Neuquén.-Cuando se suspendió el relevamiento en febrero del año pasado tenían el trámite en distintos estadíos. Se desarticularon los cuerpos técnicos y hay diferencias entre Provincia y Nación para determinar condiciones.
El último desalojo de Tratayen actualizó la discusión del reconocimiento a nuevas comunidades.Hasta esa fecha se habían contado 33 comunidades que estaban reconocidas con personería jurídica por la provincia de Neuquén, otras 14 que lo habían hecho ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, 3 tenían doble inscripción en Provincia y Nación y 22 que tenían carpetas técnicas con resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI o carpetas técnicas presentadas en el organismo.
Así lo informó Carlos Alberto Vivero quien tuvo a su cargo el área dentro de Desarrollo Social de la Nación que entendía sobre el INAI.
En un informe de su gestión entre 2011 y 2015, Vivero englobó tras el objetivo de “garantizar a las comunidades indígenas los derechos constitucionalmente reconocidos y regulados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT” que permitió que se declarara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades mediante la ley 26.160.
Te puede interesar Hay 40 comunidades mapuches que piden regularizar la tierra que ocupan
La ley se actualizó hace tres semanas y el gobierno provincial expuso que estaba de acuerdo en reactivar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras. Remarcó que el proceso formó parte de una estrategia del gobierno anterior de protección de tierras rurales y limitación a su extranjerización “modificada su reglamentación en beneficio de los terratenientes extranjeros de Mauricio Macri, la incorporación al nuevo Código Civil del concepto de propiedad comunitaria indígena, la dinamización de la participación indígena en Parques Nacionales, etc”.
Contó que los equipos técnicos estaban formados por 26 miembros entre loncos zonales, representantes provinciales y nacionales y 19 técnicos. En cada comunidad había dos representantes.
“El programa dejó de funcionar por decisión política de Nación y Provincia, en febrero de 2016 rescindiéndose los contratos del equipo técnico y desmantelado todo lo inherente a la infraestructura del programa, íntegramente financiado por Nación hasta esa fecha”.
El relevamiento inconcluso abordó en una primera etapa el universo de comunidades reconocidas y acordadas por los referentes políticos de Nación y Provincia y se dejó para una segunda etapa las que no tuvieran reconocimiento. Se acordó, indicó Vivero, que en estos casos se instrumente el reconocimiento entre el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas “previo análisis de antecedentes históricos respecto a su constitución efectiva”.
La confederación Mapuche de Neuquén emitió un pronuniciamiento en el que hace mención al mito de las “comunidades inventadas”, “comunidades truchas” o “comunidades creadas para extorsionar”.
Recordó que la década pasada se obtuvo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1184/02 del entonces gobernador Jorge Sobisch. “Este decreto pretendía establecer quien era y quien no era mapuche. Y estipulaba que es arbitrio del Estado provincial otorgar la personería jurídica. Pero el decreto impugnado avanzaba más allá, al determinar que aquellos que demandan la personería jurídica deben conformar un núcleo de por lo menos diez familias asentadas”, indicó.
La CSJN en su fallo recordó que Germán Bidart Campos afirma que “cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocidos, registrados o inscriptos”.
Luego vino el reconocimiento constitucional de 1994.
También te puede interesar:
