Viedma, Rio Negro, 12 de diciembre de 2025. La gestión de la basura electrónica se ha convertido silenciosamente en una de las crisis ambientales más graves de la Argentina contemporánea, aunque pocas veces aparece en la agenda pública con la urgencia que exige su impacto real. Cada año, miles de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos —junto con pilas, baterías y materiales provenientes de la construcción— se acumulan sin control en rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto o incluso son incinerados sin ningún tipo de tratamiento, liberando sustancias tóxicas capaces de dañar la salud humana por generaciones. Pero detrás de este problema creciente hay una pregunta que muy pocos se animan a responder con datos: ¿a dónde va verdaderamente la basura electrónica que descartamos? Un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de General Sarmiento decidió investigar el destino final de estos residuos en la Provincia de Buenos Aires y sus hallazgos exponen una problemática estructural que combina falta de normas claras, escasez de infraestructura y un sistema de gestión municipal profundamente desigual.
¿Qué son los RAEE y por qué representan un riesgo creciente para la salud y el ambiente?
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) abarcan desde computadoras, celulares y televisores hasta electrodomésticos y dispositivos que contienen componentes altamente contaminantes. Su volumen crece año tras año debido al recambio tecnológico acelerado y al consumo masivo de productos electrónicos de corta vida útil. Los investigadores de la UNGS advierten que en la última década estos residuos no solo aumentaron en cantidad, sino también en complejidad, debido a la incorporación de nuevos materiales, aleaciones, retardantes de llama bromados y metales pesados difíciles de gestionar. A estos se suman las pilas y baterías, cuyo contenido químico —que incluye mercurio, plomo, níquel, litio y cadmio— las convierte en una de las corrientes de residuos peligrosos de mayor preocupación mundial. La complejidad se incrementa aún más cuando se incluyen los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), que hoy contienen plásticos avanzados, materiales de construcción seca y tratamientos físico-químicos que requieren procesos específicos para evitar impactos negativos irreversibles.
La investigación clave que revela el destino real de los residuos electrónicos en el Gran Buenos Aires
El proyecto, titulado “Análisis del flujo de materiales, actores e intereses involucrados en la gestión de RAEE, RCD y residuos de pilas en la Región del Gran Buenos Aires. Desarrollo de lineamientos de gestión y nuevas normativas”, fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de expertos del Instituto del Conurbano de la UNGS junto con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo principal fue reconstruir el ciclo completo de estos residuos: desde el momento en que un aparato termina su vida útil hasta su tratamiento, disposición final o abandono. Mediante el análisis de fuentes secundarias, bases estadísticas, bibliografía especializada, entrevistas y trabajo de campo, el equipo pudo trazar un mapa de actores sociales, circuitos formales e informales, vacíos legales y desigualdades municipales que determinan el destino final de los desechos. Lo que encontraron es alarmante: la mayoría de los RAEE termina fuera de cualquier sistema de gestión adecuado, mientras que los municipios carecen de lineamientos unificados para su tratamiento.
El mapa oculto: rellenos, basurales a cielo abierto y circuitos informales que crecen sin control
A pesar de que a nivel nacional existe una normativa básica para la gestión de los RAEE, la realidad en la Provincia de Buenos Aires es totalmente fragmentada. Los especialistas explican que hay municipios con ordenanzas específicas y sistemas formales de recolección diferenciada, pero la mayoría carece de infraestructura y protocolos. Esto provoca que grandes volúmenes de basura electrónica terminen depositados junto a residuos domiciliarios comunes o en basurales clandestinos, donde el fuego, la descomposición y la informalidad reinan. En estos espacios proliferan prácticas altamente riesgosas, como la quema de cables para recuperar cobre o la apertura sin protección de equipos con componentes tóxicos. Los especialistas resaltan que este circuito informal —necesario para la subsistencia de algunos sectores vulnerables— expone a trabajadores, niños y comunidades enteras a sustancias peligrosas. Y lo más preocupante: no existe hoy un sistema de trazabilidad que permita saber con precisión cuánto residuo electrónico circula por estas vías ilegales.
