San Antonio Oeste, Rio Negro, 4 de junio de 2025. La Provincia intensifica la vigilancia ambiental sobre industrias: ¿Qué encontraron en la planta de residuos especiales de Transportadora de Gas del Sur (TGS)? ¿Se cumple con la ley? Esto es lo que revela la inspección.
Inspección clave en San Antonio Oeste: la lupa sobre los residuos peligrosos
En un contexto global donde la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad urgente, la provincia de Río Negro da un paso firme en el control y la fiscalización ambiental. En las últimas semanas, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático llevó a cabo una inspección rigurosa en la planta de tratamiento de residuos especiales que la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) opera en San Antonio Oeste. Esta acción no fue aislada: forma parte de una serie de auditorías programadas para verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 3250, que regula la gestión integral de este tipo de residuos en todo el territorio rionegrino.
La visita técnica no solo respondió a la obligación de control que tienen los organismos públicos, sino que también se enmarca en la creciente preocupación ciudadana por el manejo responsable de los residuos industriales, especialmente los catalogados como especiales o peligrosos, debido a su potencial daño al ambiente y a la salud pública.
¿Qué son los residuos especiales y por qué deben preocuparnos?
Los residuos especiales incluyen una amplia gama de materiales generados por procesos industriales, como lodos contaminados, aceites usados, solventes, químicos tóxicos, residuos hospitalarios, entre otros. Son residuos que, por sus características químicas, físicas o biológicas, requieren un tratamiento diferencial, controlado y especializado. De no ser manejados correctamente, estos residuos pueden contaminar suelos, aguas subterráneas y afectar la biodiversidad y las comunidades humanas circundantes.
En este marco, el accionar preventivo del Estado se vuelve fundamental. Las auditorías e inspecciones actúan no solo como herramienta de control, sino también como instrumento disuasorio frente a posibles incumplimientos. De allí la importancia estratégica de la inspección realizada en San Antonio Oeste.
¿Qué detectaron los técnicos durante la verificación?
El equipo técnico de la Secretaría de Ambiente inspeccionó todos los sectores operativos de la planta: desde el acopio inicial de residuos industriales hasta las tecnologías aplicadas para su tratamiento, como encapsulado, neutralización química y disposición final. La inspección también se centró en la verificación de documentación, trazabilidad de los residuos, protocolos de emergencia y capacitación del personal.
En términos generales, el operativo concluyó con resultados favorables: la planta cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Residuos Especiales en cuanto a infraestructura, procedimientos, seguridad y control ambiental. No obstante, los inspectores recomendaron fortalecer algunos aspectos como la actualización de los manuales internos, la implementación de indicadores de eficiencia ambiental y un mayor involucramiento del área de seguridad e higiene.
Qué dice la Ley Provincial N° 3250
Sancionada en 1998 y reglamentada en 2001, la Ley Provincial N° 3250 es la norma marco en materia de residuos especiales en Río Negro. Establece obligaciones para generadores, transportistas, operadores y organismos de control. Entre sus puntos clave se destacan:
La necesidad de inscripción obligatoria en el Registro Provincial de Generadores y Operadores.
La obligación de mantener trazabilidad desde la generación hasta la disposición final del residuo.
La exigencia de planes de manejo aprobados por la autoridad ambiental.
La aplicación del principio de “quien contamina paga”, con sanciones que van desde multas hasta clausuras.
La ley promueve, además, el tratamiento in situ de los residuos siempre que se cuente con tecnología adecuada, como forma de evitar su traslado innecesario y reducir riesgos ambientales.
Una empresa bajo la lupa: TGS y su responsabilidad ambiental
Transportadora de Gas del Sur, una de las principales compañías energéticas del país, opera extensas redes de gasoductos y plantas de compresión en diversas provincias. Como empresa generadora de residuos especiales, TGS tiene la responsabilidad legal de garantizar su manejo ambientalmente adecuado, más aún considerando que opera en zonas sensibles como la costa atlántica rionegrina.
