La notoriedad que tomó el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), más la muerte de Santiago Maldonado, mostró una realidad desconocida para muchos. Concretamente, el movimiento de un grupo con varias causas penales por incendiar puestos de estancias, privación ilegítima de la libertad, destrucción de máquinas agrícolas de productores y daños en parques nacionales, entre otros delitos.

Los miembros de la RAM justifican estos delitos argumentando que todo el territorio les pertenece por derechos ancestrales y que si usan la violencia es porque la utilizaron contra ellos en 1877.

Los ministros de Guerra del presidente Avellaneda, Adolfo Alsina -la inició y no logró lo resultados esperados- y Julio Argentino Roca                      -cambió la estrategia y concretó la Conquista del Desierto- fueron quienes enfrentaron lo que los mapuches llaman despojo.

Qué sucede con precisión con la RAM, cómo operan y su solución es un problema que no se debería demorar en encausar, obviamente que respetando la ley. Hay más de mil hectáreas del territorio nacional que el Estado no controla porque es “tierra sagrada”.

Aprovechar la interna dentro de la RAM para que ingrese la Justicia a rastrillar el lugar, es otro dato que muestra quién controla el territorio en esa zona.

“Cuando estaban preservando el cuerpo, un grupo que llegó de Chile comenzó a agredir a los funcionarios judiciales y los demás hirieron a cinco policías, dos prefectos y le pegaron patadas al secretario del juez. Uno de los agresores insultó al juez y le gritó: ‘Cumplí con los acuerdos….’”, relató un testigo de los acontecimientos, según informó Clarín.

Sabemos que no es bueno para el país que un grupo de personas tenga en vilo a otras mediante el uso de la violencia y que a los lugares que ocupan no puedan ingresar ni siquiera funcionarios judiciales. Es una práctica que no queremos volver a ver en ningún lado del país. Demasiada violencia soportamos a lo largo de la historia.

Pero las noticias no son buenas. Ya el diario El País de Madrid publicó en un informe que “La tensión es permanente. ‘¿De quién es la Patagonia? Ellos hablan de violencia, pero mataron y humillaron a nuestros abuelos, repartieron a las niñas para los hombres en Buenos Aires. Ellos agacharon la cabeza, nosotros hemos dicho basta. Ya no tenemos miedo’, reta Soraya Maicoño, portavoz del grupo. La Constitución argentina permite la reclamación de tierras de los pueblos originarios, pero Benetton rechaza el derecho ancestral al que apelan los mapuches y asegura que vinieron de Chile. “Acá son tan inmigrantes como mi abuelo”, remata McDonald, administrador en la Patagonia de las tierras de Benetton.

En otra parte del informe habla Mirtha: “de rasgos más claramente indígenas, bajó de las reservas de Cushamen: ‘Ellos tienen balas, nosotros piedras. Sabemos que están desesperados por sacarnos. Pero no van a poder’, dice con seguridad. No se van a ir. Ya hay incluso un niño nacido en el campamento. Su plan es de largo plazo: convencer a todos los mapuches para alzarse contra Benetton y otros terratenientes, construir un nuevo Estado dentro del territorio chileno y argentino. Nosotros no reconocemos fronteras, nuestro pueblo abarca de mar a mar”.

Es clave aquí explicar que los mapuches violentos de la RAM, que controlan las 1.300 hectáreas argentinas conocidas como Pu Lof, tienen aceitados vínculos con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) chilena. En el país vecino controlan 17.000 hectáreas y desde fines de los 90 comenzaron con acciones violentas, las que no pararon hasta hoy.

En nuestra provincia los mapuches actúan en Malargüe y están reclamando unas 800 mil hectáreas ubicadas en el departamento del sur. También, empresas petroleras querían realizar perforaciones y han tenido que cancelar sus planes cuando los mapuches cuestionaron sus operaciones.

Hace 10 años se conformaron las primeras comunidades. La reforma constitucional de los 90 y el convenio 169 de la OIT les dio las herramientas jurídicas para avanzar. En ese proceso nació Malarweche, una organización de primer grado que aglutina a unas 25 comunidades indígenas. Es como una federación. Afirman que les costó, pero lograron tener su estatuto interno que respeta las jerarquías tradicionales y la personería jurídica se las entregó el Estado Nacional. En Malargüe hay 8 comunidades mapuches pehuenches y 25 solicitudes en camino. En Mendoza hay cerca de 30 comunidades mapuches-pehuenche.

Una década atrás comenzaron a organizarse para reclamar porque “arrancaba un proceso de identificación y vimos familias con conflictos en el dominio de la tierra”, afirma Gabriel Jofré, vocero (werken) de Malarweche.

Los mapuches han realizado planteos legales por la posesión de la tierra. “Es que la explotación minera y petrolera avanzó y la gente no fue consultada. Tienen que preguntar y que la comunidad manifieste su consentimiento. Tenemos un par de conflictos judicializados en la zona de Pata Mora y Cañadón Amarillo por la ex minera Vale. También logramos que no se realizaran explotaciones petroleras. Queremos proteger el medio ambiente y regularizar los títulos dominiales de la tierra. Muchos se hicieron de papeles con engaños y empezamos a remover esos casos judicialmente”, dice Jofré.

Pero Jofré se ocupa de destacar dos aspectos importantes sobre cómo operan los mapuches en nuestra provincia.

Uno es que no sólo reclaman las tierras, “también trabajamos en programas de salud con agentes sanitarios, en educación, en proyectos de base productiva y en la comercialización caprina. Criamos los famosos chivos de Malargüe. Nos ocupamos de la conservación ambiental de áreas protegidas y su manejo”.

Lo otro es la vía institucional, que respetan a rajatabla. Jofré cuenta que trabaja con los representantes de los ministerios de Salud, DGE y Economía, entre otros. Desde el Gobierno, algunos funcionarios han confirmado que el trabajo con Malarweche es bueno y respetan las vías institucionales.

“Trabajamos así, nos juntamos y avanzamos con los funcionarios, pero nuestras tradiciones las mantenemos”, resume Jofré.

También cuenta que trabajan con mapuches chilenos. Ellos tienen una Asociación de Empresarios Mapuches, hay redes de Turismo y hasta Alcaldes Mapuches.

Sin dudar, Jofré sentencia: “Nosotros vamos por el diálogo. No la reconocemos a la RAM, hay gente que la habrá reconocido pero lo único que hace es perjudicarnos”.

Y sobre Maldonado señala: “Maldonado es el gesto más importante que hubo con el pueblo mapuche porque se solidarizó con nuestra lucha.

Gendarmería reprimió sin autorización y se avanzó sobre la comunidad. Lo que pasó con él no lo sabemos. No compartimos métodos violentos en Pu Lof (las 1.300 hectáreas reclamadas por RAM) pero si el reclamo”.