Buenos Aires, Argentina, 5 de febrero de 2025. El Gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión que ha generado gran controversia, al declarar al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista y revocar la cesión de miles de hectáreas de tierras en la provincia de Mendoza. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se formalizó la anulación de un acuerdo que había sido establecido en 2023 por el gobierno anterior de Alberto Fernández. Esta cesión incluía más de 25.000 hectáreas en los departamentos de Malargüe y San Rafael, en el sur de la provincia.
La declaración de la RAM como organización terrorista
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar la decisión, adelantando que el Ministerio de Seguridad ya estaba trabajando en la declaración formal de la RAM como organización terrorista. Este grupo, que ha estado involucrado en diversos conflictos en la región sur del país, ha sido vinculado en varias ocasiones con actos violentos, incluidos incendios en la Patagonia, hechos que fueron reivindicados por el líder mapuche Facundo Jones Huala. Adorni fue contundente al señalar que las declaraciones de Huala “pintan de cuerpo entero al enemigo”, sugiriendo que estos actos no son más que una muestra de terrorismo organizado.
Revocación de la cesión de tierras
La decisión de revocar la cesión de tierras fue tomada en el marco de un contexto de tensiones políticas y sociales. La medida afecta a tres predios ubicados en Mendoza, específicamente en las localidades de Los Molles y El Sosneado, donde el gobierno de Alberto Fernández había reconocido las ocupaciones ancestrales de las comunidades mapuches en 2023. La revocación de este acuerdo se basa en el argumento de que los terrenos no deben estar bajo control de grupos acusados de actos de terrorismo, y se busca garantizar que esas tierras sean devueltas a los argentinos.
Adorni destacó que las medidas adoptadas por la administración de Milei también incluyeron la anulación de un programa de fortalecimiento comunitario, que permitía a individuos que se hacían pasar por miembros de comunidades indígenas contactar abogados para representarlos en conflictos territoriales. Según Adorni, este programa fue una herramienta utilizada por aquellos que no respetaban los derechos de los argentinos y pretendían apropiarse de tierras.
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Reacciones y apoyo en Mendoza
La decisión también recibió el respaldo de autoridades locales en Mendoza. La vicegobernadora Hebe Casado celebró la revocación de las cesiones de tierras, destacando que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había actuado de manera arbitraria al reconocer la existencia de ocupaciones ancestrales en esos terrenos. Casado aseguró que la resolución anulaba estos intentos de apropiación de tierras, considerados como inconstitucionales y carentes de sustento legal. Para ella, la medida representa un paso hacia la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio argentino.
Una medida en defensa de la soberanía nacional
El Gobierno de Milei subraya que las acciones tomadas son en defensa de la soberanía nacional, al considerar que la apropiación de tierras por parte de grupos como la RAM pone en peligro el bienestar de los argentinos. La administración de Milei sostiene que estas políticas buscan garantizar que los recursos y territorios nacionales no caigan en manos de grupos considerados como una amenaza a la seguridad nacional.
La medida también hace eco de una política más amplia de la gestión actual, que ha enfatizado la necesidad de combatir el terrorismo y el extremismo en todas sus formas. En este sentido, el gobierno de Milei ha señalado que la RAM no representa a toda la población mapuche, sino a una fracción radicalizada que emplea la violencia para conseguir sus objetivos.
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Próximos pasos y posibles repercusiones
Este cambio de política podría traer consigo una serie de desafíos, tanto en términos legales como sociales. Mientras el Gobierno defiende su postura, es probable que surjan protestas y denuncias por parte de organizaciones indígenas y defensores de los derechos humanos, que podrían considerar que se está criminalizando a toda una comunidad por las acciones de un grupo radical.
En el futuro, se espera que el tema de la cesión de tierras y el reconocimiento de derechos territoriales siga siendo un punto de debate en Argentina, ya que existen diversas posturas sobre cómo se deben abordar los reclamos históricos de los pueblos originarios, particularmente en el contexto de la actual coyuntura política.
El impacto de esta resolución será monitoreado de cerca, ya que podría marcar el rumbo de futuras políticas sobre tierras indígenas y grupos extremistas en el país.