El costo invisible: impactos ambientales que permanecen por décadas
El abandono de los RAEE tiene consecuencias que no siempre se hacen visibles de inmediato, pero cuyos efectos perduran durante décadas. La liberación de metales pesados en suelo y napas freáticas, la presencia de plásticos no degradables, las emisiones tóxicas por quema y el riesgo de incendios son solo algunos de los impactos mencionados por los investigadores. En el caso de las pilas y baterías, el problema es aún más agudo: su composición química puede contaminar miles de litros de agua con apenas una unidad en estado de descomposición. El equipo de la UNGS subraya que la falta de conciencia ciudadana y la ausencia de campañas sostenidas de recolección provocan que millones de pilas sean descartadas cada año en lugares inadecuados. De continuar esta tendencia, advierten, el Gran Buenos Aires podría enfrentar daños ambientales de largo plazo que exigirán inversiones millonarias para ser mitigados.
Por qué el reciclaje de basura electrónica todavía no despega en Argentina
Aunque existen empresas, cooperativas y organizaciones especializadas en el reciclaje de componentes electrónicos, estas solo pueden procesar una fracción mínima del total generado en la provincia. La falta de plantas de tratamiento con capacidad suficiente, sumada a la ausencia de incentivos económicos para la recolección y procesamiento, convierte el reciclaje en una actividad de baja escala. Los expertos señalan que otro de los grandes problemas es la falta de normas claras que obliguen a los fabricantes e importadores a responsabilizarse por el final de vida útil de los productos que comercializan —un principio conocido como Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Sin un marco que distribuya costos y responsabilidades entre los actores del mercado, la gestión queda mayormente a cargo de los municipios, que no cuentan con recursos técnicos ni presupuestarios suficientes para sostener programas eficaces y de largo plazo.
Diferencias entre municipios: un sistema desarticulado que profundiza las brechas
El estudio muestra que los sistemas de recolección y gestión varían enormemente entre municipios. Algunos cuentan con puntos verdes bien estructurados, campañas permanentes y convenios con recicladores certificados; otros apenas logran recolectar RAEE una o dos veces por año mediante jornadas especiales. Esta desigualdad no solo afecta la eficacia de la gestión, sino también la percepción ciudadana: en muchos distritos, las personas no tienen información clara sobre dónde dejar sus aparatos en desuso, lo que lleva a que sean descartados como basura común. Las investigadoras del proyecto enfatizan que la falta de un marco normativo provincial unificado genera una dispersión que dificulta la planificación y la optimización de recursos. Y sin una red articulada, cualquier intento de implementar políticas de reciclaje a gran escala queda diluido.
La necesidad urgente de una normativa integrada y moderna
Uno de los objetivos principales del proyecto es elaborar lineamientos que sirvan como base para una normativa provincial actualizada, integral y adaptada a la complejidad de los nuevos residuos. La presencia de materiales innovadores en los RCD, los cambios tecnológicos permanentes en los dispositivos electrónicos y la creciente cantidad de pilas y baterías en circulación requieren políticas dinámicas que se actualicen con regularidad. Los investigadores explican que esta normativa debería incluir criterios para la recolección diferenciada, instalaciones adecuadas, protocolos de seguridad, trazabilidad y responsabilidades compartidas entre productores, consumidores, municipios y organismos provinciales. También recomiendan incorporar modelos de inclusión social que integren a cooperativas y recuperadores urbanos dentro de un esquema formal y seguro, evitando la precarización del trabajo y la exposición a materiales tóxicos.
¿Qué puede hacer hoy el ciudadano común con sus aparatos electrónicos en desuso?
Mientras se trabaja en nuevas guías y normativas, el equipo de investigación insiste en la importancia de que la sociedad adopte prácticas responsables. Una de las recomendaciones clave es mantenerse informado sobre las campañas municipales de recolección de RAEE, que suelen anunciarse de manera periódica en las redes sociales o páginas oficiales de cada distrito. También sugieren evitar almacenar durante años aparatos en desuso, ya que esto solo dilata su adecuado tratamiento. En el caso de las pilas, las opciones son más limitadas, pero muchos municipios, puntos verdes, instituciones educativas y organizaciones ambientales ya disponen de contenedores específicos. Utilizarlos correctamente es esencial para reducir el riesgo de contaminación. La participación ciudadana, aunque insuficiente sin una política sólida detrás, puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de residuos que termina fuera del circuito adecuado.
