El juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli, desestimó ayer la denuncia penal que hizo la Municipalidad contra las comunidades mapuches que en julio ocuparon 50 hectáreas en la zona de Colonia Nueva Esperanza.

Frente a estos hechos, el Municipio acudirá a la instancia superior y se presentará ante el Tribunal de Impugnación para que se revise esta sentencia. “Este mediodía el juez confirmó la decisión del fiscal Marcelo Jara porque entiende que no hay delito penal y además plantea que esto se tiene que dirimir en otro fuero, que puede ser el administrativo o el civil”, explicó Guadalupe Inaudi, asesora legal del Municipio. Aclaró que frente a este fallo, la Municipalidad seguirá adelante con su postura. “Para nosotros sí hay delito”, dijo la letrada y agregó que hubo usurpación porque “el convenio que se subscribió en 2011 no tiene ningún efecto y son conscientes de la ilegitimidad de la ocupación”.

Recordó que las tierras son las que en su momento cedió el ex intendente Martín Farizano en el 2011 a la comunidad mapuche Lof Newen Mapu.

“Este convenio iba a tener validez recién cuando lo aprobara el Concejo Deliberante, pero en febrero de 2014 los concejales dieron por finalizado este trámite parlamentario y remitieron las actuaciones al Ejecutivo. Es decir, que pasaron siete años desde que les dieron las tierras ad referendum del Concejo Deliberante, no hicieron nada en los lotes y recién ahora reclaman y recurren a una usurpación sabiendo que ya perdieron todo derecho sobre los terrenos ”, apuntó.

“En ese momento se realizaron inspecciones para verificar si se había realizado alguna obra, pero como estaba en iguales condiciones que al principio se procedió a archivar el expediente administrativo”, aclaró Inaudi.

50 hectáreas fueron cedidas en su momento a la comunidad Newen Mapu.

Se las otorgó el ex intendente Martín Farizano pero la medida necesitaba el aval del Concejo Deliberante, algo que nunca sucedió.

Reclamo

“Nosotros planteamos que sí hay delito porque ellos sostienen la ocupación en base a ese convenio que nunca tuvo vigencia, es más, el mismo convenio, en la cláusula séptima, establece que para que produzca efectos tenía que ser aprobado por el Concejo Deliberante por medio de la ordenanza, y esta norma nunca se aprobó”, dijo la abogada.

“Lamentablemente el juez confirmó la postura de la fiscalía y desestimó la denuncia penal, pero desde el Municipio vamos a insistir porque cuando alguien usurpa una tierra pública que pertenece a todos los vecinos, está cometiendo un delito”, señaló.