El Gobierno nacional aprobó la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mediante una resolución conjunta de los ministerios de Energía y Minería, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable que además dispone que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en audiencias públicas.
El freno en el complejo santacruceño generó malestar en las autoridades chinas que ya habían aportaron u$s 800 millones sobre un total de u$s 4730 millones y no observaban resultados ni avances en la construcción.
Las autoridades asiáticas le hicieron saber a Macri ese malestar en la gira de mayo pasado, cuando dejaron en stand by la posibilidad de aprobar créditos por más de u$s 20.000 millones para obras de infraestructura
La norma se publica en el Boletín Oficial con las firmas de los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman, y destaca el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supeditó el inicio de los trabajos de ambas represas a la realización de dicha audiencia.
“La evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable”, indica la resolución conjunta 3-E 2017.
Agrega que “de los informes recibidos de los senadores y diputados de la Nación se desprende el muy amplio consenso político” sobre el estudio de impacto ambiental y señala que los funcionarios intervinientes en el análisis de factibilidad de las obras “presentaron argumentos sólidos” que avalan su ejecución.
La resolución señala además que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y los ciudadanos que participaron de la audiencia pública aportaron “elementos de juicio relevantes”, en particular sobre los aspectos del desacople hidráulico entre la represa Kirchner y el Lago Argentino; los posibles impactos sobre los glaciares; el estudio específico de impacto ambiental sobre la línea de alta tensión que conectará a las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI); y la necesidad de diálogo con las comunidades aborígenes, entre otros.
En uno de sus dos anexos, la resolución recuerda que los aprovechamientos implican incorporar al parque de generación eléctrica del país 1.310 Mw de capacidad hidroeléctrica, que representan aproximadamente un 5% de la capacidad disponible de generación existente.
La generación hidroeléctrica prevista se estima en un promedio de 5.171 GWh de energía firme, que representa también un 5% de la demanda eléctrica del país, y es “de carácter eminentemente renovable que, por definición, resulta energía producida a partir de un recurso que no se agota por su utilización”.
“Desde el punto de vista de la matriz energética del país, las obras mencionadas contribuyen a la diversificación, reemplazando una parte de lo producido a partir de combustibles fósiles que, en la actualidad, representa el 87% de la energía primaria consumida”, agrega la resolución.
De este modo se contribuirá a “generar condiciones óptimas para incorporar al Sistema Argentino de Interconexión otras fuentes de generación energéticas renovables, tales como la eólica, que requieren la existencia de fuentes de generación continua que otorgue estabilidad y confiabilidad al sistema”.
La resolución estima que los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz permitirán la incorporación de unos 2.200 GWh de energía media anual adicional de origen eólico y compensará su oferta, de carácter intermitente.
A la vez, la medida de las carteras de Energía y Ambiente resalta que la no utilización de combustibles fósiles para le generación de energía eléctrica evitará la emisión de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y permitirá dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
