“El fin de la concesión de las hidroeléctricas, es una oportunidad para la región y la nación, de definir una Política de Estado de energía y de uso de nuestros recursos naturales”.
Los Diputados Nacionales de las provincias patagónicas, Lorena Matzen (Río Negro), Gustavo Menna (Chubut), Roxana Reyes (Santa Cruz), Francisco Sanchez (Neuquen) y Hector Stefani (Tierra del Fuego), con el acompañamiento de sus pares Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Diego Mestre, Jorge Rizzoti, Hernan Berisso y Omar de Marchi, presentaron un Proyecto de Ley que Declara de Interés Público el inicio del proceso orientado a instrumentar y dar forma a la reversión de las centrales hidroeléctricas otorgadas al amparo de la ley 24.065 al vencimiento del plazo en el año 2023, establecido en cada uno de los respectivos contratos de concesión.
El Proyecto propone una mirada amplia, que reconozca la legitimidad de la propiedad del recurso hídrico a las provincias, con la participación y niveles de decisión correspondientes, y que al mismo tiempo no pierda de vista los intereses nacionales de abastecimiento de energía eléctrica, en juego. “Entendemos que, de no primar esta posición de trabajo y acuerdos, y promover un terreno de confrontación entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, podríamos llegar a favorecer la prevalencia de intereses sectoriales y privados en juego, para la búsqueda de la continuidad de una explotación privada que, a esta altura entendemos debe finalizar”, expresan los diputados entre los fundamentos.
Asimismo se crea, en el ámbito de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, el Programa de Análisis y Estudio de un Marco Regulatorio Integral para todas las centrales hidroeléctricas existentes y a construir; y promueve un Consejo Asesor de carácter participativo y plural para su diseño.
El Marco Regulatorio deberá contener, como mínimo, aspectos vinculados a, el contenido de la Auditoría a realizar sobre los bienes de uso concesionados, la elaboración de un nuevo Marco Jurídico que defina el carácter organizacional para la operación y explotación de las centrales, y considerar la participación e intervención que les corresponde a los Estados provinciales en que se encuentren situadas las centrales hidroeléctricas objeto de esta ley, en su carácter de titulares del dominio originario del recurso hídrico a tenor de lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional.
De igual manera se deberán establecer los parámetros que garanticen costos eficientes de generación, administración, operación y mantenimiento, asi como sistemas de seguridad fijados internacionalmente para centrales hidroeléctricas comparables.
“Estamos frente a la oportunidad…”, expresaron los diputados, “… de revertir una mirada centralista y privatista sin eficiencia ni mejoras, como la que llevó adelante el peronismo en los años 90, y colocar en la agenda pública el debate sobre nuestros recursos, su explotación y su protección en el marco de una política de desarrollo y cuidado medioambiental”
