El “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” elaborado por el gobierno argentino representa una guía de acciones por implementar hasta 2030 para poder cumplir con los compromisos asumidos ante Naciones Unidas en la materia.

El mismo explica que es necesario transformar “sitios de alto valor de conservación de ecosistemas subrepresentados en áreas protegidas”, es decir, retirar de produción vastas zonas, dos de las cuales –no casualmente– ya se intentaron recientemente o están intentando convertir en ambientes protegidos: el parque nacional “El Caldenal” en La Pampa (frenado por una movilización popular) y el parque nacional Jaaukanigás (denunciado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe).

Acaba de publicarse un documento anexo al “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”, denominado “Fichas de medidas de adaptación, mitigación o pérdidas y daños”, que incluye el protocolo de medidas concretas por implementar para poder alcanzar las metas comprometidas.

El documento en cuestión es bastante farragoso –tiene una extensión superior a las 900 páginas– y está repleto de sorpresas. En el apartado titulado “Incorporar ecosistemas subrepresentados en áreas protegidas nacionales” se indica que la meta es que “al 2030 el 30% de las zonas terrestres y marinas de Argentina estén conservadas en forma ecológicamente representativa en el Sistema Federal de Áreas Protegidas”.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas, integrado por la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reconoce que actualmente las áreas protegidas cubren un 23,2% del territorio nacional, lo que implica que aún quedarían varios millones de hectáreas por neutralizar para alcanzar la cifra prometida del 30%.

Lo curioso es que el presupuesto asignado para encarar tamaño propósito es de apenas 1.199.226 dólares, aunque aclara que “se destinará presupuesto que se gestione en dólares, proveniente de donaciones internacionales, para la compra de tierras para la creación de nuevas áreas protegidas”.

También se indica que es indispensable, para poder llegar a la meta propuesta, la “cesión, por parte de provincias, de la jurisdicción y/o dominio de áreas acordadas con ecosistemas subrepresentados a favor del Estado nacional”, lo que implica, muy probablemente, un avasallamiento del gobierno central sobre las atribuciones de las jurisidcciones provinciales.

El protocolo destaca que la medida es necesaria para “la conservación de los ecosistemas, evitando su reemplazo por infraestructura humana (sic)”, de manera tal de “incrementar las posibilidades de que estos se constituyan como sumideros de carbono, mediante la fijación en la vegetación y/o en el suelo”.

Semejante promesa, en una nación con una proporción alarmante de la población en situación de pobreza, quizás pueda garantizar la sostenibilidad ambiental, pero claramente no la social.

Fuente: bichosdecampo.com