Ro Negro refuerza el control ambiental: nuevos muestreos participativos de agua en proyectos mineros de uranio en Valcheta

Muestreos participativos que ponen bajo la lupa al agua y a la minería en Valcheta

Valcheta, Rio Negro, 14 de octubre de 2025. En un escenario donde la tensión entre desarrollo económico, derechos ambientales y salud pública suele quedar en los márgenes del debate, la provincia de Río Negro dio un paso visible hacia la transparencia y el control social: la Secretaría de Minería coordinó una nueva ronda de muestreos participativos de agua en proyectos mineros cercanos a Valcheta, en la meseta patagónica.

Estos muestreos no fueron una acción aislada ni un simple trámite técnico; constituyeron una campaña de fiscalización abierta que reunió a actores estatales —la Secretaría de Minería, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas—, organismos de control como la Defensoría del Pueblo, equipos de salud ambiental y el hospital local, la consultora técnica que llevó adelante las tomas, docentes, estudiantes del Instituto Superior de Valcheta, superficiearios de campos adyacentes y vecinos de la comunidad.

La experiencia, que incluyó el tercer muestreo en el Proyecto Ivana (Ivana Minerales S.A.) y los primeros muestreos en Ivana Central e Ivana Este (Minera Cielo Azul S.A.), se inscribe en la política provincial de minería responsable y control ciudadano. La campaña de perforación 2025, que constó de seis meses de trabajo en el Proyecto Ivana y una campaña exploratoria complementaria de aproximadamente 2.000 metros en otras áreas, abrió la oportunidad para que la sociedad civil observe, comprenda y exija la presentación y discusión pública de resultados de laboratorio en plazos concretos —las empresas deben remitirlos a la autoridad minera dentro de los próximos 15 días—, fortaleciendo así la gobernanza ambiental y el escrutinio ciudadano sobre posibles riesgos vinculados al uranio y la calidad del agua en la región.

Qué se muestreó, cómo y por qué importa: procedimientos técnicos y criterios de control

Los muestreos de agua realizados en terreno siguieron protocolos técnicos explicados por especialistas de la consultora Hidroar S.A., que durante las jornadas demostraron las etapas del procedimiento de toma de muestras, el manejo de cadena de custodia, la preservación de muestras y los criterios de control de laboratorio que garantizan la validez de los análisis. Más allá del gesto simbólico de la presencia comunitaria, estos procedimientos son la columna vertebral de cualquier proceso de evaluación de impacto ambiental: sin una adecuada metodología de muestreo no es posible comparar resultados en el tiempo ni establecer líneas base que permitan discernir si una actividad minera altera índices relevantes de calidad de agua. En términos prácticos, la correcta selección de puntos de muestreo (aguas superficiales, nacientes, cursos provisionales, pozos de uso humano o pecuario), el empleo de recipientes y conservantes adecuados, el registro exhaustivo de coordenadas y condiciones ambientales, así como la remisión a laboratorios certificados, son elementos que convierten una observación aislada en un dato robusto. Para los residentes de Valcheta y zonas aledañas, la capacidad de observar in situ estos pasos fortalece la confianza en los resultados y reduce las sospechas de manipulación o falta de rigor técnico; para las autoridades, representa un mecanismo de legitimación de los controles ambientales y para las empresas, una obligación de demostrar que sus operaciones cumplen las Buenas Prácticas Mineras y la normativa del Código de Procedimientos Mineros.

Avances en los proyectos Ivana: de la campaña de perforación a la evaluación de riesgo

El Proyecto Ivana, dependiente de Ivana Minerales S.A., llegó al tercer muestreo participativo tras completar una campaña de perforación en 2025 con una duración aproximada de seis meses destinada al estudio de detalle y a la evaluación de factibilidad del yacimiento. Este proceso —que incluye la caracterización geológica, hidrogeológica y geoquímica— es clave para entender no solo la potencialidad económica del depósito, sino también las posibles rutas de exposición al uranio y sus compuestos. La identificación de sistemas de almacenamiento y circulación del mineral, la presencia de acuíferos conectados y la existencia de vías de superficie o subterráneas que puedan canalizar agua contaminada son elementos que cualquier estudio de factibilidad debe medir con precisión. En paralelo, los primeros muestreos en Ivana Central e Ivana Este, proyectos pertenecientes a Minera Cielo Azul S.A. en etapa de preperforación, anticipan una campaña exploratoria que proyecta la perforación de aproximadamente 2.000 metros con la finalidad de identificar estructuras geológicas con potencial de contener uranio. En este contexto, la combinación entre muestreos de agua, monitoreo hidrológico y evaluación de la geología local se vuelve imperativa para anticipar impactos y diseñar medidas de mitigación antes de avanzar a etapas extractivas mayores.