El rol de las universidades y la importancia de producir evidencia científica local
El proyecto de la UNGS evidencia el papel fundamental de las universidades públicas en la producción de conocimiento capaz de influir en políticas concretas. Sus investigaciones permiten visibilizar problemáticas estructurales que no suelen ser abordadas con la profundidad necesaria por organismos gubernamentales. Al analizar el ciclo de vida de los residuos, mapear actores, documentar vacíos normativos y evaluar flujos informales, los investigadores generan información clave para la toma de decisiones. Además, al trabajar articuladamente con el Ministerio de Ambiente bonaerense y con especialistas externos, como el investigador Diego Brancoli, se fortalece un ecosistema técnico-científico capaz de proponer soluciones prácticas, medibles y replicables en otros territorios del país.
Cómo afecta esta crisis a la economía y por qué puede transformarse en una oportunidad
Aunque el panorama es complejo, los investigadores señalan que los RAEE representan también una oportunidad. Muchos de sus componentes —metales, plásticos técnicos, cables, piezas electrónicas, baterías de litio— poseen un valor económico significativo. Si se implementara un sistema eficiente de recolección y reciclaje, la Argentina podría recuperar miles de toneladas de materiales, reducir la importación de ciertos insumos industriales y generar empleo verde. Países como Japón, Alemania y Corea del Sur ya demostraron que los RAEE pueden convertirse en un recurso estratégico dentro de una economía circular robusta. Sin embargo, esto requiere infraestructura, normas claras y un modelo de gestión que incluya a todos los actores sociales, desde el sector privado hasta los municipios y cooperativas.
El desafío cultural: cambiar hábitos para enfrentar una problemática en expansión
Más allá de las soluciones técnicas y normativas, los investigadores enfatizan la necesidad de un cambio cultural. En un contexto donde la obsolescencia programada acelera el recambio de dispositivos y donde muchos consumidores ven a la tecnología como descartable, es fundamental promover hábitos de reparación, reutilización y consumo responsable. En el caso de los RCD, promover la construcción sostenible, la elección de materiales más duraderos y la gestión adecuada de escombros es clave para reducir el impacto ambiental. Transformar la relación de la sociedad con la basura electrónica requiere campañas educativas constantes, incentivos y un compromiso político sostenido.
Lo que viene: lineamientos de gestión integral que podrían cambiar la historia de los RAEE en Argentina
La investigación de la UNGS culminará en la elaboración de guías de gestión integral e inclusiva para RAEE, RCD y pilas, diseñadas para ser utilizadas por municipios, organismos provinciales y actores sociales. Estas guías incluirán recomendaciones técnicas, normativas y operativas basadas en la evidencia recolectada. De aprobarse y aplicarse, podrían convertirse en un punto de inflexión en la gestión de residuos electrónicos en el país. El equipo destaca que estas propuestas se encuentran alineadas con estándares internacionales y buscan resolver problemas que afectan simultáneamente la salud, el ambiente y la economía. En un escenario donde la basura electrónica crece sin freno, contar con herramientas claras y actualizadas es esencial para garantizar un futuro más seguro y sustentable.
La crisis de los RAEE y de las pilas usadas no puede continuar siendo invisibilizada. Cada dispositivo que desechamos sin cuidado, cada pila tirada en la basura común y cada material de construcción abandonado en espacios públicos contribuye a un ciclo de contaminación silenciosa que amenaza a millones de personas. La investigación del equipo de la UNGS no solo expone un diagnóstico detallado, sino que ofrece una hoja de ruta concreta para revertir esta tendencia. El desafío ahora es que los municipios, las instituciones y la ciudadanía actúen con la rapidez que el problema exige. La basura electrónica es el residuo característico del siglo XXI: ignorarlo es abrir la puerta a una crisis ambiental de dimensiones desconocidas.
Un problema urgente que requiere acción inmediata
La crisis de los RAEE y de las pilas usadas no puede continuar siendo invisibilizada. Cada dispositivo que desechamos sin cuidado, cada pila tirada en la basura común y cada material de construcción abandonado en espacios públicos contribuye a un ciclo de contaminación silenciosa que amenaza a millones de personas. La investigación del equipo de la UNGS no solo expone un diagnóstico detallado, sino que ofrece una hoja de ruta concreta para revertir esta tendencia. El desafío ahora es que los municipios, las instituciones y la ciudadanía actúen con la rapidez que el problema exige. La basura electrónica es el residuo característico del siglo XXI: ignorarlo es abrir la puerta a una crisis ambiental de dimensiones desconocidas.
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.
