Cochamo.-Habitantes de las zonas cordilleranas de Cochamó, en la Región de Los Lagos, presentaron el viernes pasado un recurso de apelación ante la Corte Suprema, luego de que se rechazara el recurso de protección interpuesto en diciembre del año pasado ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt deficiencias en la prestación de servicios de conectividad lacustre en el Lago Tagua Tagua.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desestimó el alegato de la comunidad cordillerana de Cochamó, cuyo argumento central plantea que la el servicio de transporte lacustre en el Lago Tagua Tagua, operado por Transportes Puelche S.A y subsidiado por el Estado para conectar zonas aisladas, se realizaba de manera discontinua, interrumpida, irregular e insuficiente, dificultando la conectividad de pasajeros y el traslado de carga que abastece esta aislada zona.Este recurso de protección fue presentado en primera instancia en enero de este año, en medio de la temporada alta, donde el servicio de conectividad nuevamente no dio abasto, según lo mencionado en el recurso presentado y el relato de turistas, habitantes y autoridades comunales.
Una de las medidas que tomó el Gobierno dentro del programa Plan Verano 2023 del Ministerio de Transportes fue aumentar en un 30% los viajes de la nave Caupolicán, anuncio que realizó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones en la región de Los Lagos, Pablo Joost, el día 14 de enero, luego de que los vecinos ingresaron el recurso de reclamación. La medida fue tomada por las autoridades principalmente para enfrentar el aumento de flujo de turistas en la temporada alta.
A pesar de esta medida, los habitantes del sector cordillerano de Cochamó mencionaron que las medidas implementadas por las autoridades fueron insuficientes. Así lo expresó Sergio Cuevas, vocero del grupo de reclamantes “Luego de que se ingresó el recurso de protección en la corte tuvimos un cambio en el recorrido subvencionado del Lago Tagua Tagua. Se sacó la barcaza chica que hace dos recorridos y se subió a 14 recorridos de la barcaza Caupolicán, que tiene más capacidad. Si bien es cierto mejoró, pero no fue suficiente porque aún quedan muchos vehículos por ambos lados, incluso llegando a estar 60 vehículos que no alcanzaban a cruzar y lo que se requiere son dos barcazas del mismo tamaño para poder asegurar la pasada de toda la gente, porque no es digno quedarse ni menos para los adultos mayores y niños”.
Además de las largas filas de espera, sobre todo durante la temporada de verano, la comunidad local afirma que hay constantes interrupciones de los zarpes durante todo el año por la falta de instrumentos de navegación y medidas que hagan más eficiente la operación de la barcaza. Tampoco se considera el aumento exponencial de la demanda en verano y la poca transparencia en los cobros, produciendo molestia en los usuarios. Por su parte, los turistas también han sido afectados por las largas esperas, incluso algunos han debido dormir en sus autos a la espera de cruzar, lo que afecta a la comunidad y deteriora la calidad del destino turístico.
Según Gabriela Barriga, abogada representante del grupo de vecinos que presentaron el recurso de protección “la frecuencia de los viajes no es suficiente para satisfacer la demanda de transporte de pasajeros y su carga, evidenciándose largas filas de autos esperando en ambos puertos siendo un problema de público conocimiento. Y esto ha sido así, aun después de que el Contrato de prestación de servicios fuera modificado aumentando las frecuencias”.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt argumentó que las entidades públicas interpeladas han dado cumplimiento a la obligación de ejecutar planes, iniciativas, proyectos y programas destinados a brindar solución a los problemas de conectividad, cumpliendose con esto el principio de legalidad, debido a que las entidades públicas realizaron la contratación de un proveedor que otorga el servicio de transporte. Otra de las razones que manifestó en defensa el Ministerio de Transporte, es que el cumplimiento eficaz del servicio se ve afectado debido a la ubicación geográfica de esta zona y la escasa oferta de operadores disponibles, circunstancia que dificulta su inmediata solución.
“La sentencia no logra hacerse cargo de lo alegado por esta parte, pues no es suficiente que exista un proveedor que otorgue el servicio de transporte, sino que la prestación del servicio lacustre debe prestarse de manera continua y regular de acuerdo a su Contrato y Bases” explicó la abogada representante de los habitantes de Cochamó. “Es por ello que el 12 de abril presentamos un recurso de apelación en contra de la sentencia, para que la Corte Suprema pueda revisar nuestras alegaciones”.Según Barriga, “en lo que va del 2023 siguen ocurriendo problemas de atochamientos en ambos puertos y siguen apareciendo relatos de personas que han quedado sin poder trasladarse a tiempo cuándo lo han requerido”, por ejemplo, el 15 enero 2023 la turista Johana Bohmwld, publicó un reclamo en redes sociales, donde mencionó que fueron por el día a pasear a Llanada Grande y que se prioriza el cruce de vehículos con carros de arrastre y de carga, quedando los autos particulares “atrapados”, sin ropa de abrigo adecuada y sin los medicamentos que necesitaban menores de edad.
En el relato la usuaria comentó que “Logramos comunicarnos con ellos tomando señal en un cerro porque en el mismo lugar no hay señal y nos dijeron que vendrían por viaje especial solamente y aunque tuviéramos gente en urgencia si no pagamos los $275.000 no vendrían, además debíamos tener el dinero en efectivo apenas ellos llegarán porque de otra manera no subía nadie”. “Solo pasaron 3 autos que pagaron $91.667 porque cobraron viaje especial y otros dos autos nos alojamos en el sector”, relató la usuaria afectada.
La abogada explicó que las entidades públicas “deben velar por la eficacia de la prestación del servicio como parte del deber de coordinación, sobre todo cuando hay una afectación a los derechos fundamentales”, finalizó.
Fuente: Puelo Patagonia
