Santa Rosa – El diputado provincial Martín Berhongaray (FrePam) reiteró el pedido para que el Fiscal de Estado presente un amparo ambiental para evitar el corte del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú previo a su ingreso en territorio pampeano.
El legislador reiteró el pedido del año 2009. Esa vez, Berhongaray solicitó al Poder Ejecutivo que instruya al Fiscal de Estado de la Provincia para que “accione judicialmente a fin de detener y comenzar a revertir la administración abusiva de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó imputable a las provincias ubicadas aguas arriba”.
Dijo que el Fiscal de Estado “debe asumir como principal misión la defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia, desempeñando sus funciones dentro del marco de competencias atribuidas por la Constitución Provincial y demás normativa dictada en consecuencia”.
Por su parte, el artículo 43° de la Constitución Nacional confiere a toda persona el derecho a interponer acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión de las autoridades públicas que restrinja y altere, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Carta Magna, un Tratado o una Ley. Asimismo, establece que dicho remedio judicial puede interponerse “en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente”.
“La medida propuesta pretende activar el trámite que conduzca al dictado de una decisión judicial que proteja a la Provincia de La Pampa y a sus habitantes contra una manifiesta violación de sus derechos constitucionales”, afirma.
“Ello así toda vez que recientes noticias dadas a conocer por el Gobierno Nacional dan cuenta del acuerdo alcanzado con la República Popular China para obtener el financiamiento que permita construir la represa El Tamboral sobre el río San Juan, uno de los principales afluentes de la cuenca hídrica interprovincial integrada por los ríos Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó”, señala.
Berhongaray sostiene que “exhibiendo una visión provincialista y a la vez mezquina, el gobernador sanjuanino expresó sobre el particular que ‘en este desierto como es esta provincia, juntar agua es lo mejor que podemos hacer, y si además de juntar agua podemos generar energía es lo mejor que nos puede pasar”.
“Resulta notable el desinterés puesto de manifiesto por nuestras autoridades respecto del futuro de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. Es evidente el contraste con la actitud asumida durante el gobierno de Regazzoli, que resolvió enviar al Fiscal de Estado a la apertura de sobres para la licitación de Ullum, con el propósito de que la impugnara y así dejara constancia de la oposición pampeana”, menciona el legislador del FrePam.
Dice además que “el artículo 41° de nuestra Constitución Nacional establece que ‘Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futura’’.
Señala que “indudablemente, el comportamiento seguido por las provincias ubicadas aguas arriba consistente en la acumulación de agua para favorecer el desarrollo de ciertas actividades (minería, entre otras), vienen desde hace años resintiendo los aportes que recibe el río Salado, y configuran una ilegítima restricción a derechos esenciales de las personas, más allá del daño grave e irreparable ocasionado al medioambiente”.
“No podemos tolerar tal saqueamiento de la naturaleza por parte de quienes anteponen el interés de lucro o el propio progreso por sobre el desarrollo del conjunto”, afirma Berhongaray.
FUENTE: El Diario de La Pampa
