Empezó con el pie derecho. A poco de asumir, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una exitosa licitación de energías renovables que superó todas las expectativas y llevó a una segunda ronda de ofertas. Sin embargo, ahora enfrenta las críticas ambientalistas por dos ambiciosos proyectos, pues a las ya resistidas represas de la Patagonia ahora se sumaron las centrales nucleares que se construirán en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Entre las organizaciones sociales hay críticas por la falta de consulta y el tipo de energía elegida, mucho más peligrosa y costosa que las renovables.

Con los nefastos antecedentes de Chernobyl y Fukushima en el curriculum de la energía nuclear, el Gobierno mantuvo el tema en secreto, al punto que hasta hace unos días en Bahía Blanca todavía especulaban con la posibilidad de que una de las centrales se instale en esa ciudad. Ayer se supo que los proyectos son la postergada Atucha III, que al igual que sus “hermanas” estará a orillas del río Paraná, en el partido bonaerense de Lima, y otro que no tiene nombre y que se ubicará en Río Negro.

La polémica que despertó el anuncio no es sólo ambiental, sino también económica. Primero que nada, hay que dejar en claro que las energías renovables funcionan de forma intermitente y dependen de las condiciones ambientales, mientras que las centrales nucleares operan las 24 horas. Al margen de ello, según Greenpeace, “los 12.500 millones de dólares del presupuesto nacional que Macri quiere gastar en plantas nucleares comprarán 1871 megavatios de capacidad, mientras que los 59 proyectos de energía solar y eólica otorgados por el plan RenovAR ofrecerán una capacidad de 2400 megavatios que estarán disponibles mucho más rápido y no costarán más de 4.000 millones de dólares, cuatro veces menos que las centrales nucleares“.

Ese es un cálculo muy conservador, ya que habría que agregarle que la inversión total por las centrales sería de 14 mil millones de dólares. Pero, además, habría que sumar los enormes costos previos a la construcción de una central nuclear (el uranio se paga, mientras que el sol y el viento, no) y la gestión de residuos a perpetuidad (cuesta más la gestión de los residuos radioactivos que la energía misma).

“La vida media del plutonio, por ejemplo, es de 24 mil años. O sea que esos residuos hay que gestionarlos durante todo esos años, porque una millonésima parte de un gramo de plutonio podría causar cáncer. Y con 10 kilos se podría matar la vida en la Patagonia”, describió ante la consulta de Infobae el chubutense Pablo Palicio Lada, uno de los referentes del movimiento antinuclear. “El mundo se está replanteando la cuestión nuclear, porque no es competitiva. Japón lleva gastados más de 100 mil millones de dólares sólo en contener el desastre en Fukishima”, añadió.

Tras advertir que la energía nuclear es “sucia, peligrosa y obsoleta”, Paul Horsman, especialista en energía de Greenpeace Argentina, explicó que “existen alternativas más limpias, baratas, rápidas y mucho más seguras”. Mientras los defensores de Atucha III aseguran que hay más de 4 mil puestos de trabajo en juego, el especialista recordó que en los Estados Unidos “las industrias solar y eólica están creando empleos 12 veces más rápido que otras, e incorporando más gente que los sectores de petróleo, carbón o gas”.

En la Patagonia hubo una fuerte reacción de un nutrido grupo de 35 organizaciones sociales que se adelantaron al anuncio del Gobierno y el lunes le enviaron una carta al embajador chino Yang Wanming. Allí manifestaron su “oposición categórica a la instalación de cualquier tipo de central nucleoeléctrica en ningún lugar del territorio patagónico”.

“Más allá de la decisión de los gobiernos argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos dicha acción por inconsulta, arbitraria e ilegítima. Por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”, advirtieron.

Además, aclararon que también están en contra del “circuito completo del uranio, desde la prospección hasta los residuos, la infraestructura asociada y los usos que se le quiere dar a esa energía, especialmente porque cada uno de esos procesos contradice los objetivos y (sobreactuados) compromisos de atender el cambio climático”.

Este último punto es clave. Desde hace tiempo el Gobierno no esconde sus ambiciones de aplicar una técnica parecida al fracking para obtener uranio en el yacimiento Bajo de Santa Rosa, en Río Negro, a través de la minera de capitales canadienses Cielo Azul. Es la llamada “lixiviación in situ”, que se realiza con agua y ácido sulfúrico, y es ambientalmente más riesgosa que la que se usa en la minería de oro y plata. También Cambiemos busca quitar la prohibición que rige en Chubut para habilitar la explotación a cielo abierto del Cerro Solo. El objetivo es abastecer a las centrales de Atucha I y II, y Embalse, además de las dos que se construirán, y sustituir importaciones, ya que la minería de uranio fue interrumpida en 1997. Desde ese entonces, todavía se trabaja en la remediación de yacimientos como Los Gigantes, en Córdoba, y Sierra Pintada, en Mendoza, que han dejado lo que Pablo Palicio Lama calificó como “un desastre radioactivo”.

El argumento más fuerte del gobierno es que la energía nuclear no emite dióxido de carbono (CO2), uno de los gases que provoca efecto invernadero. En un reciente artículo, Andrés Arnone derribó ese alegato así: “Esto es verdad solamente durante el proceso en el cual las barras de uranio generan vapor y hacen girar las turbinas, pero en todos los procesos anteriores y posteriores se genera CO2”. Y concluyó: “Según distintos estudios en donde comparan todos los procesos necesarios como la minería, el transporte, la construcción, el mantenimiento, etcétera, para producir electricidad con distintas tecnologías, la energía nuclear produce 66 gr de CO2 por cada KWH de electricidad, mucho más que la mayoría de las energías renovables como la eólica (10 gr/KWH) o solar térmica (13 gr/ KWH), aunque menos que el carbón (1000 gr/KWH), el gas (443 gr/KWH) o el diesel (778 gr/KWH)”.

Fuente: Por para Infobae