El proyecto de rezonificación minera promovido por el gobierno provincial de Mariano Arcioni (Frente de Todos), que habilitaría la megaminería contaminante en más del 70 % del territorio provincial, sigue sumando rechazos y críticas por parte de la comunidad científica. A la Carta de las becarias y los becarios de ciencia y técnica de la provincia de Chubut publicada esta semana, la del CCT CENPAT y el de la Universidad Nacinoal de la Patagonia San Juan Bosco, se suma ahora el Pronunciamiento de trabajadorxs científicos de la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional.

“[E]ste proyecto plantea falacias que impiden el desarrollo sustentable que supuestamente persigue”, comienza el pronunciamiento que tiene a la Dra. Virginia Alonso Roldán, docente-investigadora y directora del Grupo de Investigación en Gestión, Desarrollo Territorial y Ambiente, y a la docente-investigadora Dra. Pía Rius, como primeras firmantes entre otrxs investigadorxs, que convocan a difundir y sumar adhesiones (ver formulario abajo).

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El texto apunta a desarmar las “falacias del planteo extractivista apoyándose en investigaciones científicas propias en el territorio. “En primer lugar, –sostiene– ninguna explotación minera metalífera puede ser ambientalmente sostenible porque es una actividad extractiva sobre un recurso no renovable, que deteriora aceleradamente los recursos naturales y las condiciones ambientales de vida en un corto plazo. Por ende, la minería metalífera a gran escala vulnera el bienestar de las personas y el desarrollo del territorio a largo plazo. En segundo lugar, una zonificación para una única actividad (minera) es un error en sí al planificar el desarrollo del territorio pues contempla un único sector, cuando lo pertinente es abordar una evaluación y planificación integral teniendo en cuenta las múltiples facetas socioambientales del territorio. Una zonificación sectorial únicamente para minería fragmentará el territorio y perjudicará a otras actividades por incompatibilidades y competencia en el uso del suelo y, fundamentalmente, expondrá a procesos degradativos la calidad del agua del Río Chubut, que abastece a numerosas actividades productivas y al 50 % de la población.”

A su vez, plantean el gran movimiento de suelos implicaría exponer al territorio a una alta tasa de erosión intensificando el proceso de desertificación con la consiguiente pérdida del suelo y de hábitat para la biodiversidad nativa, las especies ganaderas y la población humana, impactando directamente en actividades productivas actuales y potenciales. En particular apuntan a la erosión hídrica de las áreas desmontadas, que “genera sedimentos que disminuyen la calidad del agua y la disminución en la capacidad de infiltración incrementa las escorrentías”, abonando inundaciones.

El pronunciamiento también denuncia que “la expansión del capital a través del despliegue minero de empresas transnacionales homogeniza la matriz productiva, tiene un bajo eslabonamiento productivo y genera dependencia de materias primas, un modelo que ha demostrado un fracaso rotundo en términos de desarrollo territorial sustentable.” En otras palabras, la matriz extractivista megaminera que con la excusa del endeudamiento intenta imponer el gobierno nacional.

Frente a esto, señalan que la comunidad científica “ha reclamado un diálogo profundo para analizar integralmente la situación de la meseta y no ha sido escuchada”, en un marco más general en el que “no se implementaron procesos participativos ni se establecieron los mecanismos e instituciones que lo garanticen”.

El proyecto presentado por el ejecutivo provincia ingresó este viernes 20 de noviembre del 2020 en la cámara de legisladores del Chubut y por medio de diferentes maniobras intentarán votar antes de fin de año, viene siendo denunciado por movilizaciones crecientes en las calles de toda la provincia, incluyendo el paro y movilización de numerosos sectores de trabajadores, particularmente de la salud, y con ecos a nivel nacional, luego del triunfo popular frente al intento de avanzada megaminera en Mendoza a principios de año. El gobierno, por su parte, ha redoblado su respuesta represiva, frente a lo cual la carta denuncia “el accionar violento de las fuerzas policiales que muestra una vez más que la minería a cielo abierto atenta contra el Estado democrático de derecho, instalando no sólo una economía de enclave si no un Estado minero al servicio de intereses foráneos”.

A continuación publicamos el pronunciamiento completo y el formulario para sumar adhesiones.