejó en evidencia la falta de una política nacional para el cuidado de los humedales”

“La posición institucional de la defensoría siempre va a tener un enfoque normativo, siempre va a velar por el cumplimiento del derecho a un ambiente sano del que derivan otros derechos”, sintetizó.

Por su parte, José Bockel, subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, resaltó dos cuestiones técnicas a considerar en los proyectos. La primera, sobre el término “uso racional de los humedales” que no debe abordarse en forma ambigua y destacó que es necesario, para este tipo de leyes, preguntarse cuáles son los derechos que están siendo vulnerados y avanzar en esa línea. Y, en segundo lugar, señaló que hace falta incluir el criterio de “delimitación”, que si bien es un proceso que puede llevar varios años, no puede faltar en este tipo de reglamentaciones.

Al finalizar la lista de oradores, se dio la palabra a los senadores presentes.

Gladys González (PRO-Buenos Aires) hizo énfasis en la importancia de incorporar las causas y consecuencias del cambio climático a la agenda de la gestión pública en general y Guillermo Snopek (TODOS-Jujuy) resaltó que es necesario un equilibrio entre lo ambiental y la producción sustentable.

Por su parte, María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz) consultó si la definición de humedales debe incluir convenios internacionales a los que la Argentina suscribió. Los especialistas señalaron que, por ejemplo, la definición Ramsar es complementaria a la que ellos acogen, pero que no es operativa ya que es una lista poco precisa.

Por último, Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos) hizo hincapié en tener en cuenta la definición técnica de identificación de los humedales, ya que hay espacios que, hace más de 30 o 40 años, dejaron de serlo. Los especialistas contestaron que, en ese caso, se tiene en cuenta que los humedales son dinámicos en tiempo y en espacio pero que hay factores que persisten.

Para el cierre, Gladys Gonzalez concluyó que se está comenzando con la “tarea intensa” de escuchar a todas las voces y se buscará trabajar con asesores “para consensuar una norma en conjunto con Diputados”.