Gobernanza y control ciudadano: una práctica que refuerza la democracia ambiental

Lo acontecido en Valcheta puede leerse como un ejemplo de políticas públicas que buscan transformar la relación entre minería y sociedad: la convocatoria a muestreos participativos implica un componente de gobernanza ambiental donde el control ciudadano deja de ser pasivo para convertirse en actor activo del seguimiento de proyectos con potencial impacto. La presencia de la Defensoría del Pueblo, de docentes y estudiantes y de vecinos en las jornadas de muestreo apunta a democratizar la información técnica y a distribuir responsabilidades entre empresas, autoridades y comunidad. Este modelo no exime a las autoridades de su función de control, sino que la complementa: la transparencia en la difusión de protocolos, la entrega oportuna y pública de resultados de laboratorio y la creación de instancias de consulta y veeduría pública son pilares para que los procesos técnicos no se transformen en cajas negras inaccesibles para quienes habitan el territorio afectado. Además, la articulación con el sistema de salud local, con profesionales de salud ambiental y con el hospital, garantiza que cualquier hallazgo que pueda tener implicancias para la salud humana sea tratado con la debida celeridad y con canales de comunicación claros hacia la población.

Riesgos potenciales del uranio y la importancia de la evaluación hidrológica

Hablar de uranio genera naturalmente inquietudes por su doble condición: recurso energético potencial y agente con riesgos ambientales y sanitarios puntuales cuando no se controla adecuadamente. La preocupación central no es sólo la presencia de uranio en el subsuelo, sino la posibilidad de que procesos de extracción, perforación o mala gestión de relaves provoquen la movilización del metal hacia cuerpos de agua o acuíferos de uso humano o ganadero. Por eso, la evaluación hidrológica y la caracterización geoquímica del entorno son fundamentales: permiten estimar la vulnerabilidad de acuíferos, la dirección de flujo de aguas subterráneas, la capacidad de dispersión de contaminantes y la presencia de condiciones que favorecen la solubilización del uranio. Un programa de monitoreo robusto combina muestreos de línea base, estaciones de control en puntos clave, análisis periódicos y modelos que proyecten escenarios ante distintas contingencias; los muestreos participativos forman parte de esa estrategia al añadir examen externo y legitimidad social a las mediciones.

Transparencia y plazos: presentación de resultados y responsabilidades

Un aspecto práctico crítico del operativo fue la exigencia normativa reflejada en el Código de Procedimientos Mineros: las empresas que participan deben presentar los resultados de laboratorio ante la autoridad minera en un plazo acotado —15 días—. Este tipo de plazos reduce la incertidumbre y obliga a que la información técnica relevante sea tratada con prontitud, evitando largos silencios que alimentan rumores y desconfianza. La rapidez en la comunicación de datos no es un capricho administrativo; es parte de un mecanismo de prevención y respuesta que permite a autoridades sanitarias, ambientales y a la comunidad tomar decisiones informadas. Además, un intercambio público y documentado de resultados abre la posibilidad de auditorías, revisiones de pares y la participación de laboratorios independientes que puedan validar o ampliar los análisis iniciales, fortaleciendo así los pilares de expertise, authoritativeness y trustworthiness (E-A-T) en torno al proceso.

Buenas Prácticas Mineras y normativa: el marco que regula la actividad

La jornada se desarrolló en el marco de las Buenas Prácticas Mineras y bajo las normas del Código de Procedimientos Mineros, un andamiaje legal que fija obligaciones técnicas y de transparencia para los actores involucrados. Estas buenas prácticas abarcan medidas preventivas —control de erosión, manejo adecuado de residuos, diseño de obras de estabilidad— y acciones de gestión ambiental como la realización de líneas base ambientales, monitoreo y planes de contingencia. El cumplimiento efectivo de estas normas no sólo depende de la voluntad empresarial sino de controles estatales rigurosos y de una sociedad civil informada que ejerza vigilancia. La implementación de protocolos públicos y la exigencia de certificación de laboratorios y de profesionales intervinientes son piezas centrales para que la minería responsable deje de ser un ideal y se traduzca en procedimientos verificables y reiterables.

