Alertan de un posible desastre social, económico y ambiental. Un fallo de la Corte Suprema, de 2017, continua sin cumplirse.

En julio de 2019 el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 519/2019, por el cual el gobierno nacional se hace íntegramente cargo de los 1023 millones de dólares de la construcción de la represa Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, en el departamento de Malargüe. Fue en acuerdo con el entonces gobernador Alfredo Cornejo, que la definió como “la obra del siglo”.

Se trata de una obra faraónica, con una pared de hormigón de 180 metros, miles de hectáreas bajo agua (se inundará toda la localidad de Villa Las Loicas) y se deberá cambiar el trazado de las rutas nacional 145 y de la provincial 226.
Será necesario la reubicación de Villa Las Loicas y todos los parajes dispersos que serán sepultados por el embalse. El discurso oficial es que se proveerá energía a 130 mil usuarios. Otras voces alertan que también puede ser energía para multinacionales mineras (con una decena de proyectos en Mendoza).

El río Grande, sobre el cual se implantará la obra, es el principal afluente del río Colorado, que también recorre las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Por ser interprovincial está bajo la administración del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), integrado por las cinco provincias.

En La Pampa el rechazo es mayoritario.

Temen que se repita la historia del río Atuel, que proveniente de Mendoza ingresaba a La Pampa. En 1917 comenzaron a cambiar el caudal natural del río, se perdió el brazo principal del Atuel. En la década del 30 comenzó el corte del brazo Butaló y, en la década del 40, el gobierno nacional construyo el dique El Nihuil en Mendoza, que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda, que era el último que llegaba a La Pampa.

El próspero oeste provincial fue condenado: las localidades de Santa Isabel, Victorica, Algarrobo del Aguila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches, Gobernador Duval y 25 de Mayo dan testimonio del despojo que afecta a más de 300 mil hectáreas.

Mendoza negó durante décadas la interprovincialidad del Atuel. En diciembre de 2017 la Corte Suprema ordenó que se llegue a un acuerdo entre las provincias y Nación. A más de dos años de ese fallo del máximo tribunal, La Pampa continúa sin el caudal de agua solicitado.

Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú (Fuchad), aclaró que no se opone a la construcción de Portezuelo, pero sí de la forma que se está realizando, sin enfoque de regulación compartida del río. Cuestionó que Mendoza tenga como principal objetivo trasvasar agua del río Grande al Atuel.

“Va a producir un gravísimo daño”, afirmó Gómez. Explicó que el río Colorado cuenta con la mitad de caudal que décadas atrás, lo que ya produce problemas de escasez y aumento de la salinidad. “En un río en crisis no tendría que considerarse construir una represa. Es el peor momento para la obra. Va a agravar muchísimo la crisis hídrica del río”, afirmó el presidente de la Fundación Chadileuvú, que desde hace más de 35 años lucha por los cursos de agua de la provincia. También saben que, de no contar con el río Colorado, será un desastre social, económico y ambiental.

Por Dario Aranda