Rawson – En la segunda sesión del año de la Legislatura los diputados a través de un Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales decidió darle un marco de ley a los decretos que días pasados el gobernador Martín Buzzi había anunciado en la búsqueda de transparentar las transferencias de tierras.
Los argumentos son los mismos, aunque con fuerza de ley, algo que se había reclamado desde algunos sectores de la oposición, que incluso habían presentado iniciativas al respecto. En este contexto, se decidió conformar la Comisión Legislativa para investigar la transferencia de tierras con bosques nativos realizadas por el IAC en los últimos años.
Se denomina Comisión Especial de la ley I-157 sobre la creación del IAC. Por el FpV estarán la presidenta del Bloque, Argentina “Ika” Martínez, Héctor Trotta, Adolfo Mariñanco y Exequiel Villagra. En tanto por la UCR Roberto Risso será el representante, Carlos Gómez por el PJ y Roddy Ingram en Chubut Somos Todos. En el día de ayer comenzó a funcionar.
Tierras
El proyecto de ley para regularizar el proceso de venta y transferencia de tierras con bosques nativos fue aprobado por 24 de los 25 diputados presentes. La única excepción fue Oscar Petersen, del Polo Social. En su artículo 1 se establece que “por un plazo de 10 años (…) todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o comunas rurales, que contuvieren bosques dañados por acción del fuego”.
Adhesión
La UCR, aunque con ciertos reparos, acompañó. Risso manifestó que “es una ratificación del decreto de una ley que el Gobierno hizo pública por los incendios. Esta ley evidencia situaciones que no deberían existir. Dice la ley que se prohibe por 10 años toda transferencia de tierra de dominio provincial y transferencia de municipios. La constitución establece que hace falta una ley especial de legislatura para transferir tierras con bosques y requiere los 4/5. Con esto el Ejecutivo reconoce que existe que los municipios transfieran tierras, aun dañadas parcialmente. Esto sugeriría que está vigente”.
“Pareciera que el Ejecutivo dice que queda prohibido por 180 días algo que ya prohibe la Constitución. Lo único que permitía esto era el decreto 268, pero que duró dos meses”, agregó el radical.
FUENTE: Diario Jornada