El empresario amigo del Presidente busca abrir el juego a un negocio millonario y el decretazo le allana el camino.
El decretazo del presidente Javier Milei allana el camino para que Eduardo Elsztain, dueño del grupo IRSA y uno de los aportantes principales a la campaña de La Libertad Avanza, entre a jugar en un negocio inmobiliario millonario a través de la venta de tierras rurales que pertenecen a las Fuerzas Armadas; y que tiene como antecedentes un intento similar durante la gestión de Mauricio Macri.
A la derogación de la Ley de Tierras, ahora suspendida por la justicia, y de la Ley de Abastecimiento incluidas en el DNU 70/23 son la punta del iceberg de este negocio que también tiene su sostén político con la designación al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Nicolás Pakgojz, el ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad que supo defender desde la función pública proyectos inmobiliarios del grupo IRSA.
Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) es el estandarte del real estate de Elsztain, un conglomerado que también incluye a la desarrolladora inmobiliaria IRSA Propiedades Comerciales, al Banco Hipotecario, a las agropecuarias Cresud y BrasilAgro y a la compañía Austral Gold.
UNO DE LOS GRANDES GANADORES DEL ACTUAL MODELO
Elsztain es uno de los ganadores de la era Milei luego de que el empresario alojara al candidato libertario en el Hotel Libertador de su propiedad y le abriera una red de contactos comerciales internacionales al acercarlo a una corriente ortodoxa de la comunidad judía.
La Agencia que gestiona Pakgojz tiene en su poder tierras e inmuebles del Estado nacional, entre ellas más de 200.000 hectáreas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército. El proyecto de la administración libertaria es salir a vender esta reserva enorme de tierras, muchas ubicadas en las regiones más productivas del país.
La empresa controlante de IRSA es Cresud, cuyo CEO es el hermano de Eduardo, Alejandro Elsztain. Cresud y Brasil Agro son las unidades de negocios agrícolas y ganaderos del grupo, con más de un millón de hectáreas en el país. Ahí está el know how de Pakgojz para abrir esa inmobiliaria rural estatal que le permita obtener dólares frescos al Tesoro. Un dato no menor, la recaudación por la venta irá a Rentas Generales y no a las Fuerzas Armadas.
Durante la transición entre la administración de Alberto Fernández y la de Milei, un empresario inversor le consultó al nuevo titular de Fabricaciones Militares, Hugo Pascarelli, cuántas hectáreas reúne esa empresa que el gobierno libertario incluyó entre las posibles a privatizar. Hay un particular interés por el valor inmobiliario de Fabricaciones Militares porque tiene cinco plantas distribuidas en Córdoba (Villa María y Río Tercero), Buenos Aires (Azul), San Juan y Santa Fe, (Fray Luis Beltrán).
AMPARO Y SEGURIDAD NACIONAL
La Fundación Pedemonte presentó uno de los tres recursos de amparo ante la justicia federal contra el artículo 154 que frena la derogación de la Ley de Tierras incluida en el decretazo.
“Muchas de las tierras de las Fuerzas Armadas están localizadas en la Zona de Seguridad de Frontera. Por caso, La Remonta-Campo Los Andes, 100 mil hectáreas en Valle de Uco, de Mendoza, que Macri quiso vender de prepo en 2017 y la justicia y nosotros se lo impedimos”, dijo Mauro Queirolo, politólogo e integrante de la Comisión de la Fundación Pedemonte.
La Remonta-Campo Los Andes, limítrofe con Chile, es una de las tierras más ricas de la provincia, con recursos naturales y cuerpos de agua permanente.
Queirolo advirtió que “el asunto sobre la propiedad extranjera de la tierra es, sin dudas, la clave del mega DNU, es el mayor peligro” y consideró que “no es un fenómeno estrictamente económico, se relaciona con el poder nacional y la política internacional, la pugna por los recursos naturales, nuestro territorio ocupado por los ingleses en el Atlántico Sur y la futura repartición de la Antártida”.
“En la causa de Campo Los Andes no vimos un negocio, en todo caso el negocio era una máscara para un fin político-militar”, afirmó Queirolo y agregó: “La derogación de la ley de Tierras sirve para avanzar en la destrucción del estado de la Nación y la formación de otros Estados en el actual territorio nacional”.
EL ANTECEDENTE MACRI
En 2017, Macri también autorizó por decreto la venta de unas 8.500 hectáreas de una extensión total de 12.320 conocida como Campo General Paz, en Córdoba. En ese momento fue la Federación Agraria Argentina la que reclamó que la subasta no había incluido la posibilidad de que las adquieran productores pequeños y medianos.
Salieron a subasta con créditos del Banco Nación y se vendieron por debajo del valor de mercado. El ex ministro de Defensa Jorge Taiana devolvió al Ejército ese campo. En Santo Tomé, Corrientes, Macri llegó a ofertar 1.000 hectáreas para aptitud forestal.
Fuente: Letra P
