LA PAMPA. El fallo de la Corte Suprema del 1º de diciembre de 2017 fue festejado con auténtica alegría por el pueblo pampeano, que en la letra de la sentencia vio concretado un anhelo y una lucha de años: que el río Atuel vuelva a correr por La Pampa.
El gobernador Carlos Verna brindó con agua en el cierre del año, con el objetivo de capitalizar el rédito político de una batalla que tuvo como uno de los protagonistas a su gobierno. En rigor, esa contienda tuvo una etapa reciente que se inició en el corte de ruta de febrero de 2012 de la Asamblea por los Ríos y siguió en el juicio presentado por el gobierno de Oscar Jorge en la Corte Suprema en el año 2014, el que ahora maduró en el fallo festejado.
Ya el 21 de diciembre de 2016, el gobierno de Carlos Verna lideró una marcha al río Atuel anticipando un año clave.
Antes del fallo, la causa del Atuel tuvo un hito clave: la audiencia de conciliación del 14 de junio convocada por la Corte Suprema. Ese escenario institucional excedió el mero marco de debate judicial: fue una vidriera con enorme proyección, con resonancia política.
“A La Pampa le robaron un río”, dijo Verna. Hubo otros expositores relevantes del lado pampeano. El lonko Carlos Campú, que reflejó el impacto de la desertificación en los pueblos originarios y el desarraigo. La UNLPam, con varios profesionales le puso número al despoblamiento y al daño económico. También allí se dejó un reclamo clave expuesto por la Secretaría de Recursos Hídricos: el caudal ecológico, necesario para recomponer el medio ambiente dañado en el oeste pampeano, debía ser de 4,5 metros cúbicos por segundo, y además constante, que no se interrumpa en el año.
En el plano jurídico, la parte pampeana fue a decir que no había cosa juzgada y se trata de otra problemática, esta vez ambiental. Además, que nunca Mendoza se avino a cumplir con uno de los aspectos del fallo de 1987, aquel que obligaba a conformar un comité de cuenca.
Del lado de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo dijo: “No nos pueden exigir lo que no tenemos”. La parte cuyana expuso que el cambio climático había mermado el caudal del Atuel y ya no había agua para compartir. También que se trataba de una cosa juzgada.
La postura de La Pampa apareció más sólida que la de Mendoza. No solo por la argumentación sino por el fondo de la cuestión.
El fallo del 1º de diciembre de 2017 le dio la razón a La Pampa. La Corte ordenó que el Atuel vuelva a correr por territorio pampeano. Les ordenó a las provincias relanzar la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior), fijar un caudal ambiental y coordinar con la Nación las obras que aseguren un caudal. Y la definición más importante que desata las anteriores: se trata de una cuestión ambiental, sostenida por la reforma constitucional de 1994 y nueva jurisprudencia a nivel ambiental.
El fallo de la Corte tuvo un inmediato acatamiento institucional por parte de La Pampa y Mendoza. Hubo ya una reunión entre los gobernadores Carlos Verna y Alfredo Cornejo, y reuniones de la CIAI y del grupo técnico. Se midió el caudal en territorio pampeano en Puesto Ugalde y en territorio mendocino. Hay una controversia central: La Pampa pide que el caudal de 4,5 metros cúbicos se entregue en forma inmediata, mientras Mendoza considera que para llegar a esa cifra son necesarias las obras ordenadas por la Corte Suprema.
Más allá de la batalla judicial y política, la real dimensión de la sentencia fue aportada por las imágenes del agua corriendo por el río Atuel en Algarrobo del Águila. Los kayaks recorriendo el río y el verde de la ribera ponen en contraste el daño ambiental y la arena que invadió el cauce del río seco por décadas.
Portezuelo del Viento
El 11 de febrero de 2017, una reunión del COIRCO (Comité Interprovincial del Río Colorado) con los delegados de La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, y la presencia del subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, fue escenario de la pelea por etapas clave para la construcción de la obra de Portezuelo del Viento: el primer llenado y el manejo de la central.
Portezuelo del Viento -una represa para regular caudal y una generar energía hidroeléctrica- está prevista sobre el río Grande, afluente del Colorado, por lo que todos sus pasos están sujetos al COIRCO.
Esta controversia terminó sin el acuerdo de La Pampa por el llenado y el manejo. Por eso, el 14 de marzo de 2017, el gobernador Carlos Verna le pidió al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que emita el laudo arbitral y decida si la obra Portezuelo del Viento debe o no ser realizada.
El Tratado del río Colorado prevé que las decisiones deben ser por unanimidad. Y si no hay acuerdo, debe laudar el presidente. Si éste se excusa, lo tiene que hacer el presidente de la Corte Suprema.
Para no tener que excusarse, el presidente Mauricio Macri canceló un viaje al lugar de emplazamiento de Portezuelo del Viento el 8 de mayo de 2017, cuando visitó Mendoza.
Hubo diferentes señales de que la obra se lanzará. La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la expropiación de tierras.
En diciembre se produjeron las últimas novedades en relación a la obra Portezuelo del Viento. Mientras el COIRCO adjudicó a la Universidad de La Plata y a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas del Litoral el estudio de impacto ambiental en todo el territorio que afecte la obra de Portezuelo, la FuChad (Fundación Chadileuvú) logró que la Procuración General de la Nación aceptara un amparo para frenar la obra. Ahora decidirá la Corte Suprema.
