Paysandú, Uruguay, 27 de diciembre de 2024. El acuerdo de implementación firmado entre la empresa estatal uruguaya Ancap y la chilena HIF Global marca un hito en la transición energética del país, con un ambicioso proyecto para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú. Este proyecto, que requerirá una inversión de aproximadamente 6.000 millones de dólares, se perfila como la mayor inversión privada de la historia de Uruguay.
Detalles del acuerdo y su importancia
La firma del acuerdo, que se concretó el 23 de diciembre de 2023, tras varios meses de negociaciones, establece las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proyecto de HIF Global, en el que se utilizará CO2 biogénico generado por la producción de etanol en las instalaciones de ALUR, una subsidiaria de Ancap. Este CO2 será suministrado a HIF Global a través de un contrato que regula el precio de venta de este componente esencial para la producción de hidrógeno verde.
El acuerdo también estipula las condiciones para que Ancap pudiera ejercer su derecho de participación en el proyecto en el futuro. No obstante, tras un largo periodo de debate interno, el directorio de Ancap decidió eliminar esta opción, lo que generó una serie de reacciones políticas.
Un proyecto estratégico con desafíos internos
La iniciativa ha estado marcada por un intenso conflicto dentro del directorio de Ancap, que ha demorado la firma del acuerdo desde su previsión inicial en mayo. La principal controversia giró en torno al papel que debía jugar la empresa estatal en el proyecto. Mientras el entonces presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, defendía que Ancap debía tener la opción de participar como socio, otros directores, como el vicepresidente Diego Durand y la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, argumentaban que la empresa estatal no debía asumir riesgos económicos.
Este desacuerdo culminó el 12 de diciembre en una resolución del Poder Ejecutivo que instó a Ancap a renunciar a la opción de participación. El directorio de Ancap acató la directriz, lo que provocó la renuncia de Stipanicic, quien criticó la decisión y consideró un “error conceptual severo” que el gobierno desestimara la posibilidad de participación estatal en un proyecto de tal magnitud.
La polémica no se limitó al ámbito interno de Ancap. Líderes del gobierno entrante, como Fernanda Cardona, futura ministra de Industria, expresaron su preocupación por la decisión, destacando que el derecho a participar en el proyecto debería mantenerse abierto para un análisis más detallado en el futuro.
El rechazo a la eliminación del derecho de participación por parte del Poder Ejecutivo generó una fuerte respuesta desde la oposición. El futuro equipo de gobierno ha cuestionado la premura de esta decisión, considerando que se trataba de una oportunidad estratégica para que Uruguay pudiera tomar una posición relevante en un sector emergente como el de la energía limpia.
Jorge Díaz, futuro prosecretario de la Presidencia, calificó el asunto como un tema clave de la transición, sugiriendo que la ministra Facio debería comparecer ante el Parlamento para explicar los motivos detrás de la renuncia al derecho de participación.
Hacia el futuro: una inversión estratégica para Uruguay
A pesar de las tensiones políticas y los desacuerdos internos, la firma de este acuerdo permite que HIF Global comience a avanzar en la búsqueda de financiamiento para la planta de hidrógeno verde. La construcción de la planta está programada para comenzar en 2025, cuando se espera que se tome la decisión final de inversión (FID).
Este proyecto se posiciona como un pilar estratégico para Uruguay, que busca consolidarse como líder en la producción de energía renovable a nivel mundial. Sin embargo, las tensiones políticas y la incertidumbre sobre la participación estatal dejan claro que la transición energética será un proceso complejo, en el que las decisiones tomadas en el presente marcarán el rumbo del futuro energético del país.
El acuerdo entre Ancap y HIF Global representa un avance crucial para la producción de hidrógeno verde en Uruguay, pero también pone de manifiesto las tensiones políticas y económicas que acompañan a los grandes proyectos de infraestructura energética. A medida que el proyecto avance, será esencial seguir de cerca la evolución de las decisiones políticas y los posibles cambios en la estructura del proyecto, especialmente en lo que respecta a la participación del Estado.
La inversión de 6.000 millones de dólares puede transformar a Uruguay en un referente global de la transición energética, aunque los desafíos que surjan en el camino podrían definir la viabilidad y el éxito a largo plazo de la iniciativa.