La empresa fue notificada previamente de la inspección, pero no tuvo injerencia en el accionar de los técnicos. Esto garantiza la objetividad del operativo y refuerza el compromiso del Estado con la transparencia ambiental. Cabe destacar que TGS cuenta con certificaciones de calidad ambiental (ISO 14001), lo cual también fue verificado durante la auditoría.
San Antonio Oeste y su región se encuentran en una zona estratégica para la provincia, tanto desde el punto de vista productivo como ambiental. Se trata de una región costera con alta biodiversidad marina y terrestre, donde conviven actividades como la pesca, la producción energética, el turismo y la conservación de áreas protegidas como la Bahía de San Antonio.
El mal manejo de residuos especiales en esta zona podría tener consecuencias irreversibles. De allí que las inspecciones como la realizada a la planta de TGS resulten clave para preservar el equilibrio ecológico, especialmente ante el avance de la explotación hidrocarburífera en el Golfo San Matías.
Uno de los aspectos que destacó el equipo auditor fue la disposición del personal de planta a recibir recomendaciones y actualizar sus prácticas. Esto demuestra que, más allá del cumplimiento normativo, las empresas pueden evolucionar hacia modelos más sostenibles si incorporan una cultura ambiental basada en la prevención, la innovación y la mejora continua.
En este sentido, la Secretaría de Ambiente se comprometió a dictar próximamente jornadas de capacitación para operarios y técnicos de plantas similares, a fin de mejorar los estándares generales de manejo de residuos especiales en la provincia.
¿Qué sigue? Fiscalización, sanciones y nuevas políticas públicas
El operativo en la planta de TGS no será el último. La Secretaría de Ambiente adelantó que continuará con inspecciones sorpresa en otras industrias de la provincia, priorizando aquellas que presentan mayor volumen de residuos o ubicación cercana a cuerpos de agua, comunidades o áreas naturales protegidas.
Estas auditorías se complementarán con una campaña de concientización sobre la correcta separación, transporte y disposición de residuos peligrosos. Además, se proyecta una actualización de la Ley 3250 para incorporar conceptos de economía circular, responsabilidad extendida del productor y tecnologías emergentes.
La auditoría realizada en San Antonio Oeste evaluó más de 40 indicadores técnicos y de gestión, entre ellos:
Capacidad de almacenamiento temporario.
Condiciones de los recipientes de acopio.
Procedimientos de emergencia ante derrames.
Registro y pesaje de residuos ingresados.
Certificación de destino final.
Emisión de gases y líquidos tratados.
Comunicación con organismos de control y la comunidad.
¿Qué puede hacer la ciudadanía?
Aunque la ley se dirige principalmente a empresas, la sociedad también tiene un rol clave. Desde exigir información pública sobre la gestión de residuos hasta participar en consultas o audiencias ambientales, la ciudadanía debe involucrarse para garantizar un ambiente sano. Además, muchos residuos domiciliarios como pilas, aceites usados y medicamentos vencidos también requieren tratamiento especial. Informarse y actuar responsablemente es parte de la solución.
La gestión moderna de residuos especiales avanza hacia soluciones tecnológicas más limpias y seguras: biotecnología para la degradación de hidrocarburos, encapsulado con polímeros biodegradables, vitrificación de residuos hospitalarios, entre otras. Estas tecnologías no solo reducen el impacto ambiental, sino que disminuyen costos a largo plazo y mejoran la reputación empresarial.
Iniciativas como las verificaciones técnicas en plantas como la de TGS permiten al Estado monitorear y fomentar el uso de estas innovaciones.
El operativo realizado en San Antonio Oeste no solo certificó el cumplimiento de la ley, sino que marcó un precedente importante para el futuro ambiental de Río Negro. En tiempos donde los discursos sobre desarrollo sostenible abundan, acciones concretas como estas permiten pasar del dicho al hecho. El mensaje es claro: el desarrollo productivo es posible, pero nunca a costa del ambiente.
