Neuquén.-Se trata de los residuos peligrosos depositados por la empresa Comarsa. “No se puede ubicar ahí a la gente”, cuestionó el fiscal Maximiliano Breide Obeid.
La Fiscalía de Delitos Ambientales aseguró que hay una importante contaminación en la zona de la meseta donde la Municipalidad planea el desarrollo de loteos, debido a la permanencia de los residuos peligrosos por parte de la Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa), la empresa investigada por haber contaminado el ambiente.
El pasado 21 de febrero, por unanimidad, un tribunal de revisión ratificó el embargo por 7 millones de dólares de los bienes de la empresa. La medida abarca a dos empresarios imputados que, teniendo a su cargo la operación de la firma, simularon ganancias por la realización de tratamientos que no se concretaron; y a un empleado.
La maniobra investigada desde 2014 hasta la actualidad es por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población sobre el predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital.
El fiscal jefe a cargo del caso, Maximiliano Breide Obeid, confirmó este jueves que pidieron a la Municipalidad de Neuquén el envío de los estudios de impacto ambiental ya que se trata de una zona donde está prevista la construcción de viviendas.
“Creemos que no se puede lotear ahí o ubicar gente al lado de 300 mil metros cúbicos de residuos peligrosos”, señaló en diálogo con LU5 y confirmó que en los terrenos hay contaminación “porque son residuos provenientes de la actividad hidrocarburífera que tienen un montón de metales pesados, como el mercurio o el plomo, que son tóxicos y están depositados sin ningún tipo de tratamiento, y ahí van a quedar”.
El funcionario judicial marcó que la Municipalidad “no puede ignorar que están loteando al lado de ese lugar” y dijo que también pidieron una medida cautelar, pero no fue aceptada.
Allanamiento en Comarsa por contaminación
El pasado 21 de diciembre, se llevó adelante un allanamiento en las instalaciones de Comarsa, por pedido del fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, y con la autorización de un juez de garantías.
El operativo fue el tercero que se desarrolló en las instalaciones de la empresa y se enmarca en la investigación surgida a partir de una denuncia por acopio de residuos peligrosos sin tratamiento, “sin las medidas básicas para asegurar que no se contamine el ambiente” y “a escasos metros de barrios de viviendas”.
Según se indicó, la fiscalía especializada apuntó a tomar “muestras de suelo, de aguas y de cualquier otra matriz ambiental” que pueda haber sido afectada por el acopio del material; documentación (habilitaciones ambientales, resultados de monitoreos ambientales, auditorías internas y externas, controles de ingreso y egresos de la planta, manifiestos de transporte y tratamiento de residuos peligrosos, registro diario de operaciones, planos de infraestructura, entre otros) y dispositivos electrónicos, computadoras y unidades de almacenamiento.
Por otra parte, el pasado 21 de febrero un tribunal de revisión ratificó el embargo por 7 millones de dólares de los bienes de los imputados. El delito por el que se formularon cargos es el de contaminación peligrosa para la salud pública, en concurso real con administración fraudulenta.
Durante la audiencia, la asistente letrada Julieta González precisó que al monto de “USD 7 millones se llegó sobre la base del beneficio objetivo” que obtuvieron los imputados por la maniobra desplegada. “Son USD 2.35 millones que corresponden al estimado respecto de J.M.L, al provecho efectivo del ilícito; y el resto al perjuicio general, “no solo por el saneamiento que hay que realizar”, dijo.
Fuente: www.lmneuquen.com