Comunidad, educación y capacitación: el rol de escuelas e institutos locales

Un elemento destacable de las jornadas fue la inclusión activa de docentes y estudiantes del Instituto Superior de Valcheta, una decisión que aporta múltiples beneficios al proceso: por un lado, fomenta la alfabetización ambiental y técnica en la comunidad, formando actores locales que pueden interpretar datos y participar críticamente; por otro, contribuye a la construcción de capital social que sostiene procesos de veeduría a lo largo del tiempo. Integrar a institutos educativos en actividades de monitoreo permite además diseñar proyectos pedagógicos vinculados a la calidad del agua, la hidrogeología y la salud ambiental, lo que multiplica el impacto del esfuerzo técnico al convertirlo en recurso educativo. La transferencia de conocimiento hacia la población local reduce asimetrías informativas y potencia la capacidad de la comunidad para exigir medidas efectivas y responsables.

Salud pública y canales de respuesta: articulación con Salud Ambiental y hospital local

La vinculación con equipos de Salud Ambiental y el hospital local es un componente que da cuenta de un enfoque integral: el monitoreo ambiental no es un fin en sí mismo sino una herramienta para proteger la salud de la población. Ante la detección de valores fuera de los umbrales aceptables en parámetros relevantes (por ejemplo, concentraciones de uranio por encima de límites recomendados para uso humano), los protocolos deben incluir rutas claras de comunicación, evaluación epidemiológica y, de ser necesario, medidas de mitigación que pueden ir desde la provisión temporal de agua segura hasta la remediación de fuentes de contaminación. La articulación temprana entre autoridades ambientales y de salud evita la fragmentación de responsabilidades y asegura que los resultados técnicos se traduzcan en acciones concretas de protección ciudadana.

Implicancias económicas y límites de la evaluación: balance entre recurso y riesgo

La posibilidad de desarrollar yacimientos de uranio implica, para la provincia, una alternativa económica potencial que puede traducirse en inversiones, empleo y actividad local. Sin embargo, cualquier análisis de factibilidad debe incorporar el costo ambiental y social que pueden acarrear las operaciones mineras, especialmente si la gestión de recursos hídricos y la protección de acuíferos no se priorizan. El desafío pasa por construir un equilibrio responsable: políticas que permitan explorar y eventualmente explotar recursos minerales con estándares técnicos y ambientales robustos, controles independientes, monitoreo permanente y mecanismos de compensación social y ambiental. Una evaluación que ignore la dimensión hidrológica y la percepción comunitaria será incompleta y vulnerable a conflictos futuros; por ello, la transparencia en los muestreos y la participación ciudadana son elementos que reducen el riesgo de controversias y mejoran la gobernanza del recurso.

Recomendaciones prácticas para fortalecer el monitoreo y la confianza pública

A partir de lo observado en las jornadas, puede proponerse un conjunto de medidas prácticas para consolidar el esquema de monitoreo y reforzar la confianza pública: 1) estandarizar y publicar los protocolos de muestreo y análisis, 2) ampliar la colaboración con laboratorios acreditados e independientes para análisis complementarios, 3) establecer estaciones de monitoreo continuo en puntos críticos identificados por la hidrogeología local, 4) institucionalizar la participación de la Defensoría del Pueblo y organizaciones ambientales en comités de seguimiento, 5) generar canales permanentes de comunicación orientados a la comunidad (informes periódicos, boletines, audiencias públicas), y 6) vincular los hallazgos con planes de contingencia y salud pública que sean accionables. Estas medidas no sólo mejoran la calidad técnica de las evaluaciones, sino que actúan como amortiguadores sociales frente a eventuales impactos, construyendo legitimidad para decisiones futuras.

Conclusión: un modelo replicable de control ciudadano en minería responsable

La experiencia de los muestreos participativos de agua en Valcheta representa un avance en la senda de la minería responsable: demuestra que es posible articular exigencias técnicas, normativa vigente y participación ciudadana para convertir el monitoreo ambiental en una práctica transparente y legítima. Si la provincia concreta la difusión pública y comprobable de resultados de laboratorio en los plazos establecidos, facilita la intervención de expertos independientes y mantiene la participación de comunidades y organismos de control, podrá construir un modelo replicable de gobernanza que reduzca incertidumbres y permita decisiones informadas sobre la eventual explotación de recursos minerales como el uranio. En definitiva, más que una acción técnica puntual, estos muestreos constituyen una inversión en confianza pública, en capacidades locales y en mecanismos de prevención que pueden marcar la diferencia entre un desarrollo sostenible y un conflicto socioambiental.