Entre fines del año pasado y los dos primeros meses de este año, las provincias de La Pampa y Mendoza intentaron acordar cuál es el caudal ecológico que debe ingresar a nuestra provincia por el cauce del río Atuel. Las negociaciones no prosperaron por la distancia abismal entre las dos posturas: La Pampa reclamó un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo, con un promedio anual de 7 a 9,5 metros cúbicos, y agua de buena calidad, mientras que Mendoza propuso entregar 1,3 metros cúbicos por segundo, con agua de mala calidad, extraída en parte de perforaciones, y reservándose el derecho a monitorear la evolución del ecosistema.
El acuerdo por el caudal es uno de los mandatos contenido en la sentencia que emitió la Corte Suprema del 1 de diciembre de 2017. La Corte concedió un tiempo breve para analizar las posturas y buscar una decisión unánime. Lo hizo junto con la disposición de reactivar la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, un organismo creado por la sentencia del año 1987 que había dejado de funcionar debido al ninguneo de Mendoza, y de sumar a la Nación a las negociaciones.
Ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo, la Corte convocó a las dos provincias a la audiencia de hoy. La reunión comenzará a las 10 e involucrará al gobierno nacional, un actor al que la Corte otorgó un rol protagónico en esta nueva etapa.

Posición sólida.
“Lo que tenemos en claro es que la nuestra es una posición sólida, firme”, sostuvo el procurador Hernán Pérez Araujo, uno de los integrantes de la delegación pampeana, en declaraciones a Radio Noticias. “Es una posición cimentada en un estudio científico y multidisciplinario realizado por la Universidad Nacional de La Pampa en el año 2005 -el estudio del caudal mínimo fluvioecológico-, complementado en 2012 con el estudio de la cuantificación del daño ambiental”.
“Estamos tranquilos porque estamos sólidos”, remarcó. “Lo que nosotros pedimos es lo mínimo que nos requiere el ambiente”, resumió.
La propuesta de Mendoza “ha sido irrisoria, una falta de respeto hacia el interés de La Pampa, pero también hacia el resto de la cuenca y al ecosistema”, sentenció el abogado. Su propuesta, un estudio hidrológico “que realizó en unos pocos días y presentó el último día de negociación”, según Pérez Araujo, fue en realidad “un manotazo de ahora para hacer quedar como que somos nosotros los que no quieren conciliar”.

Quince habilitados.
A diferencia de la audiencia de conciliación del 14 de junio de 2017, ésta no será abierta al público ni a los “amigos de la Corte”, sino circunscripta a las dos delegaciones provinciales y a la nacional. Cada una de ella está integrada por 15 miembros.
En el caso pampeano, ellos son: el gobernador Carlos Alberto Verna, el vicegobernador Mariano Fernández, el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, el procurador Hernán Pérez Araujo, los abogados Gregorio Badeni y Dora Rocío Laplacette, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el secretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, la ministra de Desarrollo Social y presidenta del Consejo Aborigen, Fernanda Alonso, y el diputado Jorge Lezcano, presidente de la comisión parlamentaria de Ríos. A ellos se suman los docentes universitarios Jorge Scarone y Pablo Dornes, los directivos institucionales Jorge Tullio (Fundación Chadileuvú), Néstor Lastiri (Asamblea por los Ríos) y Carlos Campú (Consejo de Lonkos).
En el caso de Mendoza, su delegación está integrada por funcionarios del gobierno provincial y autoridades del Departamento General de Irrigación, mientras que la del gobierno nacional, está bajo la órbita el secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa.

Fuente: Diario la Arena