Chubut: Buscan aplicar nuevo manejo a la disposición de residuos petroleros

El reciente Decreto 1005, del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, encabezado por Ignacio Agulleiro, especifica que una serie de empresas transportistas y de gestión de residuos petroleros, luego de que fueran seleccionadas por dicha cartera, podrán llevar adelante la disposición de residuos petroleros.

Dentro de los límites del territorio provincial, el decreto en cuestión establece una serie de regulaciones para la generación, el transporte, el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, indicando que “aquellos materiales sólidos generados en forma habitual como resultado de las tareas de perforación de pozos, deberán ser gestionados por ‘Operadores inscriptos’, de manera controlada, en sitios debidamente habilitados por la Autoridad de Aplicación, hasta que se determine si se trata de un residuo petrolero” y considerando a este último a “toda indumentaria de trabajo, trapos, envases, contenedores y recipientes en general, entre otros; afectados con hidrocarburos, destinados a su eliminación”.
La iniciativa busca adecuar la metodología “a los nuevos objetivos de la Provincia del Chubut”, habida cuenta de que un anterior decreto, promulgado en 2011, fue objetado luego de que se detectaran “desvíos ambientales no deseados producto de la mala interpretación de la norma”.
Por otra parte, recientemente, el subsecretario de Ambiente, Ricardo Murcia, apuntó a la anterior conducción del Ministerio de Ambiente y sostuvo que el mismo era utilizado “para presionar” a empresas, a través del “cajoneo” de expedientes, entre otras maniobras.

Los operadores, una pieza clave

Los “operadores de residuos petroleros” son considerados, según el documento, como “toda persona física o jurídica, que realiza almacenamiento transitorio, limpieza y/o tratamiento de residuos calificados como petroleros” y a “transportista de residuos petroleros” a toda persona “física o jurídica, responsable del transporte interno y externo de residuos petroleros”, además de que especifica que “cuando una empresa operadora sea titular de dos o más áreas, podrá optar por la realización de una Gestión Unificada de Residuos Petroleros, considerando a las mismas como si se tratasen de un único Yacimiento”.

Los requisitos básicos para que las empresas puedan operar e inscribirse, previamente, en el “Registro Provincial de Residuos Petroleros”, también son especificados en el Decreto, el cual anticipa que “cumplidos los requisitos exigibles, la Autoridad de Aplicación (el Ministerio) otorgará la inscripción en el mencionado Registro, que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de operación, limpieza, saneamiento, tratamiento, transporte y disposición final; que los inscriptos aplicarán a los residuos petroleros. La mencionada inscripción no requerirá de renovación, y tendrá carácter de permanente, salvo que se proceda a la baja o caducidad por parte de la Autoridad de Aplicación”.

No puede “limpiar” el que ensucia

Por otra parte, el artículo 9 del Decreto 1005 precisa que “las personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registro Provincial de Residuos Petroleros, en el marco del Decreto Provincial 1456 (aprobado en 2011 y derogado actualmente), mantendrá su vigencia e inscripción de pleno derecho en el Registro Provincial de Residuos Petroleros, establecido en el presente decreto”, en referencia al decreto que fuera dictado el 12 de septiembre de 2011, sobre el cual se habían detectado “desvíos ambientales no deseados producto de la mala interpretación de la norma”, por lo cual debieron modificarse varios artículos del mismo, con el objetivo de “adecuarlo a los nuevos objetivos de esta Provincia del Chubut en cuanto al saneamiento integral de derrames y pasivos ambientales, producto de la actividad hidrocarburífera, a métodos analíticos y de muestreo actualizados y a guías internacionales de referencia”.
A su vez, sobre dicha legislación se había identificado “la incompatibilidad de que una empresa generadora pueda tratar, monitorear y/o disponer sus residuos petroleros por sí misma, sin la independencia que aseguran empresas de servicios ambientales, consultoras y laboratorios debidamente registrados en la Provincia y auditados por la Autoridad de Aplicación”, esta última, la encargada de determinar cuáles serán las empresas encargadas de gestionar dichos desechos ambientales.
Así lo establece en el artículo 10 del Decreto, el cual reza que “las personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registro Provincial de Residuos Petroleros como ‘Generador de Residuos Petroleros’, no podrán gestionar en forma directa sus propios residuos, debiendo contar para tal fin con Operadores y Transportistas debidamente habilitados por la Autoridad de Aplicación.

Dudas y cuestionamientos

El único punto a tener en cuenta, según consignó al Diario un especialista en cuestiones ambientales, es que “debería quedar clara la procedencia de las empresas que realicen el tratamiento y la disposición de dichos residuos, entre ellas las transportistas y operadoras de residuos de la región” y que “los residuos son, generalmente, difíciles de controlar en cuanto a su volumen, por lo que debería de existir algún mecanismo que permita constatar que se paguen los costos correspondientes al volumen de residuos tratados y no grandes sumas de dinero por poco trabajo”.
A su vez, señaló “aquello que describe un conocido libro, que apunta a la práctica de derogaciones indiscriminadas con que suelen terminar las nuevas normativas, a través de las cuales se deroga ‘toda norma que se oponga a la actual’”, además de que “al desconocimiento de la existencia de la norma, se le suma la confusión que crean sus repetidas modificaciones en el tiempo”.
En el artículo 20 del Decreto 1005, se indica que “luego del tratamiento realizado a los residuos petroleros y cumplidos los objetivos de remediación (indicados en un anexo del documento), el Operador junto con el Generador del residuo deberán elevar un pedido de autorización a la Autoridad de Aplicación, para poder disponer el material tratado, cuyo contenido mínimo incluya volumen de material tratado a disponer, sitio georreferenciado en sistema de coordenadas geográficas WGS84, procedimiento operativo a utilizar en la disposición y monitoreos ambientales del sitio”, a la vez que “los sitios de disposición final controlada para aquel material tratado, que haya cumplido con los valores umbral para la remediación de suelos o sedimentos contaminados, serán evaluados y aprobados en cada caso en particular, por la Autoridad de Aplicación (el Ministerio), de forma previa, sin excepción”.

Murcia: Ambiente “se usaba para presionar”

En dicho contexto y a propósito de la derogación del Decreto 1456 de 2011, el subsecretario de Ambiente de la ciudad petrolera, Ricardo Murcia, recientemente comentó, en declaraciones a medios de prensa, que “cuando asumí, me encontré con muchos expedientes, unos 130, sin concluir” y sostuvo que ello se debía a “decisiones políticas que hacían que se frenaran para no avanzar y terminar en la aplicación de una sanción”.
El subsecretario manifestó que, durante la anterior gestión provincial, “se utilizaba (al Ministerio de) Ambiente como un mecanismo de presión, no como de control, como lo es hoy la Subsecretaría de Control y Regulación Ambiental que dirijo”, explicando que “después de que se presionaba a la operadora o empresa, el expediente quedaba cajoneado, era un factor común la detención del mismo cuando ya estaba listo para aplicar una sanción, y muchas empresas se habían acostumbrado a no presentar las declaraciones juradas y de pasivos ambientales y otra documentación”.
También, expresó que “las presentaciones anuales se solicitaban y no daban respuestas, y entonces apenas llegamos se le solicitó por vía formal, luego por carta documento y a la tercera vez se le iniciaba un sumario administrativo por la no presentación de la documentación”.
Durante su asunción como Subsecretario de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Murcia aseguró que “vamos a controlar mucho, salir y trabajar en conjunto en una política de Estado como es el ambiente”.