ROSARIO.- La masificación de las nuevas tecnologías y la cultura del descarte generaron un nuevo problema socioambiental: los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (Raee) como computadoras, celulares, televisores y otros. El acceso masivo a estos aparatos, que están diseñados para que duren un tiempo determinado y luego dejen de funcionar, genera un aumento incesante del volumen de la “chatarra electrónica”.

Según datos de la Asociación para el estudio de los Residuos Sólidos (ARS), el total de desechos electrónicos en el mundo pasó de 41.800 kilotones (miles de toneladas) en 2014, a 49.800 kt en 2018, un aumento anual del 5 por ciento. El escenario es aún más preocupante en América Latina, donde se estima que en ese lapso se pasó de 3.900 a 4.800 kt, lo que supone un incremento anual del 6 por ciento.

En Argentina el problema es creciente: mientras que cada ciudadano generaba alrededor de 8,5 kilos de Raee por año en 2010, esa cifra se casi duplicará para llegar a 15 kilos en 2025.

Rosario no escapa a la tendencia y año tras año crece la cantidad de basura informática que se recepciona en los centros de distrito: mientras que en 2016 se juntaron unos 32 mil kilos, el año pasado esa cifra trepó a los 40 mil kilos.

Por ahora no existe ni programa ni legislación nacional que tenga el cuenta el destino final del resto de los Raee, como los electrodomésticos. En varios países se ha avanzado con legislación sobre la responsabilidad extendida de los fabricantes de esos productos a la hora del descarte, pero Argentina aún no posee normas en ese sentido.

“Los residuos informáticos requieren una gestión particular que es distinta a la de los residuos domiciliarios ordinarios ya que contienen elementos potencialmente tóxicos y peligrosos si cambia el estado de los materiales. Requieren una gestión adecuada y por eso no van al relleno sanitario, y además tienen materiales que se pueden reciclar” explicó Cecilia Alvarez, subsecretaria de Ambiente de Rosario.

Destino final

La funcionaria destacó que desde 2011, cuando se juntaron unos 400 aparatos, se ofrece un servicio diferenciado para los residuos informáticos: “hoy es un servicio que ofrecemos una vez al mes sólo para residuos informáticos, no para electrodomésticos. La participación de los vecinos fue creciendo y se fue adoptando el hábito al entender que es un residuo particular”.

Es importante que ese tipo de chatarra no se tire al contenedor porque cuando se mezcla con el resto de la basura se complica la separación. “Si lo detectamos en la planta se separa, pero la idea es no llegar a eso. Que termine en el relleno sanitario es el peor de los males”, dijo la subsecretaria de Ambiente.

Una vez recepcionado desde la Municipalidad se entrega esa chatarra a una empresa que desarma los aparatos, recicla lo que sirve y dispone el resto como peligrosos.

Si bien hasta hace un año existía un emprendimiento en Molino Blanco que apuntaba a reciclar las partes reutilizables, en la actualidad ya no está funcionando.

Alvarez explicó que la idea desde la Municipalidad es volver a darle forma a un emprendimiento en la planta de compostaje que trabaje junto a cooperativas para desarmar los equipos y reciclar lo que se pueda. “Está en carpeta y sería algo a cargo de nuestra Subsecretaría”, dijo la funcionaria.

Por el momento se avanza con la organización de un segundo “Desarmatón” como el que ya se realizó en junio, cuando junto a SantaLab convocaron a alumnos de dos escuelas técnicas para desarmar las máquinas y recuperar las piezas que servían para reutilizarlas. “Funcionó muy bien y la idea es hacer otra Desarmatón más multitudinaria” subrayó.

Las pilas “botón” (las chatas) también precisan un tratamiento particular ya que contienen mercurio. “En todos los distritos hay pileros disponibles para tirarlas, allí se juntan y luego se disponen como residuos peligrosos”.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, Argentina no tiene legislación sobre la responsabilidad de los fabricantes en la gestión y tratamiento de los residuos electrónicos. En 2011 el entonces diputado Daniel Filmus presentó un proyecto que llegó a tener media sanción, pero que luego murió bajo la presión de sectores privados.

“Se necesita una ley con mirada nacional que haga responsable de la gestión al fabricante y también al que lo pone en el mercado, para que sean responsables de la gestión del producto”, explicó la funcionaria local, quien agregó que también hay que avanzar en exigencias a favor de diseños de productos eléctricos ambientalmente responsables.