Buenos Aires, Argentina, 28 de junio de 2024. En junio de 2023, la República Argentina se sumó oficialmente al Tratado Internacional sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). Celebrado internacionalmente como un avance histórico en la protección de los océanos, este acuerdo, sin embargo, plantea serias dudas cuando se analiza bajo la lente de la geopolítica regional y los intereses soberanos en el Atlántico Sur. La adhesión argentina al BBNJ ha sido presentada como un logro multilateral, pero ¿estamos realmente protegiendo nuestros recursos o cediendo territorio e influencia?
El BBNJ forma parte del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y tiene como objetivo proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, en alta mar. El tratado prevé la creación de áreas marinas protegidas, mecanismos de evaluación de impacto ambiental, y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Los cangrejos forman parte de la gran biodiversidad marítima patagonica
Sin embargo, este tratado ha generado controversias en países como Argentina, donde la aplicación de sus cláusulas puede tener consecuencias no deseadas sobre disputas territoriales sin resolver, como el conflicto de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Desde la Cancillería argentina se celebró la firma del BBNJ como un hito en la diplomacia ambiental. En palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores: “Argentina se congratula por el Acuerdo internacional logrado para proteger la biodiversidad marina y los océanos”. Sin embargo, esta visión optimista no fue acompañada de un debate público ni de una consulta amplia a expertos, universidades, organizaciones ambientalistas o representantes provinciales con intereses marítimos.
Esa falta de discusión previa abre interrogantes legítimos sobre la transparencia del proceso y el alcance real de sus implicancias, en especial cuando el tratado permite que cualquier Estado ribereño pueda intervenir en la designación de áreas protegidas incluso en zonas en disputa.
Uno de los principales temores expresados por analistas geopolíticos es que, bajo el marco del BBNJ, el Reino Unido pueda consolidar su posición como Estado ribereño en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental. La participación británica en procesos de designación de áreas protegidas en alta mar cercanas a las Islas Malvinas podría implicar un reconocimiento implícito de su presencia ilegal, socavando los derechos argentinos en la región.
Esto podría tener un efecto dominó sobre otras negociaciones internacionales y debilitar la posición de Argentina en foros multilaterales. De hecho, hay antecedentes de cómo acuerdos ambientales pueden ser usados como instrumentos para reforzar ocupaciones o avanzar en nuevas formas de control territorial.
Geopolítica ambiental: una nueva dimensión de los conflictos globales
La geopolítica ambiental se ha consolidado como una herramienta de poder blando a través de la cual los países más influyentes imponen sus intereses mediante discursos de conservación y sostenibilidad. En este contexto, tratados como el BBNJ —aunque legítimos en sus objetivos ambientales— también pueden funcionar como vehículos para el reposicionamiento estratégico de potencias marítimas.
El caso argentino es especialmente delicado, porque se entrecruzan intereses de soberanía, recursos pesqueros, y el control sobre corredores marítimos de altísimo valor económico y estratégico, como el pasaje bioceánico austral.
No se cuestiona aquí la necesidad de conservar la biodiversidad marina, luchar contra la pesca ilegal y proteger los ecosistemas oceánicos. Pero sí se pone el foco en la forma en que se articulan esos objetivos con los intereses nacionales. El blindaje jurídico que propone el BBNJ podría dejar a la Argentina en una situación de debilidad frente a actores internacionales mejor posicionados.
La adhesión a tratados globales debe ser acompañada por un análisis profundo de sus impactos nacionales. En este caso, no parece haber existido un ejercicio de diplomacia preventiva que contemple las particularidades del Atlántico Sur y los conflictos aún vigentes.
Voces críticas han comenzado a emerger desde distintos sectores académicos, políticos y ambientales. Denuncian la falta de un análisis estratégico integral que articule el contenido del tratado con el mandato de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que obliga a todos los funcionarios a defender la soberanía sobre las Islas Malvinas y demás territorios usurpados.
Además, muchos coinciden en que no se evaluó el impacto que la ratificación del BBNJ podría tener sobre la potestad nacional para establecer normativas en sus aguas adyacentes o para actuar con mayor firmeza contra la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva.
Algunos especialistas en derecho internacional sugieren que Argentina debió haber negociado cláusulas específicas que reconozcan la existencia de territorios en disputa, de modo que su participación en el tratado no implique cesión implícita de derechos. Tal mecanismo ya ha sido empleado por otros países con conflictos limítrofes y permite proteger los intereses nacionales sin rechazar los acuerdos multilaterales.
En un mundo donde los temas ambientales ganan cada vez más protagonismo en la opinión pública, es indispensable que los ciudadanos cuenten con información completa y accesible sobre los tratados que sus gobiernos firman. La ratificación del BBNJ pasó prácticamente desapercibida para la mayoría de la población, lo que evidencia una falta de comunicación institucional grave.
Debates como este requieren no solo transparencia estatal, sino también participación de la sociedad civil, del sector académico, de las provincias costeras y de la comunidad científica.
Uno de los argumentos utilizados para justificar la firma del BBNJ es que permitiría a la Argentina mejorar su capacidad para combatir la pesca ilegal. Sin embargo, el tratado no otorga competencias adicionales sobre aguas jurisdiccionales ni refuerza el control de zonas adyacentes a la ZEE. Por el contrario, podría limitar la libertad de acción del Estado en esas áreas al quedar sujeto a nuevas formas de gobernanza internacional.
Esto pone en duda la eficacia real del tratado como herramienta para resolver el problema de los buques pesqueros extranjeros, especialmente los de bandera china que operan en las inmediaciones del límite de las 200 millas náuticas.
Legalmente, aún existen instancias para condicionar la ratificación plena del tratado a través de reservas, interpretaciones o aclaraciones diplomáticas. Argentina podría hacer valer su derecho a proteger sus intereses territoriales en el marco del derecho internacional sin abandonar el espíritu de cooperación multilateral que inspira el BBNJ.
Esto requiere voluntad política, capacidad técnica y una diplomacia activa que articule defensa ambiental con defensa soberana.
Revisión técnica del tratado: conformar una comisión interdisciplinaria que analice el texto completo del BBNJ y proponga salvaguardas jurídicas para proteger la soberanía nacional.
Consulta pública federal: abrir el debate a las provincias con litoral marítimo y a sectores especializados en política oceánica.
Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur: mediante inversiones en ciencia, vigilancia costera y presencia naval.
Diplomacia activa en foros multilaterales: asegurar que la aplicación del BBNJ no sea utilizada por el Reino Unido como herramienta para legitimar su ocupación.
El BBNJ puede ser una oportunidad para avanzar hacia una gobernanza oceánica más justa, pero solo si se lo interpreta y aplica con inteligencia estratégica. Argentina no puede resignar soberanía a cambio de reconocimiento ambiental. La defensa de la biodiversidad y la defensa territorial deben ir de la mano. Si no lo comprendemos a tiempo, corremos el riesgo de que los tratados internacionales se conviertan en nuevas formas de dependencia.
