La ley 27.592 establece que todos los empleados y empleadas de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial  deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático. También dispone que las personas que se nieguen «sin justa causa» a realizar las capacitaciones «serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación», y el incumplimiento de esa intimación «será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente».
Algunos de los ejes que incluye son economía circular y gestión de los residuos sólidos urbanos, problemas ambientales, bienes naturales y biodiversidad, eficiencia energética, derecho ambiental e impacto ambiental en las políticas públicas.
Los legisladores Villegas y Löffler sostienen que “la educación ambiental en funcionarios y trabajadores estatales resulta completamente necesaria para poner el foco en una gestión racional de los recursos y construir permanentemente actitudes que redunden en beneficio de la naturaleza” y que a tal fin resulta evidente que “para que los funcionarios al momento de pensar, elaborar y ejecutar políticas públicas, puedan contar con la capacitación correspondiente en materia de educación ambiental, incorporando en su accionar diario, acciones de sustentabilidad ambiental”.
Agregan que esa capacitan también posibilitará “incorporar estos valores como horizonte de nuestra sociedad, ecológicamente equilibraba y sostenible”.
El proyecto en sí, plantea la adhesión de “la Provincia en los términos, condiciones y alcances previstos a la Ley nacional 27.592” y establece como autoridad de aplicación de la ley Yolanda en Tierra del Fuego “al Ministerio de Producción y Ambiente”.