El documento, al que accedió “Río Negro Energía”, plantea que ninguna de las partes reconoce “hechos” ni “derechos” y ambos se reservan la facultad de llevar adelante acciones “en defensa de sus derechos”. Establece la creación de una mesa de seguimiento en la que la compañía deberá informar todas las tareas de la obra en cuestión.

Fue el propio gobernador Omar Gutiérrez quien destacó el acuerdo alcanzado y lo propuso como un ejemplo del diálogo para la superación de conflictos entre las comunidades mapuches y las petroleras que operan en los desarrollos no convencionales. Utilizó los primeros minutos de su discurso en la apertura de sesiones legislativas el pasado 1 de marzo: “llegamos a un acuerdo con la intervención y un rol activo del Estado”.

El acuerdo tiene al menos tres aspectos inéditos y que pueden ser una bisagra para la relación entre los derechos reclamados por las comunidades y la actividad de la industria petrolera.

Uno de los puntos tiene que ver con la intervención directa del gobernador en el conflicto. Fue el presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze, quien llamó durante el fin de semana largo de carnaval a Gutiérrez para ponerlo al tanto de la situación. Esto derivó en un plan diplomático que se coordinó desde el ministerio de Ciudadanía y se instrumentó a la brevedad.

Más allá que la predisposición del mandatario provincial fue destacada por la industria petrolera, es llamativo que deba intervenir directamente el gobernador ante una protesta puntual. No es algo que ocurra con todos los sectores en los que tiene injerencia el Ejecutivo y pone las peticiones de la comunidad Campo Maripe en la línea de prioridades del gobierno provincial.

El segundo punto tiene que ver con el reconocimiento del reclamo de la comunidad. Los Campo Maripe, con personería jurídica desde 2014, reclaman la preexistencia sobre unas 11.000 hectáreas en el departamento Añelo. Este pedido fue rechazado, con estudios de por medio, por las áreas específicas del gobierno provincial, cuando estaban a cargo de Jorge Lara.

Sin embargo el acuerdo utilizó la metodología del decreto 861/96 que establece los mecanismos de las indemnizaciones para los superficiarios afectados por la industria petrolera. Pese a que el acta aclara que no se reconocen derechos, puede ser un precedente favorable para el pedido que sostiene la comunidad.

El tercer punto que llamó la atención al interior del sector tiene que ver con la compensación económica. En la redacción del acuerdo, fechado el 22 de febrero en la localidad de Añelo, no queda claro en concepto de qué la compañía realiza un pago a la comunidad. Se trata de 166.386 pesos que se cancelarán en dos partes: tras la firma del convenio y con la finalización de las obras.

Si bien en la industria nadie puede desconocer la firma de estos convenios, de tipo “peaje”, nunca fueron rubricados por un funcionario del gobierno provincial en carácter de acuerdo público. Esta convalidación podría generar un caso a imitar por cualquier otro sector que consideran tener reclamos legítimos sobre el funcionamiento de la actividad.