Organizaciones no gubernamentales y vecinos de Luján presentaron una acción de amparo ambiental.
Por Lucía Paz Gimenez.-A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, el Gobierno parece contestarle a todos aquellos ciudadanos que denunciaron posibles irregularidades en las obras del Centro Ambiental y relleno sanitario ubicado en el denominado “Predio Sucre”, en Luján, el cual forma parte del basural a cielo abierto más grande del país.
Hace algunas semanas, varias organizaciones no gubernamentales y vecinos del partido bonaerense presentaron una acción de amparo ambiental, buscando que no se avance con el relleno sanitario. Ahora, funcionarios del Gobierno nacional amenazaron con expropiar propiedades de algunos de los denunciantes que viven en Luján, para extender el relleno en caso de que las parcelas previstas no alcancen.
El objetivo de la expropiación parecen ser las tierras con certificación orgánica que pertenecen a Viviana Novelle, una de las denunciantes, y que forman parte del emprendimiento productivo Tallo Verde Orgánico. Las obras incluyen el saneamiento de basurales que se encuentran instalados a lo largo y ancho del país, pero el más grande se encuentra en Luján, y se llevan a cabo con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado a la Argentina por un monto total de 450 millones de dólares.
Cuáles son las tierras que el Gobierno amenaza con quitar cerca del basural de Luján
Las tierras que le interesan al Gobierno se encuentran linderas con el relleno sanitario en construcción, a pesar que en Luján, según consta en la causa judicial que corre actualmente, hay más de 160 lugares aptos para realizar ese tipo de obras, donde además no se vería perjudicado ningún vecino de la zona. Novelle, la dueña de los terrenos, asegura que se trata de una especie de intimidación, ya que denuncia pública y periódicamente la utilización de los predios.
Después de una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, bajo las órdenes del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, se determinó que en el vertedero, que depende de la intendencia del distrito gobernado por Leonardo Boto, se arrojan residuos patológicos y contaminantes, lo que está prohibido por la ley 24.051 de residuos peligrosos. La empresaria ya había sido amenazada anteriormente mediante carteles en el Concejo Deliberante de Luján, de mayoría oficialista.
Fuente: www.minutoneuquen.com
