El constitucionalista analizó el conflicto que surgió con la presencia de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Alertó sobre la reivindicación de una soberanía mapuche y la creación de un Estado separado. “Es una violación de la Constitución Nacional”, aseguró.

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La reciente decisión de la Administración de Parques Nacionales, que se alejó de la causa por usurpación de un predio en Villa Mascardi, desencadenó una serie de interpretaciones en torno al accionar del Estado Nacional frente al conflicto mapuche en la Patagonia. Es que fue a partir de una recomendación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que el gobierno desistió de continuar como querellante ante la Justicia Federal para no entorpecer las negociaciones con la Lof Lafken Winkul Mapu.PUBLICIDAD

El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, conversó con Radio Seis acerca de lo que ocurre a 30 kilómetros de Bariloche y que podría servir de puntapié para nuevos procesos de recuperación territorial.

“Entre los derechos que se les reconocen es la posibilidad de ocupar las tierras que tradicionalmente ocupaban para las comunidades reconocidas”, resaltó Sabsay tras referirse a un derecho comunitario que es reconocido por la Constitución Nacional pero también por un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, advirtió que frente a ese derecho comunitario la Constitución, y el Pacto de San José de Costa Rica, prevén la “inviolabilidad” de la propiedad privada. “Cuando se dan estas situaciones de ninguna manera unos derechos deben prevalecer sobre otros, es una complementación entre los mismos”, confió sobre los procedimientos ya establecidos ante un caso como el que surgió en Villa Mascardi.

Sabsay explicó que el derecho de ninguna manera justifica una vía de hecho: “el hacerse de pertenecer a una comunidad supuestamente mapuche, el  hacerse por las vías de hecho de una porción de tierra, eso es absolutamente ilegal, se comete un delito de usurpación por despojo que no tiene nada que ver con lo anterior”.

Para el constitucionalista, el conflicto se da sobre una tierra que puede ser repartida y que para ello se hace en función de un proceso “que debe tener las características del debido proceso donde hay que escuchar a las partes”.

En el caso puntual del predio de Parques Nacionales en Mascardi, entendió que surgieron dos consecuencias no queridas: “una es la voluntad de querer destruir la propiedad privada a través de la propiedad comunitaria a través de las vías de hecho. La otra es la reivindicación de soberanía, de una supuesta soberanía mapuche que reivindicaría territorio y la creación de un Estado separado de Argentina pero tomando una porción de territorio”.

Tras este análisis respecto a lo que ocurre en esa zona, Sabsay consideró de gravedad el acompañamiento de las autoridades y, en especial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), “cuya presidenta, Magdalena Odarda, ha reivindicado para los mapuches la posibilidad de tener su propio territorio soberano”.

“No solo es un disparate sino que es una violación total de la Constitución. Nuestra Constitución Nacional no admite dentro de su territorio la posibilidad de existencia de Estados soberanos, es una unión indestructible de estados que en nuestro caso se llaman provincias”, agregó acerca del presunto objetivo del gobierno nacional y volvió a alertar sobre el reconocimiento de un “derecho de secesión” que se cumpliría con la cesión de una porción de territorio para un Estado independiente.

Sabsay dijo que este último caso exigiría la modificación de la Constitución Nacional para lograr una organización territorial del tipo “confederal”, como la que atravesó el país entre 1830 y 1860. “Nos estamos equivocando seriamente y esto es muy grave porque está en juego la integridad de nuestro territorio”, confió.

El abogado entendió que lo ocurrido en Villa Mascardi fue una “usurpación por despojo” y que el procedimiento judicial que surge en consecuencia encontró un freno tras la muerte del joven Rafael Nahuel. Además señaló que, entre los delitos cometidos, también se deben contemplar la afectación a la flora y la fauna de Parques Nacionales, la invasión a predios aledaños y los ataques a los vecinos del lugar.

Acerca de la continuidad de la denuncia, que ahora solo sostiene la Fiscalía Federal, dijo que el paso siguiente es la elevación a juicio oral. También señaló la intervención del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a quien le endilgó la responsabilidad de ir “en contra de la decisión de un juez y un fiscal penal, en contra de los intereses generales para beneficiar a un grupo y que evidentemente hay un tema ideológico. La situación es gravísima”.

Incluso los próximos movimientos judiciales fueron observados por Sabsay, quien aseguró que la Fiscalía debe continuar aún frente a fiscales y jueces que mantienen una ideología contraria a lo que exigen las leyes. “¿Se le van a animar al Ministro de Medio Ambiente, al Secretario de Derechos Humanos y a Zannini?, se preguntó acerca de una de las figuras cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. “Es todo una situación de facto que nunca habíamos visto en Argentina”, agregó.

El abogado mencionó un panorama “desolador” que desafía las bases del Estado de derecho: “si vamos por esta senda nos estamos internando en un sistema jurídico distinto”.