Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, AIAS, 26 de julio de 2024. ¿Qué ocurre cuando una instalación aparentemente científica puede esconder capacidades militares en una de las zonas más sensibles del hemisferio sur? La reactivación del radar instalado por LeoLabs en Tolhuin, Tierra del Fuego, abre una discusión que combina geopolítica, soberanía, intereses tecnológicos y alianzas internacionales. Con el nuevo escenario político argentino liderado por Javier Milei y su alineamiento con Estados Unidos, la estación terrestre podría quedar operativa en los próximos meses, reactivando tensiones internas y externas.

Una instalación en disputa: ¿tecnología de vanguardia o riesgo estratégico?

El radar de LeoLabs, instalado entre 2022 y 2023 en la estancia El Relincho, cerca de la localidad fueguina de Tolhuin, ha estado en el centro de la polémica desde su montaje. Aunque oficialmente presentado como parte de una red de observación satelital con fines civiles, científicos y comerciales, su ubicación y características técnicas despertaron rápidamente alertas dentro del Ministerio de Defensa argentino y organismos aeroespaciales locales.

En agosto de 2023, diversas voces institucionales advirtieron sobre la naturaleza dual (civil y militar) del sistema, señalando que podía ser utilizado para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento espacial. El silencio y la inacción de las gestiones políticas previas –especialmente del entonces presidente Alberto Fernández y del gobernador fueguino Gustavo Melella– aumentaron la incertidumbre en torno al verdadero propósito del proyecto.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, se ha evidenciado un replanteo del vínculo estratégico de Argentina con Estados Unidos. En este nuevo marco de relaciones, y tras el encuentro de alto nivel en Ushuaia con la jefa del Comando Sur de EE.UU., general Laura Richardson, sumado a la presencia de los ministros Luis Petri, Nicolás Posse y Guillermo Francos, los indicios de una apertura hacia la colaboración militar bilateral son claros.

La empresa LeoLabs, de origen estadounidense, manifestó a través de declaraciones en medios como Ámbito Financiero, su confianza en la nueva dirección geopolítica del país. Específicamente, considera que el nuevo alineamiento político facilitará la obtención de autorizaciones para operar el radar plenamente, lo cual hasta ahora estaba paralizado por objeciones de soberanía y seguridad nacional.

LeoLabs es conocida por operar una red global de estaciones de radar que rastrean objetos en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés). Estos datos son útiles tanto para el sector espacial civil como para usos militares. El sistema en Tolhuin forma parte de esta red, y puede detectar, clasificar y seguir satélites y escombros espaciales.

Sin embargo, el problema no radica en lo que el radar puede hacer en términos técnicos, sino en el tipo de datos que recopila, con quién se comparte esa información y con qué fines. El reciente anuncio de LeoLabs de una alianza estratégica con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y el Comando Espacial británico para desarrollar una constelación de satélites con objetivos de vigilancia e inteligencia, confirma la dimensión militar de sus operaciones.

Este nuevo anuncio internacional desmorona la defensa inicial esgrimida por las autoridades fueguinas, quienes aseguraban que el radar era “puramente civil”. Hoy, con la evidencia sobre la mesa, crece la preocupación por la pérdida de control soberano sobre el espacio argentino, especialmente en un territorio tan estratégico como Tierra del Fuego, a escasa distancia del Atlántico Sur y de la Antártida.

El carácter geoestratégico de la región es innegable. Su cercanía con la base británica de Mount Pleasant en las Islas Malvinas –ocupadas por el Reino Unido desde 1833–, convierte cualquier instalación tecnológica extranjera en el continente en un potencial punto de apoyo para intereses ajenos a la Nación. ¿Puede un radar como el de LeoLabs convertirse en un nodo logístico o de inteligencia encubierta al servicio de otras potencias?

La polémica también pone en el centro del debate la necesidad de establecer protocolos claros y transparentes para la instalación de infraestructura tecnológica de origen extranjero en zonas sensibles. Las decisiones al respecto deben involucrar al Congreso, a expertos en defensa, ciencia y tecnología, así como a la ciudadanía fueguina que reclama participar en la planificación de su propio territorio.

La opacidad en el proceso de autorización del radar de LeoLabs demuestra la falta de políticas públicas sólidas en esta materia. En un mundo donde la información es poder, el control de las estaciones de monitoreo satelital no puede estar librado a la buena voluntad de empresas privadas o a acuerdos bilaterales que se negocian entre bambalinas.

Medios como Ámbito Financiero han tenido un rol clave al visibilizar el entramado geopolítico detrás de la instalación de LeoLabs. No se trata solo de tecnología avanzada, sino de un movimiento estratégico en el ajedrez internacional. Que la noticia haya vuelto a la agenda pública tras meses de silencio, indica también un cambio en el clima comunicacional que habilita a debatir sin tabúes sobre los riesgos y beneficios de este tipo de inversiones.

La cobertura mediática debe sostenerse con evidencia, con pluralidad de fuentes y con análisis profundos que ayuden a la ciudadanía a comprender lo que está en juego. En este sentido, la construcción de credibilidad y confianza informativa (E-A-T) resulta esencial para los portales que abordan temas de defensa, ciencia y relaciones internacionales.

El impacto en la política provincial y los desafíos para Melella

El gobernador Gustavo Melella, uno de los principales defensores de la instalación, ha quedado en una posición incómoda. Su insistencia en negar la capacidad militar del radar se ha visto debilitada por los hechos. Más aún cuando informes técnicos y declaraciones de especialistas demostraron que la infraestructura cumple todos los requisitos para operar con fines militares.

Esto plantea una crisis de confianza institucional a nivel provincial. ¿Se consultó a los actores locales antes de autorizar la instalación? ¿Qué tipo de contraprestaciones recibió la provincia? ¿Quién controla hoy el funcionamiento del radar y sus flujos de datos?

El escenario futuro está aún por definirse. Si el Gobierno Nacional continúa su alineamiento con Estados Unidos y Reino Unido, todo indica que LeoLabs obtendrá las licencias necesarias para reactivar la estación. Sin embargo, sectores del Congreso y organizaciones de defensa de la soberanía podrían impulsar iniciativas para revisar o incluso desmantelar la instalación.

La disyuntiva es clara: o Argentina logra negociar su participación activa en estos desarrollos tecnológicos de manera soberana y estratégica, o seguirá cediendo terreno en uno de los sectores más dinámicos y críticos del siglo XXI: el espacio.

¿Cómo afectan estos hechos la relación con China y otras potencias?

Este radar no existe en el vacío. La presencia de bases chinas en Neuquén y de instalaciones satelitales europeas en distintas provincias forma parte del complejo ecosistema de relaciones internacionales que Argentina mantiene. El avance de una empresa estadounidense en el sur profundo puede ser visto como un contrapeso geopolítico, pero también como una fuente de conflicto con otras potencias.

El espacio, como dominio global, requiere regulaciones internacionales claras, pero también una política nacional coherente, transparente y consensuada, algo que Argentina aún no ha logrado consolidar.

El caso LeoLabs demuestra que las decisiones sobre ciencia, defensa y tecnología no pueden quedar en manos exclusivas de tecnócratas o diplomáticos. La sociedad debe estar informada, organizada y empoderada para intervenir en los debates sobre su futuro. La democratización del conocimiento y el acceso a la información son herramientas clave para que la ciudadanía pueda exigir rendición de cuentas y defender sus intereses.