Así lo sostuvo el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur del Gobierno fueguino, Andrés Dachary, sobre la cancelación definitiva del radar de capitales británicos en Tolhuin. Y pidió modificar leyes nacionales y provinciales.
Luego de los pedidos del gobernador Gustavo Melella, finalmente la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación canceló de forma definitiva la estación AGSR de la empresa LeoLabs Argentina SRL en Tolhuin.
Luego del pedido realizado por el Gobernador Melella para avanzar en la eliminación de las autorizaciones que realizara la Subsecretaria de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para la instalación y funcionamiento del Radar emplazado en nuestra provincia, la misma Subsecretaria que en un comienzo facilitó los permisos precarios para su construcción mediante disposición N° DI-2023-15-APN-SSTYCO#JGM con fecha 23 de agosto del 2023 dispuso su total cancelación.
Dicho accionar tuvo lugar luego de la misiva enviada desde el Gobierno Provincial hacia el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consensuada con los Centros de Veteranos de Guerra de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, y atento al análisis de situación realizado por el Ministerio de Defensa, el cual identificaba que dicha instalación vulneraba la seguridad nacional.
Tras la notificación, el Mandatario provincial instruyó a su gabinete a proceder consecuentemente con lo dispuesto por los ministerios nacionales.
Ante ello, el Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales Lic. Andrés Dachary enfatizó la importancia de esta medida, expresando además que “esta situación debe constituir una oportunidad para el análisis y rediseño de la normativa vigente, tanto a nivel nacional como provincial”, sosteniendo además que “las reglamentaciones actuales que han permitido este tipo de desarrollo deben ser repensadas, y en particular los marcos normativos que regulan la relación con el Reino Unido, como lo son los denominados Acuerdos de Madrid I y II, el Acuerdo de Nueva York de 1995 que cuenta con aprobación del Congreso y la Ley Nacional N° 24.184 vigente desde el año 1992, la cual instituye el “Convenio suscripto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y la Protección de Inversiones”, otorgándole beneficios económicos a empresas del Estado que usurpa parte de nuestro territorio”.
Por su parte la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, sostuvo al respecto que “desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la guía de aviso de proyecto estaba supeditada a la aprobación y habilitación por parte de los organismos nacionales correspondientes. Al tener esta notificación por la que concretamente no es admisible el proyecto, se revocará dicha aprobación y se solicitará se presente el plan de desarme”.
Fuente: criticasur.com.ar
