Viedma – El Gobierno de Río Negro aclaró que trabaja permanentemente en pos del “sostenimiento de los pequeños y medianos productores ganaderos, sin descuidar la sustentabilidad y cuidados medioambientales”. En este sentido, reafirmó su política de “control de especies perjudiciales para la agricultura y la ganadería”.
En el caso específico del control de zorros colorados y pumas “se trata de dar respuesta a un fuerte reclamo efectuado desde hace años por los campesinos y pobladores de la Región Sur, que ven amenazada su subsistencia económica como consecuencia de la matanza de ovejas y chivas que provocan estos animales”.

“Las medidas implementadas por la Provincia son herramientas provisorias, surgidas de la misma necesidad de la población afectada, que sirven para enfrentar un gran problema en la actualidad, mientras se trabaja en la búsqueda de alternativas que permitan un efectivo control mediante otros métodos, consensuados con la Secretaría de Medio Ambiente e instituciones intermedias”, dijeron desde el Gobierno.

El Gobierno de Río Negro invertirá $20.000.000 en la compra de borregas para ser distribuidas entre los pequeños productores de la Región Sur, como una manera de apuntalar la producción, que se ha visto castigada por la sequía y la ceniza, y así evitar que los productores deban abandonar sus campos.

Actualmente la Provincia de Río Negro cuenta con la Ley 763 la cual prevé la lucha contra las poblaciones animales silvestres circunstancialmente perjudiciales para la ganadería y la agricultura, en una escala que evite los inconvenientes de la ruptura del equilibrio biológico. Para ello, crea una Comisión Central que fija las primas que, con carácter de estímulo, se abonarán por los cueros y pieles producto del control de las poblaciones perjudiciales, en este caso zorro colorado y puma.

Es necesario aclarar que la Ley establece que solamente los propietarios de los campos están habilitados para cobrar por los cueros.

La actividad ganadera de la Región Sur se caracteriza por tener productores de muy bajos recursos y es prioritario, como política provincial, proteger el poco capital existente que los pequeños productores defienden con su trabajo.

El Gobierno “hace todos los esfuerzos necesarios para asegurar la subsistencia de éstos y en este marco, el control es imprescindible si se quiere salvar a los pequeños y medianos ganaderos. Sin un control de plagas, de poco sirven las políticas oficiales implementadas para recuperar las majadas a través del Programa de Redoblamiento Ovino y otras iniciativas (que contemplan la inversión de $20.000.000 para la compra de borregas), ya que los predadores las matan”.

“La realidad refleja que si los productores se quedan sin animales, se verán obligados a abandonar sus campos. Los crianceros ya están con sus majadas diezmadas, producto de la sequía de los últimos años, y la predación que causa este tipo de especies provoca la pérdida gran parte de la producción y el capital de sus establecimientos”, aclaran.

Esta histórica situación se vio agravada por las consecuencias de la sequía de la última década y la erupción del volcán Puyehue, que provocaron el despoblamiento de muchos campos mientras que, como contrapartida, creciera exponencialmente la cantidad de depredadores.

Cabe aclarar en este marco que el hecho de controlar las especies perjudiciales “no significa alentar la caza indiscriminada de pumas y zorros. Por el contrario, se trata de profundizar o implementar medidas tendientes al control de los predadores que afectan a la producción, sin descuidar el precepto de preservación de la vida y de las especies autóctonas”.

Se subraya en tal sentido que “no se está promoviendo una matanza indiscriminada de pumas y zorros colorados, sino que se trabaja en el control de los depredadores, pero solamente de aquellos individuos identificados como los que atacan a las majadas, mientras que a aquellos cuya fuente de alimentación es la fauna silvestre, se procura sostenerlos en el medio marcando su dominancia territorial”.

Se explica además que quienes se dedican a la caza son principalmente los propios productores, quienes ya tienen estos conceptos incorporados y busca cazar al animal que dañó su majada y le causó perjuicios, no lo hace deliberadamente con cualquier animal.

De esta manera, se trata de brindar “una herramienta o incentivo a los productores para controlar un gran problema, mientras se trabaja en la búsqueda de alternativas consensuadas con Medio Ambiente e instituciones intermedias para lograr un efectivo control mediante otros métodos”.

La desertificación, la sequía y las condiciones de mercado de la producción lanera y pelo han provocado en la última década la migración de más del 40% de la población rural, un gran achicamiento de las majadas y rodeos, y una sensible descapitalización del sector.

Hasta el momento, los esfuerzos realizados para controlar la pérdida por predación no han dado sus frutos, debido a una serie de inconvenientes que surgen al momento de controlar las especies perjudiciales para el ganado; sobre todo porque se adaptan muy bien a los cambios que se generan en el ambiente y por la falta de personas que vivan en el campo.

En la actualidad se desarrollan distintas prácticas para frenar la predación, dentro de las cuales se encuentran aquellas que no perjudican el ambiente y trabajan exclusivamente sobre la población que hace daño como son la utilización de trampas, perros pastores, collares y caza selectiva. Por otro lado, existen métodos prohibidos y que son perjudiciales para otras especies silvestres y el ser humano, los cuales están relacionados a la utilización de sustancias prohibidas como por ejemplo mestizadas en base a carbofuranos o estricninas.